Hace dos años, desde Mexicanos Primero desarrollamos el Índice de Cumplimiento de la Responsabilidad Educativa (ICRE) para visibilizar y medir el progreso en la garantía del derecho a aprender de niños y jóvenes en México.
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El colectivo de personas con discapacidad es uno de los grupos más insistentemente relegados en los sistemas educativos de Latinoamérica. El giro hacia la educación inclusiva producido alrededor de la década del 80 logró visibilizar la situación precaria en que se encontraban las personas con discapacidad en relación al derecho a la educación. A través de discursos médico-pedagógicos, normalizadores, biologicistas, que ubican en sus cuerpos una supuesta falla que les impide aprender, compartir la vida escolar y por consiguiente también la vida social con personas sin discapacidad, han sido sistemátic
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na es la contenida en la respuesta a “10 por la educación” (8 de mayo 2018), otra la del Encuentro Nacional con Maestros Democráticos (Guelatao, Oax., 12 de mayo 2018). Son distintas: la primera parece implicar la continuidad, en vertiente corregida y mejorada, de los instrumentos centrales de la reforma. Están presentes la implementación del Nuevo Modelo Educativo, la evaluación docente, el uso intensivo de tecnologías digitales, el involucramiento de los padres en el aprendizaje, la operación del Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela (SATE), la continuidad de tareas del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), el enfoque de gobernanza escalonada a través de consejos sociales e institucionales, el diseño de proyectos de desarrollo en cada centro escolar, el énfasis en la enseñanza de inglés y tecnologías, entre otros aspectos. En esta versión se marcan, no obstante, diferencias importantes con el proceso de reforma de los últimos años: volver al federalismo, adecuar las pautas curriculares a las condiciones del entorno local, y fortalecer los procesos de formación inicial y continua del magisterio.
La segunda versión, la pronunciada por el candidato en Oaxaca, destaca iniciativas como la distribución de recursos para estudi
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Estudiar los proyectos de nación, para el próximo sexenio, que proponen los partidos políticos es importante. Las campañas son estridentes, tienden a simplificar —sobre todo en una democracia de spots— y es preciso leer con detenimiento los textos en que las distintas formaciones políticas exponen su mirada al futuro, y las acciones que para ello consideran necesarias. Aunque se han conformado coaliciones, en cada una encontramos lo que se podría denominar un partido dominante en atención a su fuerza electoral.
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En contraste con campañas presidenciales anteriores, el tema de la educación enciende debates. Se discute más que nada la Reforma Educativa, si sigue, si se abroga o se modifica; que está bien, pero que hay cambiar la evaluación; que hay que seguir con ella, a pesar de la oposición de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, nos dicen.
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n días pasados, una nota del periódico Reforma señaló que, para 2017, el gasto publicitario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) fue 27 veces mayor que lo presupuestado por el Congreso: de haberse aprobado 70.6 millones de pesos, se ejercieron $1,963 millones, es decir, una diferencia de $1,892.4 millones. Resulta extraño que de un año a otro (2016 a 2017), el gasto en publicidad prácticamente se haya duplicado, pasando de $1,082 a $1,963 millones. Aunque el sobre gasto sea una práctica que está contemplada legalmente en el manejo de los recursos públicos, da mucho a pensar el hecho de que año con año los gastos en el rubro de comunicación se excedan de manera cada vez mayor. Así pues, aunque permitido, el sobre gasto refleja cantidades de dinero ofensivas para la mayoría de los mexicanos, que pudieran sugerir falta de disciplina en la aplicación de los recursos y que contrastan con la austeridad que impera en buena cantidad de escuelas del país y, en general, de la vida de los mexicanos.
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Para nadie en el sector educativo mexicano son extraños los conceptos de liderazgo y gestión educativa como una parte central de la organización escolar y la autonomía de trabajo que indica la directriz normativa de la Secretaria de Educación Pública aplicable a las escuelas públicas básicas de nuestro país.
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El pasado 12 del presente mes de mayo el candidato a la presidencia de la república de la Coalición “Juntos haremos historia” presentó en la emblemática ciudad de Guelatao en el estado de Oaxaca, un decálogo de compromisos por la educación, es primera vez que tengo conocimiento de una propuesta de este tipo, el que un candidato a la presidencia de este país, dé a conocer de cara a la nación sus compromisos educativos.
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En el enfoque de derechos que hoy guía los compromisos internacionales de los que México hace parte, y que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha ido incorporando cada vez con mayor claridad, en oleadas sucesivas, se ha ido superando la idea de que los derechos sociales son sólo algo “deseable”, pero mal distribuido por razones históricas (unos tienen mejor salud, educación o desarrollo porque… pues porque siempre ha sido así).
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Al inicio de la presente administración se anunciaron diversas reformas estructurales, dentro del marco de los acuerdos y compromisos generados en el pacto por México; la resolución dio pauta, a lo que ahora conocemos como reforma educativa, cuya intención fue configurar en la sociedad la idea de mejorar los aprendizajes y por ende los resultados educativos de los estudiantes; se acentuó la intención de idoneidad de los docentes argumentando la quimera de que cualquier profesionista pudiera ser docente y dejando en segundo término el modelo curricular, los materiales y métodos educativos, así como la organización e infraestructura de las escuelas.
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