Brasil: un retorno al pasado en las políticas educativas

• Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia
• 1 diciembre, 2016
• Global, Opinión
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El Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia (ODEJ) es una plataforma para el pronunciamiento público, impulsado por el campo estratégico en modelos y políticas educativas del Sistema Universitario Jesuita (SUJ). Su propósito consiste en la construcción de un espacio de análisis informado y de posicionamiento crítico de las políticas y las reformas educativas en México y América Latina, arraigado en la realidad social acerca de las injusticas del sistema educativo, y recupera temas coyunturales y estructurales con relación a la agenda educativa vigente.

Roberto Catelli Jr.*

Hacia la década del 90, Brasil atravesó reformas educativas que tuvieron como punto de partida lo definido en la Constitución de 1988, llamada Constitución Ciudadana, cuyo objetivo central fue el restablecimiento del orden democrático en el país después de 21 años de dictadura militar.

La nueva Constitución profundizó en la descentralización administrativa, estableciendo un proceso de municipalización que consistió básicamente en que los municipios se convirtiesen en entes federativos y, por lo tanto, pasaran a constituirse en agentes directos de las políticas públicas. Este proceso de municipalización se centró en el proceso de reducción de la participación de la Unión Federal, llevando a los gobiernos sub-nacionales a invertir principalmente en la enseñanza fundamental del país.

Esta focalización de la política pública iba en la misma dirección de otros países latinoamericanos, como Chile o México que, siguiendo las directrices de organismos internacionales, como el Banco Mundial, proponían una mayor atención a la educación fundamental (educación inicial, primaria y secundaria) universal para niños y adolescentes. Con esa finalidad se crearon mecanismos de evaluación para supervisar la calidad de los servicios prestados en las diferentes regiones del país (OLIVEIRA, 2010).

En la década del noventa se llegó casi a la universalización total en el acceso de los niños y niñas a la enseñanza fundamental. En el 2000, según datos del Censo Nacional, 95% de los niños entre 7 y 9 años se encontraban en la escuela, así también el 93% de niños y adolescentes entre los 10 y 14 años. En 1992, conforme a la Encuesta Nacional de Hogares (PNAD), apenas un 17% había logrado completar la escuela secundaria. En 2012, la situación fue muy diferente: 48% de los jóvenes habían completado la escuela secundaria (PNAD, 2012).

A partir de 2003, por primera vez en la historia de Brasil, asume la presidencia un activista de izquierda, Luís Inácio da Silva, afiliado al Partido de los Trabajadores (PT). Durante sus gobiernos, entre 2003 y 2010, el país vivió un escenario de reducción de la pobreza extrema, que pasó del 23.9% en 1990 a un 5.9% en 2013 (CEPAL, 2014). En ese periodo, el PIB de Brasil se mantuvo con tasas de crecimiento mucho mayores que en las décadas anteriores y hubo una política de crecimiento real de los salarios.

El proceso de crecimiento económico estuvo acompañado de una nueva perspectiva en el campo de la educación, poniendo en práctica la idea de que la educación debía ser efectivamente un derecho de todos y todas. En este sentido, se buscó crear las condiciones para que un número mayor de brasileros pudieran ingresar y concluir la escuela secundaria, a la vez que se ampliaron las vacantes en las universidades públicas. En 2007, se aprobó el Fondo de Desarrollo y Mantenimiento de la Educación Básica y Valorización de los Profesionales de la Educación (FUNDEB) que administró los recursos y amplió la cobertura escolar, incluida la educación secundaria y la de jóvenes y adultos.

Entre 2005 y 2010, durante el mandato de Fernando Haddad como ministro de educación, se buscó avanzar en la construcción de un Sistema de Evaluación de la Educación Básica (SAEB). También se creó el Índice de Desarrollo de la Educación Básica (IDEB), y en 2005 la Evaluación Nacional de Rendimiento Escolar (Anresc), llamada “Prueba Brasil” que consistía en la evaluación de los alumnos de 4º, 5º, 8º y 9º de la enseñanza fundamental de las escuelas públicas. El objetivo fijado por el gobierno federal fue definido como una meta de calidad, en tanto, se intentaría que en 2021 todas las escuelas brasileras alcanzasen la media de 6.0. Entre 2005 y 2015, la media del IDEB, en los primeros grados de la enseñanza fundamental pasó de 3.8 a 5.5, mientras que en la educación secundaria se incrementó de 3.4 a un 3.7, evidenciando sin embargo un estancamiento en esta etapa final de la escolarización.

