Educación, a dos años del triunfo electoral

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Juan Carlos Miranda Arroyo

Este miércoles 1 de julio se cumplieron 2 años del triunfo electoral (2018) de las fuerzas políticas que, a través de alianzas (diversas, amplias y controvertidas), llevaron a AMLO a la presidencia de la República, para ocupar la cima del poder ejecutivo federal. Quizá sea interesante que quienes ocupan posiciones importantes en el Gobierno Federal y en el Congreso de la Unión, así como los dirigentes del partido Morena y aliados, hagan un balance acerca de lo logrado, desde antes de asumir el poder público (diciembre de 2018) hasta la fecha, para comprender qué cambios profundos se han logrado y, en particular, para identificar qué le falla al proyecto educativo de la “4T” ¿por qué “no termina de cuajar”?

Son varias las vertientes que indican fallas en la conducción de la educación, en general, en México, lo cual significa que el país no sigue su marcha, en este ámbito, como se lo había propuesto AMLO desde la campaña electoral, y tal como se esperaba luego del triunfo electoral de julio de 2018. Considero que las cuestiones principales de esta gestión gubernamental fallida, en materia educativa, tienen que ver, sobre todo, con los contenidos de dicho proyecto político y cómo se ha buscado poner en práctica la llamada “Cuarta Transformación” en el ámbito educativo.

Un primer problema radica en que la transformación de la vida pública nacional, al menos en lo que concierne a lo educativo, habría de darse desde abajo, es decir, con las y los docentes, directivos escolares, asesores técnicos y personal de apoyo a la educación. Esto no ha sido así, lamentablemente.

Las iniciativas que ha tomado la SEP han sido planteadas “desde arriba”, sin contar con la participación ponderada y efectiva de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Un ejemplo específico lo representa el Programa “La Escuela es Nuestra”, dado a conocer en febrero pasado en Palacio Nacional. Concebido como un programa de amplia participación y sin la injerencia de intermediarios, pues “involucra (dijo el presidente López Obrador en su momento), en cuanto a participación, a millones de padres de familia, madres, padres de familia, a maestras, maestros. (Luego se nos dijo que) …es un programa de gran trascendencia en lo educativo, en los social, en lo democrático… que nos ayuda para desterrar la corrupción en lo que se destina al mejoramiento, al mantenimiento de las escuelas que era una fuente también de corrupción como muchas otras fuentes de corrupción…”. Sin embargo, el diseño de este programa es cupular, esto es, no contó con la participación de las y los actores involucrados en la práctica escolar cotidiana.

El programa mencionado sólo se limita a atender asuntos de construcción, mantenimiento e infraestructura física de las escuelas públicas, pero no inyecta recursos financieros para adquirir insumos o accesorios de consumo diario que son necesarios e indispensables en el funcionamiento de los centros escolares (fotocopiado, papelería, accesorios de limpieza, material didáctico, etc.).

Precisamente una de las cuestiones que han sido solicitadas por las asociaciones de padres y madres de familia, así como por los consejos de participación social en el sector educativo, es que desaparezcan las cuotas escolares “voluntarias” tal y como han funcionado durante décadas, mismas que se cargan e impactan en la economía de las familias, y con lo cual se solventan los gastos diarios. Hay dos razones poderosas que dan sustento a este tipo de solicitudes expresadas desde abajo, las cuales no ha sido atendidas por la actual gestión de la SEP: 1) Porque el manejo de cuotas escolares voluntarias ha sido y es motivo de actos de corrupción y de conductas delictivas por parte de padres o madres de familia ficticios o apócrifos; y 2) Porque al cobrar “voluntariamente a fuerza” dichas cuotas, se pone en entredicho el principio de gratuidad de la educación, consagrado en la Constitución Política mexicana.

Más allá de tirar una Reforma Educativa

Por otra parte, un tema de amplia discusión y controversia es el que se refiere a los contenidos de la reforma al texto Constitucional de 2019, para ir más allá de la Reforma Educativa derrotada (la de 2013). 2019 fue el año en el cual ambas Cámaras del Congreso de la Unión y las legislaturas locales llevaron a cabo las reformas o modificaciones al Artículo 3º. de la Carta Magna, referido al derecho a la educación, como resultado de nuevos consensos. Al respecto, hay que recordar algunos de los cuestionamientos planteados en aquella coyuntura ¿Por qué eliminar de un plumazo el concepto de “calidad” de la educación y reemplazarlo por el de “excelencia”? ¿Por qué se conservó la noción de “máximo logro de aprendizaje de los alumnos”? ¿Por qué se insertaron contenidos programáticos en la Carta Magna, de manera específica y en términos de enseñanza y aprendizajes, cuando ésta debe enfocarse en los principios generales que norman o rigen la convivencia entre las y los mexicanos?

Dos aspectos adicionales que he observado durante el tiempo en que se ha puesto en operación el gobierno de la “4T”, específicamente en materia educativa, es la falta de un liderazgo académico al frente de la SEP. Las participaciones que envía el titular de la dependencia, Esteban Moctezuma, a través de videos pregrabados a cada una de las sesiones de los Consejos Técnicos Escolares (CTE), parecen ser sólo oportunidad para placearse política y propagandísticamente o para dar mensajes con perspectiva burocrática-administrativa, pero que no contribuyen a la divulgación de políticas educativas con contenidos académicos y didácticos.

Un último aspecto por analizar, por el momento, tiene que ver con el tratamiento político y de negociación que ha dado personalmente el presidente López Obrador, tanto a la dirigencia magisterial oficial como a la dirigencia disidente. Como sabemos la dinámica de confrontación que se había dado entre los representantes de los trabajadores de la educación y el gobierno de las República en años anteriores, había llegado a extremos de cerrazón, autoritarismo y represión en contra de las y los docentes, asesores o directivos que salieron a las calles (2014-2015) para defender sus derechos. Hoy, sin embargo, esa dinámica ha cambiado, y es justo reconocer que han sido abiertos los canales de comunicación y diálogo directos entre las dirigencias magisteriales y las autoridades federales.

No obstante, es preciso profundizar en la revisión de los contenidos de ese diálogo político-sindical, pero es aún más importante que las políticas educativas publicas que se echen a andar en este sector en lo que resta del sexenio, partan de las necesidades de la escuela, es decir, de quienes las habitamos, y no desde la lógica administrativa y burocratizante que prevalece en la SEP y en los organismos públicos que gobiernan la educación en las entidades federativas. Si en verdad se quiere lograr una transformación radical de la vida pública de la nación, en materia educativa, conviene que la presidencia de la República y los altos funcionarios de este sector cambien la mirada de arriba hacia abajo, por otra, desde abajo, y tomen nota acerca del sentir de las y los trabajadores de la educación, así como de las familias, hijas e hijos, sin demagogia ni retórica.

*Texto publicado originalmente en SDP

[email protected]

@jcma23

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