Argumento, justicia y ley. Primera parte

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Aunado al accidentado y opaco proceso para elegir, por parte del Senado, a los miembros del organismo de evaluación y mejora educativa, el debate educativo está próximo a tomar un nuevo e impredecible giro.

Se sabe que el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, y sus subsecretarios supuestamente designados directamente por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), están apresurados elaborando las leyes secundarias de la Reforma Educativa para iniciar, el lunes 26 de agosto, las clases con una nueva reglamentación. ¿Será esto posible? ¿Serán las nuevas leyes surgidas de la “Cuarta Transformación” (#4aT) tan bien procesadas y validadas socialmente que permitan una implementación de políticas educativas efectiva? ¿O se impondrá el #MeCansoGanso con la consecuente ineficacia de siempre?

Y es que hacer una ley para regular las trayectorias profesionales de las maestras y maestros mexicanos no es una cuestión sencilla dadas las condiciones de inequidad, creencias, intereses y relaciones clientelares y corporativas que aún prevalecen dentro de varios círculos magisteriales. Tampoco será fácil normar la actividad de un organismo de evaluación y mejora educativa, el cual, para operar eficientemente tendrá que establecer relaciones de cooperación con múltiples actores, algo que a la #4aT parece no gustarle en realidad.

Tengo la impresión (ojalá la realidad me desmienta) de que, igual que al priismo de antaño, a algunos jefes políticos de Morena les atrae la idea del “gobierno unitario”, de ahí que hayan atacado (hasta desaparecer) a un órgano constitucionalmente autónomo como el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) o ideado criterios sobre la marcha para darle entrada a ciertos perfiles además de seleccionar candidatos que plagian y que quizás son cercanos a la “causa”.

 

Pero aunado al desaseo legislativo de Morena, considero que hay otro agravante para entrar con confianza a la elaboración de las leyes secundarias: la visión en extremo justicialista del presidente. Congruente con lo que ha hecho y dicho siempre, AMLO fue claro en abril pasado: “La ley es para las mujeres y para los hombres, no los hombres y las mujeres para la ley. La justicia está por encima de todo, la justicia. Si hay que optar entre la ley y la justicia, no lo piensen mucho, decidan a favor de la justicia (El Universal, 18.04.19 nota de Zavala y Morales).

Después de soportar el sermón, hay que ser honestos y reconocer que histórica y racionalmente, hay buenas razones para dudar de la correcta impartición de justicia en México – y en varias partes del mundo, como también hay fundamentos para dudar, por el sufrimiento infligido, de las bondades de adoptar una visión de justicia personalista. El presidente, por muy socialmente comprometido que diga que es, no debe ponerse por encima de la ley, si es que se considera un demócrata y liberal. Esto ha hecho, lamentablemente, AMLO al enviar memoranda y cartas puntuales a un grupo magisterial cuando corrían ordenamientos legales que el poder legislativo, por medio del debate, la deliberación y el consenso, debía procesar y eventualmente, cambiar. A AMLO parece desesperarle algunos mecanismos para llegar a acuerdos negociados y entonces busca esconder su voluntarismo bajo una careta justiciera.

Bajo esta peje máscara, ¿es honesto, por un lado, “tirar línea” sobre cómo deben ser los mecanismos de promoción docente cuando por el otro se dice que habrá “parlamento abierto”? Dado que las leyes las hicieron los “malos”, ¿se deben repartir las plazas de profesores de manera discrecional aún cuando perjudique la imparcialidad y equidad del proceso en el que aún creen miles de profesores? ¿No será mejor para el país que entre todos establezcamos por medio del debate parlamentario y la discusión pública nuestros horizontes normativos – qué es justo para la maestra y el maestro?

Si el presidente persiste en subvertir los mecanismos institucionales para llegar a acuerdos negociados por medio del debate parlamentario y la discusión abierta, los foros para “discutir” las leyes reglamentarias – cualquiera que sean – serán pura simulación y en ello, el gobierno puede perder credibilidad.

Por otro lado, si el bloque legislativo de Morena no corrige y persiste en hacer todo a la carrera, de manera poco profesional y utilizando la “aplanadora” para aprobar las leyes de: Educación Superior, Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros, Organismos para la Mejora Continua de la Educación y General de Educación, habremos de darle la razón al presidente: las leyes las hacen los “malos” o maletas. Habrá ley mas no legitimidad.

Hay que evitar este riesgo latente y no cejar. La argumentación y el cuestionamiento público sí pueden contribuir a mejorar la ley y eventualmente, a permitir un mejor desarrollo de políticas públicas aunque nos tardemos un poco más discutiendo. No hay tiempo perdido cuando al hablar nos entendemos aunque no coincidamos.

Por esta razón, abro esta serie de artículos en donde trataré de identificar y exponer algunos puntos que podrían estar contenidos en las leyes secundarias y que requieren un tratamiento más puntual del que le puede dar un legislador o un servidor público de cortas miras. Por ello, la próxima semana escribiré sobre la graves omisiones de las que son objeto los Asesores Técnico Pedagógicos (ATP), ¿alguna idea o experiencia? El debate está abierto.

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