En la educación superior, se evidenciaron cambios sustanciales con la creación del organismo para la Reestructuración y Expansión de las Universidades Federales (REUNI). Esta entidad promovió una importante expansión de las redes de universidades federales en todo el país. En 2003, la matrícula de educación superior no superaba los 3.9 millones, mientras que en 2014 alcanzó los 7.8 millones. En 2003, había 45 universidades federales en el país, y en 2011 ya había 59 universidades. En este periodo, también fueron construidos 100 nuevos campus universitarios, distribuidos en 237 municipios y muchos en las regiones más distantes y pobres de Brasil, a diferencia de 2003 donde las universidades federales estaban presentes en apenas 114 municipios.

La expansión del acceso a la educación superior se dio también como consecuencia del financiamiento público a las vacantes de la educación privada. En 2005, fue creado el Programa Universidad para Todos (PROUNI), que permitió a los sectores populares el acceso a las universidades privadas del país a través del Examen Nacional de Educación Media (ENEM). Este programa fue financiado por el gobierno federal con becas completas o parciales, obtenidas a través de la exención parcial de impuestos otorgados a las instituciones de educación superior privadas (CARVALHO, 2014). Además, se amplió el Fondo de Financiamiento Estudiantil (FIES), por medio de una beca reembolsable con los intereses más bajos del mercado.

La creación del PROUNI y la ampliación del FIES deben ser comprendidas como parte de un contexto histórico donde se han aprobado una serie de políticas de acción afirmativa cuyos objetivos estuvieron dados por la inclusión de sectores que históricamente no habían podido acceder al sistema educativo brasilero. Fue en este sentido que también se crearon nuevas vacantes en las universidades públicas, dirigidas a personas oriundas de escuelas públicas, negros e indígenas.

Con este propósito en 2004 se creó la Secretaría de Educación Continua, Alfabetización y Diversidad (SECAD), vinculada al Ministerio de Educación. El objetivo de la creación de este nuevo espacio fue justamente reunir en una sola secretaría las distintas actividades dispersas que se venían desarrollando desde el Ministerio de Educación, articuladas ahora bajo una esfera de diversidad étnica e inclusión social (MOEHLECKE, 2009). Algunas leyes, como la ley 10.639, promulgada en 2003, se relacionó directamente con este nuevo contexto de valorización de la diversidad étnica, procurando avanzar en el debate público en contra del racismo. Esta ley además previó la inclusión de estudios relativos a la cultura afro-brasilera en el currículo de la educación básica –primaria y media- y en 2008 se determinó también que los estudios de pueblos indígenas se incluyeran obligatoriamente en el currículo. En este marco se crearon además las Directrices Curriculares Nacionales para la Educación Escolar de los Quilombos.

No se puede dejar de mencionar la realización de la Conferencia Nacional de Educación (CONAE), durante la cual se aprobó el documento base que se traduciría después en el Plan Nacional de Educación para el período 2014-2024. En 2010, luego de varias conferencias municipales y estatales y con la participación de más de 4 mil participantes e instituciones del campo de la educación, se aprobó el documento del CONAE. Este se votó finalmente en 2014 en el Congreso Nacional, reducido a diez metas. Todo este proceso fue único en la historia de las políticas públicas educativas de Brasil, el cual fue posible dada la masiva participación de los agentes educativos y representantes de las asociaciones profesionales del país.

En 2013 también se modificó Ley de Directrices para las Bases de la Educación Nacional (LDB) con el objetivo de garantizar la educación obligatoria de los 4 a los 17 años, y hacer efectiva la oferta universal y obligatoria de la educación secundaria, ya garantizada constitucionalmente por el Estado desde 2009.

Un último aspecto de este periodo fue la creación del Sistema de Selección Unificada (SISU), el cual permitió que los estudiantes que aplicasen a la educación superior, pudieran inscribirse en un sistema centralizado. El procedimiento consistía en que, a partir de los resultados del Examen Nacional de Educación Media (ENEM), los candidatos pudieran buscar una vacante en las universidades federales que estuvieran adheridas a dicho sistema en cualquier región del país, y sin moverse de su ciudad.

En agosto de 2016, Dilma Rouseef fue despojada de su cargo presidencial a través de un proceso de destitución del que no se probó su legitimidad, siendo considerado por muchos analistas como un golpe de estado, maquillado de argumentos legales. Este proceso fue liderado por el Partido Social Demócrata Brasilero (PSDB) en alianza con el Partido del Movimiento Demócrata Brasilero (PMDB). Este dudoso proceso de impeachment que se instauró contra Roussef recibió el apoyo masivo de los medios de comunicación, monopolizado por unas pocas familias burguesas de Brasil, aliados además con figuras del poder judicial y los partidos de la oposición.

