El documento publicado en el sitio de la Presidencia de la República es vasto y detallado. El tema educativo abarca casi 80 páginas y ahí se presentan avances en tres de los seis objetivos consignados en el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 (Prosedu).

Estos objetivos son: (1) “Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población; (2) [f]ortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo; [y] (3) [a]segurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa”. El resto de los objetivos están relacionados con deporte, cultura y ciencia.

Al repasar el Informe, uno puede conocer valiosas iniciativas que poco aparecen en el debate público actual. Por ejemplo, me entero que existe un programa llamado POETA (Programa Oportunidades para el Empleo a través de la Tecnología de las Américas) el cual, trata de favorecer la “inclusión laboral de personas de 15 años y más que padecen algún tipo de discapacidad” por medio del uso de las tecnologías de la información. Se dice que en el ciclo escolar 2015-2016 se atendieron mas de 7,900 estudiantes, lo que representó 23 por ciento más que en el ciclo anterior.

Asimismo, sorprende gratamente saber que la Secretaría de Educación Pública a través de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito elaboró un padrón de estudiantes con discapacidad visual (invidentes o baja visión) y produjo, según el Informe, 16,165 libros en formato Braille y 92,120 libros en formato Macrotipo. Estos libros amplían letras, ilustraciones, figuras y tablas para facilitar la lectura de personas con baja visión. En primaria, tenemos 10,173 niños que enfrentan este problema y en secundaria hay, desafortunadamente, 4,067 jóvenes con baja visión.

Pero, ¿qué limitaciones u omisiones presenta el Cuarto Informe de Gobierno en materia educativa? En primer lugar, hay poca referencia a las metas establecidas en el Prosedu 2013-2018. Esto es necesario para poder hacer un juicio más preciso sobre los avances y retrocesos de este gobierno en materia educativa. Excepto en los temas sobre eficiencia terminal, Escuelas de Tiempo Completo y tasas de abandono escolar en la educación media superior, no se encuentra una comparación entre lo realizado y lo planeado. Esto, creo, tendrá que ser materia del “otro informe” que hagamos los ciudadanos.

Un análisis adicional a los datos que presenta el Informe tendrá que realizarse en el caso de un tema central de la Reforma Educativa: la asignación de plazas docentes por concurso. El Prosedu establece como meta que, para el ciclo escolar 2018-2019, 100 por ciento de las plazas para educación básica deberán ser “contratadas” por Concurso de Oposición, ¿y cómo vamos, según el Cuarto Informe de Gobierno? Quién sabe.

El documento oficial es confuso, ya que reporta que en el ciclo escolar 2015-2016, hubo 130,765 sustentantes en este nivel, pero sólo se sometieron a concurso 11,752 plazas y 54,485 horas. De esos 130 mil participantes, sólo 64,402 (49 por ciento) obtuvieron un resultado idóneo. Entonces, si hay por un lado 11 mil plazas y por otro, 64 mil profesores acreditados, el déficit de puestos de trabajo es de al menos 53,000. ¿Tenemos estas plazas disponibles o hay que crearlas para que la Reforma Educativa haga realidad la idea del mérito? ¿En qué estados de la República y áreas de especialidad faltan o sobran maestros? En estos puntos el Informe es omiso.

Además, introduce una mayor confusión al decir que “[a]l cierre del ciclo escolar 2015-2016, se asignaron 35,521 plazas y 173,431 horas. ¿Y qué proporción del total de plazas disponibles son 35 mil plazas? ¿Vamos a alcanzar la meta consignada en el Prosedu o podremos ya ir visualizando que la federación y los estados no tuvieron la capacidad de cumplir con este punto de la Reforma Educativa?

El otro tema tratado mal y superficialmente en el Cuarto Informe de Gobierno es el rezago educativo. Como usted sabe, el rezago educativo lo componen las poblaciones de personas analfabetas junto con aquellas que no han concluido su educación obligatoria. Se calcula que en esta situación viven más de 30 millones de personas, es decir, un cuarto de la población de México. El Informe ofrece datos sobre el Índice Nacional de Conclusión de Estudios y afirma que la matrícula de educandos alfabetizados, “que concluyen la primaria y/o secundaria, se incrementó 41.9 por ciento”. Esto significa que, según el documento oficial, 1,467,110 personas concluyeron satisfactoriamente un nivel educativo durante septiembre de 2015 a agosto de 2016. ¿Por qué juntan a los sujetos alfabetizados con lo que concluyeron la primaria y secundaria? Dado que cada población es sujeto de programas y políticas distintas, sería ideal que se desagregara este indicador. De otra manera, parece un artificio de la SEP. La pregunta que debió responder el Informe es: ¿cómo ha evolucionado el rezago educativo en el periodo 2012-2016? Y adicionalmente dejar en claro si la secundaria sigue siendo el tramo educativo que alimenta esta problemática. El Informe dejó esta pregunta irresuelta.

Informar sobre el estado que guarda la Administración Pública Federal es efectivamente un ejercicio de rendición de cuentas, sin embargo, para que esto sea realidad, esperaríamos que el gobierno hiciera un mejor tratamiento de los datos. Mientras que en algunos temas educativos es profundamente detallado, en otros es omiso y parece que quisiera confundir. Los ciudadanos, por lo tanto, habremos de construir “el otro informe”, que deberá presentar un balance crítico del desempeño del gobierno actual. El informe no basta para tal propósito.

Profesor de la Universidad Autónoma de Querétaro (FCPyS).