No soy aficionado al futbol, extraigo la metáfora de Defensa cerrada de la novela de Petros Márkaris del mismo título. Cuando un equipo lleva una ligera ventaja y la quiere proteger o, si no va de gane y no desea perder por un margen amplio, se encierra en la protección de su portería. El INEE practica esa estrategia, apela al árbitro (el Congreso) para evitar que el gobierno le meta goles y a los jueces de línea (actores sociales) a que impulsen el juego limpio. Pero el asunto no es deportivo sino de juegos de poder.

Desde que se anunció su autonomía, en el Pacto por México, el INEE comenzó a recibir embates de varios frentes: de la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en primer lugar y, en segundo, aunque en competencia con la primera, de los líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Pero tenía de su lado al gobierno y a los partidos políticos más poderosos. No obstante, los retos para armar una nueva institución en corto tiempo eran mayúsculos.

Instrumentos del Estado evaluador —el conjunto de directrices coordinado desde el poder central— se maridaron con las urgencias de la Reforma Educativa y la consigna del Servicio Profesional Docente. Ello, con el ánimo de impugnar prácticas que habían impregnado de corrupción al sistema educativo mexicano. La más aberrante: la herencia y compraventa de plazas, también la renta de ellas en algunos estados.

Los grupos y docentes que se vieron afectados por la nueva institución que trataba de abrirse camino desde 2013, fueron los primeros en practicar la defensa cerrada de sus tradiciones. El grupo comandado por Elba Esther Gordillo, con la consigna de defender la escuela pública y a sus maestros; las cuadrillas agrupadas en la CNTE, con movilización y agresión a cualquier tema que implicara cambiar lo establecido.

El gobierno tenía instrumentos para validar su acción —el uso de la violencia legítima, por ejemplo—, el INEE no. Sin embargo, como cabeza del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, el instituto tenía que abocarse a la organización de concursos de ingreso al magisterio y promoción a puestos directivos. Con estos no hubo tanta bronca. Pero sí en la primera evaluación del desempeño de los docentes, en 2015. La propaganda de la CNTE —y los errores legislativos, del gobierno y del mismo INEE, concedo— causaron destrozos a su credibilidad. Aunque aceptó cierta culpa, la Junta se vio lenta en su respuesta. La dialéctica del enfrentamiento dio su primera vuelta. El instituto se puso a la defensiva; la iniciativa estaba en la otra cancha.

La carga contra el INEE arreció en la campaña electoral. Como candidato, el hoy presidente, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió con los dos grupos que lo apoyaron a abrogar la Reforma Educativa y a desaparecer el INEE. En su iniciativa de enmiendas al artículo 3º de la Constitución no apunta a la eliminación del instituto, sino a su concurrencia dentro del aparato de la SEP. No desaparece el INEE —tal vez tampoco parte de sus tareas centrales—, pero sí su autonomía.

Hoy el INEE —y su gente— sufre el hostigamiento del gobierno, de los tres grupos grandes del SNTE (a la CNTE y los fieles de la señora Gordillo se adhiere con fuerza propia el grupo mayoritario que comanda Alfonso Cepeda Salas). El instituto ejerce la defensa cerrada.

En su campaña Educación #ACiegasNo, el INEE engloba dos consignas: #AutonomíaSí y #NoALaVentaDePlazas. Ofrece datos: 246 mil 678 maestros ingresaron o se promovieron mediante concurso. Además, insiste en que su labor es verificar los perfiles (que elabora la SEP); analizar la congruencia de los exámenes con los perfiles; supervisar que las evaluaciones se apliquen conforme a las reglas —meritocráticas, agrego—; y atestiguar que los nombramientos se asignen de manera correcta.

Cierto, no lo hizo a la perfección —la chapuza no se derrota con los primeros tiros—, pero la Reforma Educativa fue un golpe a la tradición de la herencia y venta de plazas. Su eventual regresión es posible dado los juegos del poder que hoy favorecen a los grupos del SNTE.

El INEE basa su defensa cerrada en el no retorno de las usanzas corporativas. ¿Tendrá éxito?