El gobierno que se instaló, liderado por Michel Temer, buscó promover cambios significativos en el ámbito de la educación. Uno de ellos consistió en el apoyo al Movimiento de la Escuela Sin Partido, el cual permitía que los estudiantes y sus familias pudieran denunciar a un docente que estuviera adoctrinando políticamente a sus alumnos. En realidad, este movimiento buscó criminalizar, mediante una ley federal, a cualquier pensamiento que pudiera relacionarse con ideologías de izquierda, censurando a los docentes en su libertad de enseñanza y de expresión. Informes del Ministerio Público dieron cuenta que se trataba de un proyecto inconstitucional por violar la libertad de expresión, aspecto ya explícito en la Constitución de 1988.

En este contexto, también se presentó un proyecto de Ley, que pretendía congelar los gastos federales por 20 años, así como una ordenanza donde se manifestó que las universidades federales reducirían el número de vacantes ofrecidas y se procedería a un recorte presupuestario para las instituciones federales, lo que llevaría a un vaciamiento y desguace de la estructura gubernamental constituida en los últimos años.

En lo que se refiere a la educación secundaria, se aprobó una reforma que pretendía flexibilizar y simplificar este nivel. Se propuso que solo la mitad de esta fuera obligatoria para todos y que, luego, el estudiante hiciera elección de una única área de conocimiento a cursar. De esta manera, se configuró una lógica en la cual se ampliaron las posibilidades de una educación profesional desde el nivel medio, eximiendo de obligaciones a los estados, así como de la posibilidad de ofrecer una educación de mayor profundidad para los jóvenes de este nivel, aun cuando el ingreso a las universidades seguiría exigiendo a los estudiantes una formación más amplia.  En consecuencia, lo que se observa ahora es una formación orientada hacia el trabajo, sobre todo para los sectores más pobres, quedando las universidades reservadas únicamente para las élites económicas del país.

Brasil se encuentra en un proceso de reducción de la inversión en la educación pública, lo que podría llevar a la adopción de medidas privatistas como solución a un contexto de precarización de las condiciones de la oferta de la educación púbica. El retorno a la política educativa que caracterizó a la década de 1990 es evidente en este nuevo proceso político, donde las políticas se diseñan en función de determinados sectores sociales, excluyendo a miles de otros. Bajo el argumento de que el Estado no puede con todo y que es necesario reducir los costos, se estima que el gasto público en educación sería cada vez menor, y estaría focalizado en la atención a la educación primaria, por lo que la iniciativa privada podría ampliar su participación en otros niveles, como la educación media, profesional y en la educación superior.

En un país que tiene el 8.3% de la población de 15 años o más analfabetos y aproximadamente la mitad sin haber terminado aún la escuela primaria, no se advierte tampoco que el gobierno tuviera iniciativas claras en cuanto a la educación de jóvenes y adultos. Apenas se enuncia como objetivo central el sostenimiento de un programa de alfabetización de adultos con bajo presupuesto y el mantenimiento de los programas existentes durante el gobierno anterior.

Lo que demuestra el interés por desencadenar un proceso de empobrecimiento de la educación, aumentando la segregación entre los sectores más enriquecidos que pueden pagar escuelas de calidad para poder acceder a las universidades, y los más pobres, quienes poseen menos oportunidades de acceder a servicios educativos de calidad y, por ende, a las universidades, lo que los lleva a ocupar cargos profesionales de más baja calificación y remuneración.

*Acción Educativa, A.C. Facultad de Educación de la Universidad de São Paulo

Referencias

ABRUCIO, Fernando Luiz. A dinâmica federativa da educação brasileira: diagnóstico e propostas de aperfeiçoamento. In: OLIVEIRA, Romualdo Portela de. Educação e federalismo no Brasil: combater as desigualdades, garantir a diversidade. Brasília: UNESCO, 2010.

CARVALHO, Cristina Helena Almeida de. Política para a educação superior no governo Lula: expansão e financiamento. Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, Brasil, n. 58, p. 209-244, jun. 2014.

CEPAL. Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, 2014. Disponível em: <http://repositorio.cepal.org/bitstream/11362/37647/1/S1420569_mu.pdf>. Acesso em 20 mar. 2016.

MOEHLECKE, Sabrina. As políticas de diversidade no governo Lula. Cadernos de Pesquisa, v.39, n.137, p. 461-487, maio/ago. 2009.

OLIVEIRA, Dalila Andrade. As políticas educacionais no governo Lula: rupturas e permanências.  RBPAE – v.25, n.2, p. 197-209, mai./ago. 2009

OLIVEIRA, Romualdo Portela de. Educação e federalismo no Brasil: combater as desigualdades, garantir a diversidade. Brasília: UNESCO, 2010.