Opinión

No vivimos tiempos propicios para el matiz, y la distinción, entre el valor de algunas instituciones imprescindibles, y las malas prácticas —es más— barbaridades y delitos cometidos a su amparo y en su nombre. Como hubo malos usos y peores costumbres impulsados desde ellas, y de no poca monta, corremos el riesgo de ignorar su importancia como formas de organización social, colectivas, para, por ejemplo, poner límites al avasallamiento del dinero, o a la desmesura en el uso del poder por parte de quienes, elegidos por nosotros, lo detentan.

El premio Nobel de Economía de este año fue para AbhijitV. Banerjee, Esther Duflo y Michael Kremer (1964). El primero nacido en India (1961), la segunda en Francia (1972) y el tercero en Estados Unidos, aunque todos asentados en la ciudad de Boston y trabajando, específicamente, para el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) y para Harvard.

Los maestros y principales actores educativos debemos conocer la Ley General de Educación, publicada el 30 de septiembre de este año. Dos términos con los que hay que familiarizarse son Equidad y Excelencia, porque son las características que la Educación del Estado debe impartir, según lo marca el artículo tercero de la Constitución. En la Ley General de Educación se ofrecen pautas más precisas sobre cómo se planea lograrlo. Los artículos 8, 9 y 10 son los que hablan del tema. Primero, se estipula que  las acciones serán prioritarias para quienes pertenezcan a grupos y regiones con mayor rezago educativo, dispersos o que enfrentan situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas. 

El primer día de mayo del año en curso se publicó la reforma laboral que modifica las reglas del juego sindical en el artículo 123 apartado A de la Constitución.   Se hizo legal el voto obligatoriamente secreto en la elección de dirigentes sindicales, la representación proporcional, la paridad de género en las directivas sindicales. El tema ha sido revisado por muchos especialistas. A ellos se les ha escapado que también se modificó la ley reglamentaria del apartado B del mismo 123 constitucional que contempla las reglas sindicales de la burocracia federal.

Una golondrina no hace verano, anuncia un refrán popular. Pero, quién sabe si varias hagan otoño. Si bien el secretario de Educación Pública logró sentar en una mesa a grupos irreconciliables, parece que los peores pronósticos sobre la política educativa del gobierno del presidente López Obrador comienzan a cumplirse.

Dos hechos sucedieron en Baja California este semana que recién termina. Se está gestando un caldo de cultivo. Es conveniente conocer los fenómenos, comprender sus orígenes, analizar su desarrollo y advertir sus repercusiones.

Tradicionalmente, las tareas escolares han tenido el objetivo de reforzar los conocimientos adquiridos o poner en práctica lo aprendido, eso, en el mejor de los casos, ya que la mayoría de las veces, la tarea sirve como una justificación del docente del trabajo que no siempre realizó, o, simplemente, la tarea sirve para eso, para dejar tarea.

Las escuelas resisten con vigor las influencias externas, excepto aquellas que tienen que ver con sus tareas habituales, como cambios en planes y programas, libros de texto y materiales de apoyo. Una demanda recurrente —por necesidad real— que enarbola el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación desde los años 50 es la de tener espacios dignos y adecuados para la labor escolar.

El argumento de los diputados, de los senadores de Morena y del propio Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, es que, frente a las críticas de la oposición, recomiendan leer primeramente la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Señalan que es falso que vaya a haber “pase automático” de los normalistas en lo referente al otorgamiento de plazas y, sobre todo, que es totalmente falso que la CNTE vaya a tener control de esas plazas. Y para tal efecto, recurren -para sustentar lo anterior- a lo que se establece en el párrafo sexto, séptimo y octavo del artículo 3 constitucional donde se afirma que habrá “evaluación diagnóstica para cumplir los objetivos y propósitos del Sistema Educativo Nacional”; que la rectoría del Sistema para la Carrera de los Maestras y Maestros corresponderá a la Federación; y que “La admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente, directiva o de supervisión, se realizará a través de procesos de selección (…) los cuales serán públicos, transparentes y equitativos e imparciales y considerarán los conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para el aprendizaje”. 

De acuerdo con los resultados de la prueba Planea en Educación Media Superior (EMS, 2017, INEE), el 66 por ciento de los estudiantes de todo el país, según una estimación derivada de una muestra representativa, se ubican en el nivel I (el más bajo) de la prueba, es decir, éstos: