Opinión

Desde hace algunos años, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha implementado el Sistema Básico de Mejora (SBM), buscando orientar así a las escuelas hacia la atención de prioridades educativas esenciales, tales como la mejora del aprendizaje de sus alumnos o la normalización del funcionamiento de los centros escolares. Para lograr esto, dentro del SBM se contemplan cuatro condiciones, entre las que destaca la Descarga administrativa, la cual deberá ser entendida como la simplificación de los procesos administrativos de los centros escolares, con el propósito no sólo de reducirlos, sino de orientarlos predominantemente hacia una pertinencia académica. Así pues, se busca que la labor de las escuelas prioricen lo académico por sobre lo administrativo. 

En días pasados la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) ha difundido generosamente en los medios la afiliación de su Junta de Gobierno (JG) a la  Association of Governing Boards of Universities and Colleges (AGB). Habla de este evento como una muestra de que se está “a la vanguardia en transparencia y gobernanza.” Diversas personas comentan no entender la situación: por un lado tienen muy serios cuestionamientos sobre la forma en que se conduce la JG de la UABC y, por otro, se enteran que esa misma JG está recibiendo una especie de “reconocimiento” internacional. ¿Qué está pasando entonces? Comparto con mis reflexiones al respecto.

El de Juan Díaz de la Torre fue el experimento de un cacicazgo fallido. Hizo todo lo que pudo por construirlo y retenerlo, lo legal, lo extralegal, lo imposible, y no pudo. Tuvo que ser expelido del cargo. Pocos casos hay de políticos (sindicales o no) que hayan tenido una derrota de tal tamaño en algún momento de su vida: perdió una diputación plurinominal, hundió a Nueva Alianza, perdió la presidencia del SNTE que quiso retener por otros seis años alterando los estatutos. Se quedó sin nada. En sus manos, si el SNTE hubiese sido partido político, habría perdido el registro electoral.

Ya reiteradamente se ha dicho que este 1° de diciembre es el día de cambio de gobierno, se va Enrique Peña Nieto y llega Andrés Manuel López Obrador, dicho relevo no es cualquier cosa, puede que sea (así lo esperamos muchos), un parteaguas en la historia política y social en nuestro país.

Quizá la primera de ellas sea la libertad de elección en relación a la carrera que va a cursar ya que ello implica, que al ser elegida voluntariamente de acuerdo a su vocación, está en posibilidades de asumir la responsabilidad inherente a dicha carrera además de imprimirle un sentido de desarrollo creciente al estar en el centro, el interés personal por ese campo que a su vez adquiere el carácter de motor de motivación.

Este martes, en Santiago de Chile, REDUCA, la Red Latinoamericana de Organizaciones de Sociedad Civil por la Educación, presentó el estudio “Aprender es Más”. El esfuerzo coordinado, apoyado por la Fundación Sura, conjunta la información actualizada y las perspectivas posibles de 15 sistemas educativos nacionales de la región, desde una clave de lectura muy intuitiva y movilizadora: ¿qué pasa con el derecho a aprender de niñas, niños y jóvenes en América Latina?

No obstante que la contienda por la educación incluye a bastantes actores, diversas posiciones políticas y orientaciones ideológicas, a veces es conveniente agruparlas en reductos polares para entresacar las aristas cardinales de los debates. Pongamos por ejemplo la evaluación docente dentro de la Reforma Educativa que el próximo gobierno quiere enterrar y que el que fenecerá en menos de dos semanas todavía defiende. Lo hace con proclamas y los pocos instrumentos políticos que le quedan.

Las áreas de la SEP encargadas de evaluar el aprovechamiento escolar tuvieron un desarrollo gradual desde los años setenta y estuvieron principalmente enfocadas a proveer a los centros escolares y a los docentes del sistema de educación básica de instrumentos para medir el aprovechamiento de los estudiantes en los distintos niveles y materias de la educación primaria y secundaria. Entre 1976 y 1982 las pruebas se enfocaron a propósitos de acreditación de estudios en los sistemas de educación abierta (primaria, secundaria y bachillerato).

En temas de educación y de evaluación hay muchos aspectos que faltan por revisar para mejorar. Por mencionar algunos, pensemos en las instituciones con todos sus componentes humanos, de infraestructura, sus modelos educativos,    sus múltiples procesos administrativos y sus aspectos económicos en cuanto a sueldos refiere. Algunos de estos aspectos son revisados de manera cuantitativa por parte del área de estadística, pero su revisión es general y la parte cualitativa siempre queda pendiente.

El Sistema Nacional de Investigadores, SNI, en cierta medida, se ha convertido en el SNP, acrónimo del título de este artículo. Tal vez una buena descripción de la forma en que ha evolucionado este de por sí polémico programa, sea mostrar el tránsito entre una concepción de investigación que al menos procuraba hacerse cargo de la diversidad de funciones y tareas asociadas a este ocio, a otra que reduce la investigación a publicar cuanto antes y cuanto más, mejor, privilegiando dónde se publica (el lugar que ocupe la revista en una clasificación de acuerdo con su “impacto” como sinónimo de calidad) más que la buena hechura académica de lo que interesa comunicar a la comunidad de expertos en la materia, o a un conjunto mayor al que el tema le interese.