#AprenderEsUnDerecho

• Pluma invitada
• 28 enero, 2019
• Opinión
• Jennifer O’Donoghue

Jennifer O’Donoghue

En una semana, la Cámara de Diputados empezará a discutir la iniciativa del Ejecutivo federal que busca reformar el artículo 3º de la Constitución, lo cual define y establece el alcance de la garantía de nuestro derecho a la educación.

La Constitución es nuestra guía y respaldo. Nos dice hacia dónde y nos permite exigir cuando vemos que no estamos llegando ahí o que estamos dejando a algunos atrás. Cada cambio en este documento debe representar un avance. Si lo que se propone no es mejor que lo que ya existe, ¿por qué cambiarlo?

Por eso, es imprescindible entender la iniciativa no sólo para cuidar que no haya retroceso en nuestros derechos, sino también para asegurar que aprovechemos al máximo la oportunidad que nos presenta para fortalecerlos.

Aquí explico tres focos rojos, posibles riesgos y oportunidades de mejora en la iniciativa.

1) Eliminar la obligación del Estado de garantizar el aprendizaje. El artículo 3º vigente establece que el Estado debe garantizar “el máximo logro de aprendizaje” a través de maestros formados y acompañados, infraestructura, métodos y materiales educativos, y organización escolar que aseguren el desarrollo de cada estudiante.

La iniciativa de reforma derogaría esa obligación, y en su lugar presenta una visión del derecho como el de acceder a la educación.

Estar en la escuela, sin necesariamente aprender en ella. Esto es regresar a una visión de hace varias décadas. Así no progresaremos.

2) Borrar el derecho a la educación inicial. Desde hace casi dos décadas, el artículo 3º establece que el Estado promueva la educación inicial.

La propuesta de reforma borraría esta obligación dejando a las y los niños de 0 a 3 años completamente fuera de las protecciones constitucionales.

Esto sería un retroceso gravísimo. El desarrollo integral en la primera infancia es la estrategia maestra de la inclusión y la equidad.

Borrar la educación inicial de la Constitución NO es la manera de enfrentar las serias desigualdades en México.

3) Una definición inadecuada de la educación incluyente. La iniciativa del Presidente propone establecer, por primera vez, la inclusión como parte de la garantía del derecho. Sin embargo, el concepto de la inclusión en la iniciativa es inadecuado para garantizar una educación que valora y responde a la diversidad de cada persona. Se debe establecer, desde la Constitución, un concepto de educación incluyente suficientemente amplio para poder responder y promover la diversidad de cualquier índole y la obligación del Estado de identificar y eliminar cualquier barrera para el aprendizaje y la participación.

Estamos en un momento de cambio; debemos aprovecharlo para asegurar que lo que sigue sea mejor. Hacemos un llamado a nuestros legisladores a fortalecer la iniciativa de reforma y así garantizar el derecho de cada niña, niño y joven en México a un aprendizaje integral e incluyente, desde su primer día de vida.