Aprendiendo a ser autónomos

                 
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En los días previos ocurrieron dos sucesos que nos hacen reflexionar sobre la autonomía de las organizaciones dedicadas a la evaluación en un país que, asumo, aspira a dejar atrás su pasado autoritario y vertical.

SNTE SEP (1)Después de un buen tiempo de cultivar la “política del avestruz” (Rodríguez), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) saltó para dar la cara y exigirle a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) un replanteamiento de la evaluación docente. En específico, el líder del SNTE, Juan Díaz de la Torre, demandó eliminar las acciones sancionadoras del proceso de evaluación, los despidos injustificados, los descuentos indebidos y que se diversifiquen los instrumentos de evaluación docente, entre otras cosas (Milenio 07/07/16, nota de Elba Bravo).

Ávido de apoyo político, Aurelio Nuño dio entrada a las 12 peticiones del SNTE y resolvió que, con pleno respeto a las leyes y a la autonomía constitucional del INEE, en 45 días se dará conocer una propuesta para mejorar las evaluaciones y hacerlas más pertinentes. Anunció que “invitará a la consejera presidente del INEE, para que en coordinación con maestros y autoridades educativas, se trabaje sobre el diseño global de la evaluación profesional docente” (SEP Comunicado 318, 13/07/16).

El anuncio no cayó del todo bien. El presidente de la Comisión de Educación en el Senado, Juan Carlos Romero Hicks preguntó vía tuiter si los puntos que se desean cambiar de la evaluación docente habían sido “consultados” con el INEE o si sus consejeros se enterarían a través de los medios.

Por otro lado, varios demandamos, en la misma red, un posicionamiento del INEE, el cuál llegó al otro día pero en forma de un críptico comunicado de prensa (#39). Ahí, el instituto aclara que es un organismo autónomo y “autoridad en materia de evaluación”, que cada parte debe asumir sus responsabilidades, que desde el año pasado ha identificado problemas de la evaluación del desempeño, que ha trabajado con la SEP para mejorar estos procesos, que está atento a las preocupaciones de los docentes, que en breve dará a conocer los diversos análisis sobre la evaluación docente y que con base en éstos, “hará las modificaciones en la normatividad y en los criterios técnicos” a fin de mejorar la evaluación.

Sylvia Schmelkes

Sylvia Schmelkes

Como miembro del Consejo Técnico Especializado para el Fomento de la Cultura de la Evaluación Educativa del INEE, considero que la reacción oficial fue críptica, como ya dije, y tímida. Me pareció mucho más firme y clara la reacción de la consejera presidenta, Sylvia Schmelkes, en una entrevista dada al periódico Reforma (16/07/16). Aunque aceptó el plazo fijado por Nuño para revisar la evaluación (45 días), Schmelkes dejó claro que no se van a sentar en una “mesa bipartita” (SEP-SNTE) para tratar los temas de validez técnica y confiabilidad de las evaluaciones. Eso le corresponde por autonomía al Instituto, dijo. Además, reconoció estar abiertos a las peticiones de los maestros representados en el SNTE, pero hizo bien en aclarar que el margen de los cambios técnicos lo tiene el INEE.

Medir el mérito de los docentes es quizás tan complejo como estimar la pobreza de México. En los días en que estábamos en pleno debate por la autonomía del INEE, también nos enteramos que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el cual es también un órgano autónomo, había modificado la manera en cómo se capta el ingreso económico de los hogares.

Gracias a las redes sociales y a un posicionamiento del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), otro órgano autónomo, que utiliza la información del INEGI para medir la pobreza, supimos que los cambios realizados por el INEGI se hicieron “al margen del convenio de colaboración que Coneval tiene con el Instituto”. Coneval, además, le reclama abiertamente al INEGI que las modificaciones en los instrumentos de recolección de información no estaban respaldados por “documentos públicos de carácter técnico” y tampoco fueron “debatidos técnicamente” con el Coneval, por lo que el proceso de captación del ingreso que elaboró el Instituto no fue transparente”.

Las consecuencias de irse por la libre como lo hizo el INEGI trajo como resultado que el ingreso de los estratos más pobres aumentara considerablemente, lo que abrió la puerta al sospechosismo, o sea, a la suspicacia de que el gobierno manipula la generación de información. El INEGI se defendió públicamente (Boletín 286) diciendo que sólo intentó mejorar los instrumentos de captación de información, aunque esta “mejora” —también reconoce—, va a impedir que los datos de este año sean comparables con los datos de ejercicios previos.

¿Qué aprendemos de estas dos historias? Primero, que la autonomía de los órganos de evaluación implica una relación abierta con otras organizaciones, la cual en ocasiones se asienta en convenios tanto tácitos como explícitos. Incumplirlos, por la razón que sea, abre la puerta hacia la desconfianza y merma la autonomía.

Segundo, la política de comunicación social no es asunto menor. No por ser órganos técnicamente calificados, dejan de tener en sus manos una alta responsabilidad política y esto pasa por la manera de informar abiertamente y sin miedo. Tercero y último, mientras en el caso del Coneval fue evidente cómo reconocidos académicos de diversas instituciones respaldaron al Consejo en las redes sociales, en el caso del INEE, las cosas fueron distintas. Habrá que meditar las razones de esta reacción.

Poscríptum. El secretario Nuño decidió separar de su cargo al director del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), Joel Guerrero, quien apoyó el desarrollo y la implementación del modelo de Aprendizaje Basado en la Colaboración y el Diálogo (ABCD). ¿Por qué se tomó esta decisión? ¿Responde a los reacomodos políticos rumbo al 2018? ¿Se temió que un modelo innovador como el ABCD opacaría al que presente la SEP? Nos merecemos una explicación pública para desechar que éste sea otro movimiento ominoso de la SEP.

Profesor de la Universidad Autónoma de Querétaro y colaborador de Educación Futura.

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