“Aquí no hay delito que perseguir. Los niños no fueron violados ni abusados sexualmente”. Esta fue la respuesta que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México entregó primero a los padres del kínder Matatena.
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El domingo antepasado tuvo lugar una marcha multitudinaria contra las violencias machistas en la capital del país. Una manifestación inédita en la que salieron a las calles miles de mujeres y de hombres dispuestos a hablar en voz alta de todas esas violencias cotidianas que lastiman a las mujeres y que suelen permanecer en silencio o mencionarse sólo en susurros compungidos.
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Mi artículo del miércoles pasado, “Fin del monopolio: perseverancia del normalismo”, provocó reacciones que me condujeron a una relación epistolar con amigos. Retomé dos posturas de esas cartas en mi columna del domingo 1 de mayo, “Normales rurales: el eslabón más débil”.
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¿Qué podemos hacer por un Veracruz tan lastimado por las violaciones de derechos humanos, en particular de niñas, niños y adolescentes? En mi opinión luchar porque el Estado funcione y dar el debate, con inteligencia y corazón, para construir sistemas de protección de niñas, niños y adolescentes (NNA) que den efectividad a los derechos.
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Si todas las mujeres tuvieran acceso a educación primaria se reduciría en un sexto el número de matrimonios infantiles y la mortalidad de este sector.
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En lo que va del “año clave”, los hechos educativos que se van registrando, se anuncian como “bien intencionados”, pero en la realidad apuntan en sentido contrario. Esta enmarañada configuración educativa viene asentando lo establecido desde la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPF) de 2013. Me refiero al concurso de oposición para ingresar a la docencia de nivel básico y medio superior.
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Años han pasado desde que las escuelas normales dejaron de figurar en el escenario político y educativo nacional como ahora lo están haciendo. Razones para ello fueron muchas y muy variadas y, por el momento, me limitaré a abordar las que desde mi perspectiva, han influido para que éstas hayan “perdido” el prestigio del que gozaron hace tiempo.
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Una de las aspiraciones centrales de la función ética de la educación, es trabajar con la verdad, decir la verdad siempre, buscar la verdad, encontrar la verdad, descubrir la verdad, construir la verdad en cualquier ámbito en donde uno se encuentre. El asunto de la verdad, a diferencia de la falsedad o la mentira, tiene sesgos científicos pero también filosóficos y hasta lógicos y éticos. Las verdades absolutas o inmutables parece que ya no existen, existen verdades transitorias, reconocidas o validadas por un consenso social o por un convencionalismo científico.
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En México, cada 30 de abril celebramos el “día del niño”. En los hogares, las escuelas, los parques, las plazas públicas, explanadas municipales y centros comerciales, se realizan actividades culturales, deportivas y recreativas para festejar a niñas y niños. La mayoría de estas actividades se caracterizan por estar especialmente pensadas para ellas y ellos y ser divertidas.
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En su ley orgánica vigente, aprobada el 15 de diciembre de 1981, el Instituto Politécnico Nacional es definido como “un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, cuya orientación general corresponde al Estado” (Art. 2). La ley orgánica previa, emitida a finales de 1974, se limitaba a señalar que el IPN era concebido como “dependiente de la Secretaría de Educación Pública” (Art. 1).
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