El gobierno del sistema educativo

• Gilberto Guevara Niebla
• 8 octubre, 2017
• Opinión
• GILBERTO GUEVARA NIEBLA, SEP

En el gobierno de la educación deben estar personas honestas, técnica-mente calificadas y con vocación pedagógica; los funcionarios educativos deben ser auténticos líderes, que enarbolen proyectos pertinentes y movilicen al magisterio en pos de la mejora de la educación nacional.

La tarea de esos líderes es vasta y compleja. Se necesita reconstruir el sistema para asegurar —en los hechos, en la realidad— una educación de calidad para todos. No es (no debe ser) retórica. Hay que tomar las experiencias exitosas y conservarlas, pero hay que eliminar o renovar las áreas viciadas del sistema.
El principal problema del gobierno educativo en México es la recurrente invasión de la política-política (es decir, la política partidaria), sobre lo propiamente educativo. Los políticos profesionales y los gobernantes frecuentemente conciben al sistema educativo de manera instrumental, como un aparato clientelar y una organización que, en época de elecciones, moviliza a gran número de votantes.

Los gobernantes aplican criterios políticos o personales al nombrar a los dirigentes de la educación de tal manera que a la cabeza de la empresa educativa quedan individuos que en muchas ocasiones carecen de visión o de ideas educativas y que aplican en su trabajo políticas conservadoras para preservar los equilibrios de poder y solventar los conflictos dentro de sus sistemas educativos.

El SNTE influye de manera determinante en muchos niveles del gobierno educativo. En los estados impone secretarios, subsecretarios y directores; controla a muchos directores de escuelas normales; influye diariamente en la vida de las escuelas; tiene presencia en muchas esferas del sistema, pero su intervención es guiada más por intereses políticos —gremiales o de grupo— que por intereses educativos.
El sindicato es una estructura de dimensiones pantagruélicas, herencia de la tradición corporativa y clientelar del viejo PRI. El Estado le otorgó al gremio desde su nacimiento posiciones de control que introducen confusión en el gobierno de las escuelas: por ejemplo, los directores y supervisores que son los encargados de dirigir el trabajo en las comunidades escolares —es decir, deberían ser autoridades—, son, sin embargo, “miembros de base” del SNTE.

Dicho en otras palabras: el SNTE afilia tanto a los profesores, como a sus jefes. Negocio redondo. Sin embargo, esta confusión en las relaciones laborales ha impedido que se establezca en las escuelas una cultura de trabajo basada en una distribución adecuada de responsabilidades y ha favorecido en cambio el relajamiento de la disciplina laboral, con los efectos negativos consiguientes sobre la educación.
La reforma de 1992 vulneró la unidad y funcionalidad global del sistema educativo en su conjunto al asignar a los gobiernos locales la administración de las escuelas y de su personal. La operación se fue a los estados, pero los estados no asumieron como propia la tarea de desarrollar proyectos educativos locales que dinamizaran pedagógicamente al sistema y lo indujeran a producir mejores resultados.

En cierta forma las iniciativas e ideas siguieron proviniendo del gobierno federal. Pero con la descentralización el gobierno federal perdió contacto directo con las escuelas, de modo que las nuevas políticas federales tuvieron que ser filtradas, necesariamente, por la “meso-estructura” burocrática de los estados y en este nivel, invariablemente, se ha producido el fenómeno de “teléfono descompuesto”.
La puesta en práctica del Sistema Profesional Docente puso en evidencia notables fallas de comunicación federación-estados que fueron subsanadas con medidas momentáneas e improvisadas, pero no de forma estructural. En fin, estos son algunos problemas de gobierno del sistema educativo.