A un año de la desaparición de los 43

• Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia
• 25 septiembre, 2015
• Opinión
• AYOTZINAPA, ESCUELAS NORMALES, normales inee

A un año de la desaparición de los 43: el normalismo rural, los desafíos de un proyecto incluyente

Proyecto de investigación: La Reforma educativa en el marco del derecho a la educación  y el cosmopolitismo
Universidad Iberoamericana, Ciudad de México

Este 26 de septiembre se cumple un año de la desaparición de los 43 normalistas rurales de Ayotzinapa. El pasado 6 de septiembre el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), conformado a petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentó el Informe Ayotzinapa (La Jornada, “Informe Íntegro del GIEI”, 06.09.15), que reconstruye detalladamente los eventos perpetrados en Iguala, Guerrero por la policía municipal y ante la omisión del 27° batallón de infantería del Ejército y las policías federal y estatal. Dicho informe cuestiona la verdad oficial sobre la incineración de los 43 cuerpos en el basurero de Cocula por parte del grupo delincuencial Guerreros Unidos y por el contrario, expone el seguimiento que la policía de Iguala realizó a los normalistas través del Centro de Control de la Policía Estatal (C-4), desde el momento en que salieron de Tixtla con rumbo a Iguala para tomar autobuses con el fin de participar en la marcha conmemorativa del 2 de Octubre (GIEI, Informe Ayotzinapa, Septiembre 2015, p. 29). Con lo anterior se apuntala cada vez más el hecho de que se trató de una desaparición forzada y por lo tanto de un crimen de Estado (Carlos Fazio, La Jornada, “El Informe del GIEI”, 14.09.15).

Al profundizar en los hechos detrás de la desaparición de los normalistas resaltan dos aspectos fundamentales: la concientización que los motiva a llevar a cabo acciones riesgosas como la toma de autobuses con tal de hacer válido su derecho de manifestación, y la constante lucha por mantener abierta la matrícula así como las condiciones dignas de estudio. Detrás de estas dos constantes en las normales rurales yace una base común: la reivindicación del derecho a la educación sostenida por la comunidad y construida en los propios internados. Pues cada nueva generación que logra entrar es una generación que en buena parte le debe su ingreso a la lucha de la generación anterior que se manifestó para ampliar el cupo. Así, se forma una sólida conciencia intergeneracional que sabe el costo de haber podido ingresar a una institución de educación superior.

Creo que todos coincidimos en que cuando entramos a la normal rural había momentos de movilización, ya sea por el nuevo ingreso, entonces llegas de 17 años sin saber que pasa, llegas y luego, luego hay movilización estudiantil, de hecho mi examen para ingresar a la normal de Teteles que es la escuela rural Carmen Serdán me tocó hacer el examen en el auditorio porque los mismos académicos no habían prestado los salones para hacer el examen.  (Profesora normalista)

En este marco de concientización social e histórica de los estudiantes, la toma de posición  por denunciar las injusticias sociales se deriva de la acción transversal que las normales han ejercido como un proyecto inclusivo, aun ante los ajustes estructurales, ofreciendo una posibilidad de realización a un sinnúmero de personas afectadas por el desempleo estructural y la falta de oportunidades:

No sólo conocemos lo que pasa actualmente, conocemos la historia, y si por algo lo conocemos es porque muchos de nosotros tuvimos infancias o adolescencias difíciles a causa de las malas decisiones políticas y económicas que se han tomado en el país. (Profesor egresado, Escuela normal rural Lázaro Cárdenas, Tenerías, Edo. De México)

