El informe de los derechos humanos

• Carlos Ornelas
• 8 abril, 2015
• Opinión
• BULLYING, CNDH, Luis Raúl González Pérez, quejas por mala educación

Hace poco, el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, rindió el Informe de Actividades 2014. El inicio de su mensaje fue pesimista; acusó que la situación de los derechos humanos sufre la crisis más grave en los 24 años de la Comisión que preside desde noviembre del año pasado.

Es algo más que un informe. Es una toma de postura y un aviso de que habrá vientos nuevos en ese territorio. No sólo rinde cifras sobre quejas y orientaciones. También hace juicios de valor y condena con severidad la corrupción y la impunidad imperantes que le restan credibilidad a la política y a los funcionarios públicos. Habla en favor de los ciudadanos que reclaman justicia, legalidad y respeto a la dignidad humana.

Como lo destacaron Lilian Hernández y Juan Carlos Rodríguez este lunes en Excélsior, el Informe muestra que las quejas por mala educación crecieron respecto a los años anteriores. El informe no brinda datos precisos de personas y hechos, pero con los números ofrece una idea de las demandas sociales. Tal vez no todas las quejas sean violaciones a los derechos humanos. Por ejemplo, algún profesor reclama porque no ganó un concurso de oposición en una institución de educación superior o alguien que no recibió una beca del Conacyt. Pero la gente se anima a reclamar.

Este ánimo tiene dos caras. Una de ellas muestra que la prestación de servicios educativos es deficiente y que muchas instituciones no hacen su tarea. La otra cara es de esperanza. Los ciudadanos están cada vez menos dispuestos a dar por sentado que las cosas sean así y que no haya más qué hacer. La foto en Excélsior del padre de familia con la pancarta que dice: “No queremos luchadores sociales, queremos verdaderos maestros”, es elocuente del hartazgo de la ciudadanía por las huelgas y paros.

El reproche de ese padre no es nada más contra los maestros militantes que abandonan a sus alumnos; es una condena a las autoridades que no cumplen con las leyes ni hacen que quienes las violen reciban sanciones.

El Informe señala que en 2014 se registraron 22 mil 822 expedientes. De éstos, siete mil 22 fueron de queja (en los que se presume si hay potencial de violación de los derechos humanos), siete mil 299 de orientación directa, ocho mil 110 de remisión y 391 de inconformidad. La Comisión apunta a las autoridades que son presuntas responsables. La Secretaría de Educación Pública acumula 530 expedientes —aunque ninguno por una violación grave—, mas se sitúa arriba de los 487 de la Procuraduría General de la República y los 374 de la Secretaría de Marina.

El informe señala que prestar indebidamente el servicio de educación es causa de presunción de que los derechos humanos de los educandos fueron quebrantados. El Anexo 3 señala el número de quejas bajo escrutinio, este renglón es el número 1, con 428. Pero, atención, en el cuadro de la página 41, “Hechos presuntamente violatorios de los derechos humanos señalados con mayor frecuencia en los expedientes de queja”, la prestación indebida del servicio público encabeza la lista con dos mil 481. Más del doble de quejas por detención arbitraria.

El documento contiene una sección acerca del bullying que, aunque quienes lo practican no sean autoridades, es un fenómeno que éstas deben atender y no lo hacen. El bullying es el caldo de cultivo de una violencia mayor en el futuro. El pesimismo del ombudsman es razonable; la impunidad por la comisión de delitos y por los abusos de autoridad, la corrupción galopante y las condiciones de violencia imperantes dibujan a una sociedad en riesgo.

El lado optimista está en el reclamo que hace González Pérez: la sociedad exige vivir con seguridad y tranquilidad, contando con instituciones —y escuelas, agrego— democráticas que atiendan las demandas sociales. Causa digna de apoyo.

Retazos

Se agrava la descomposición social en Guerrero. El sábado, integrantes del Movimiento Popular Guerrerense que dijeron ser maestros, asaltaron el local del INE en Tlapa de Comonfort. Secuestraron a un funcionario, lo encerraron en una “cárcel comunitaria” y lo golpearon. El INE ya reclamó. Aunque los militantes de ese movimiento son pocos, son capaces de provocar caos. En la Secretaría de Gobernación subestiman su capacidad de movilización. Acaso piensen que los pueden tranquilizar con más prebendas.

*Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana

Carlos.Ornelas10@gmail.com