Un reportaje de Elías Camhaji (El País, 3 de julio) me agrietó el corazón y me llenó de enojo. Llega a la médula de una práctica que, pese a esfuerzos de muchos gobiernos, instituciones y personas, persiste en las escuelas mexicanas: el racismo, la exclusión y la violencia entre pares.
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Se requiere que las instituciones recuperen el liderazgo social, los esquemas participativos, el salir a la calle y tener y sufrir la mística de ayudar a las y los otros. Con ello poco a poco se podrá generar un capital social nuevo (inédito), el capital del vínculo social entre los preparados (estudiantes universitarios) y los necesitados los pobres y desplazados, dicho vínculo serviría para generar una alianza en torno al cambio y a la participación social.
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Recuerdo una amena charla que sostuve hace varios años con un profesor, hoy jubilado, cuando coincidimos en el trámite de lentes en las oficinas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de cierta entidad de la República Mexicana; como era de esperarse, la fila de trabajadores que acudían a realizar dicho trámite era de proporciones considerables.
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Abreviando, a pesar de tantas limitaciones, como educadores e ingenieros sociales, renovemos nuestros votos pedagógicos y comprometámonos a liderar la verdadera transformación social, hacia un progreso compartido y desarrollo sostenible que todos aspiramos.
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En el nuevo reglamento hay avances interesantes: se prevén nuevas medidas de apoyo para los investigadores mayores de 65 años, para los mayores de 80, para los investigadores eméritos. Se abre la posibilidad de pertenecer al SNI, aunque ya los profesores no tengan una relación contractual activa con sus instituciones. Se consideran casos de enfermedad, de conflictos y problemas familiares. En sentido contrario, no hay una sola mención a la formación de investigadores ni sobre la promoción de los investigadores noveles; esta sigue siendo una asignatura pendiente.
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Ante una sociedad en constante cambio, en donde la evolución del conocimiento es continua, se asume que la Educación Superior es uno de los niveles educativos responsables de formar profesionalmente a los individuos capaces de contribuir a la sociedad de forma responsable; en congruencia, el mercado laboral debe brindar las condiciones para su integración en pro de una economía que abone al país. Sin embargo, el engranaje entre estos dos factores —educación superior y mercado laboral—, dependen en gran medida de la inserción alcanzada por los egresados universitarios, quienes requieren también de un futuro prometedor cuyos beneficios personales, familiares, profesionales y sociales fortalezcan al país.
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México es un país con muchos contrastes y polarizaciones, donde una gran parte de la población vive con muchas carencias. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en 2020, 43.9% de la población se encontraba en situación de pobreza. En este sentido, es urgente retomar el tema de la justicia social en una población donde casi la mitad sufre de algún tipo de carencia.
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En síntesis, es realmente difícil estar en desacuerdo con lo planteado por el marco curricular y el plan de estudios 2022, el problema es ¿cómo se logra? ¿cuál es el camino? Es esperable que, como dice el poema, tendremos que hacerlo al andar.
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El Centro Escolar Lancaster es una institución educativa que siempre ha luchado por la inclusión, transparencia y el respeto a todas las formas de pensamiento, creencias e identidades.
Nuestro objetivo es desarrollar en nuestros alumnos la creatividad, capacidad de análisis y reflexión que el mundo y la sociedad demanda, todo ello bajo valores de respeto, pluralidad y pensamiento crítico.
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No solo para nosotros los docentes, sino para las familias y la sociedad en general, el tema de los derechos de la infancia y la adolescencia deben de ser prioritarios. Recordemos que la norma internacional en el ámbito de los Derechos de la infancia y de la Adolescencia fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989; en ella se impulsó la cooperación internacional para avanzar en la efectividad de los derechos exigibles y sistematizados en torno a la protección social, la educación, la salud, el ocio, la inserción sociolaboral y la participación ciudadana de la infancia y la adolescencia (Villagrasa y Ravetllat, 2009).
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