Esta conciencia social e histórica de los estudiantes normalistas materializada en las movilizaciones y luchas incesantes han impuesto en la agenda del Estado la urgencia de tratar las problemáticas del normalismo rural. En este sentido, con el Plan integral de diagnóstico, rediseño y fortalecimiento de las escuelas normales, nos encontramos en la antesala de un nuevo proyecto para las normales. Este plan enfatiza la tarea de impulsarlas como verdaderas instituciones de educación superior. Algunos de los lineamientos para su transformación incluyen modificaciones en la gestión  e infraestructura, en sus planes de estudio, perfiles, la  formación, actualización y superación del docente y la mejora de la práctica y formación disciplinar del profesorado de las normales. El horizonte de estas transformaciones es formar docentes idóneos para la educación obligatoria (Natalia Gómez, El Universal, “Alistan nuevo modelo para las normales”, 02.09.15). En cuanto a las normales rurales es importante considerar que si bien el proyecto fue creado para operar en el ámbito rural, no se limita a esta área sino que opera como un receptor incluyente de las aspiraciones de movilidad social en contextos y lugares de origen diversos. Por eso es frecuente que lleguen a las normales rurales aspirantes de entidades federativas diferentes o de contextos urbanos marginados:

En algún momento en Teziutlán hay solamente una opción, terminar tus estudios en un CONALEP y trabajar en una maquiladora. Y son vaya, se viven muchas injusticias trabajando dentro de las maquiladoras (Profesor egresado de la Normal rural “Lázaro Cárdenas” de Tenerías, Edo. de México)

Esta capacidad receptora e incluyente no se limita solamente a quienes ven en la docencia una vocación y un proyecto de vida sino que también llega a quienes tienen aspiraciones de movilidad social a través del estudio pero tienen escasos recursos:

En realidad mi objetivo no era el ser profesor o maestro, pero investigando por decir la carrera más accesible a mis posibilidades, a las posibilidades de mi familia era aspirar a esta escuela. (Profesor egresado de la Normal rural “Lázaro Cárdenas” de Tenerías, Edo. de México)

Otro de los aspectos que requieren de atención es el diseño de políticas orientadas a la equidad con el fin de superar los rezagos concentrados en ciertos estados, ante el bajo porcentaje de idoneidad que alcanzaron los normalistas de Guerrero, Tabasco y Chiapas, de acuerdo a los resultados de las primeras pruebas de ingreso al Servicio profesional docente en 2014 que presentó el INEE (Sonia del Valle, Reforma, “Halla INEE mala formación en normales”, 10.09.15). Una perspectiva diferente para abordar estos bajos resultados de idoneidad se puede leer a través de los procesos de abyección. La idoneidad planteada de acuerdo a los objetivos de la sociedad del conocimiento establece términos de incorporación al perfil docente que configuran un horizonte de inclusión que deja excluidos a quienes no se adapten a él (Treviño Ronzón, Ernesto (2010). “Horizontes de formación de profesionales de la educación en México y la emergencia de las sociedades en disputa por el conocimiento. Ciudadanía, cosmopolitismo y abyección”. Conferencia Impartida en el marco del 30 aniversario de la Universidad Pedagógica Veracruzana. Xalapa, Veracruz, 23 de septiembre). Por lo tanto, en el caso de los estados mencionados, estaría teniendo lugar un proceso de inclusión y exclusión simultánea, en donde no se logran los requerimientos planteados por el perfil de idoneidad.

Las directrices planteadas por el INEE para reformar a las normales: fortalecer la organización académica de las escuelas normales, desarrollar un marco común de educación superior para la formación inicial de docentes, crear un Sistema Nacional de Información y Prospectiva Docente y organizar un sistema de evaluación de la oferta de formación inicial de docentes estarían pensadas para contribuir a la equidad social del país. Se requeriría de una acción profunda para proveer de condiciones equitativas de desempeño en contextos heterogéneos. A un año de la desaparición de los normalistas nos preguntamos: ¿podrán empatarse los ámbitos planteados por el INEE con la tarea compensatoria que las normales rurales han estado realizando? En la medida en que estos ámbitos se puedan empatar, la reivindicación por el derecho a la educación por la que pugna cada generación de normalistas vería condiciones cada vez menos adversas y por lo tanto, lejanas a las circunstancias de criminalización de la protesta y la manifestación, como el caso Ayotzinapa.