¿Es merecida la cancelación del INEE?

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Rogelio Javier Alonso Ruiz*

El 12 de diciembre de 2019, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, presentó una iniciativa que considera la desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). Asimismo, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 contempla un recorte de casi la mitad (45%) de los recursos destinados al organismo. Ante tales hechos, la consejera presidenta del INEE, Teresa Bracho González, señaló que la reducción presupuestal y la posible desaparición de este instituto representa una afectación al equilibrio de poderes en la vida democrática de nuestro país, argumentando además que es indispensable contar con un organismo autónomo para conocer de manera confiable la realidad educativa mexicana. En este contexto, ante la inminente desaparición del INEE, vale la pena reflexionar por qué se desea lo anterior, pensar si existen alternativas a la extinción y valorar la importancia de la autonomía de éste o cualquier otro organismo que tenga tareas similares.

Contrario a lo que buena parte de la opinión pública pudiera pensar, el INEE no es producto de la Reforma Educativa de 2013: sus orígenes se remontan a hace casi dos décadas (2002), si bien a partir de 2013 alcanzó su carácter de organismo público autónomo. Fue en ese año que además se le asignaron tareas relativas al, en ese entonces, naciente Servicio Profesional Docente, tomando así mayor relevancia en el debate público y ganándose, merecidamente, una opinión negativa entre un sector importante de los docentes, al ser percibido como un organismo que avalaba una evaluación sumamente criticada e incluso descalificada no sólo por los docentes sino por expertos en el asunto.

El rechazo de amplios sectores del magisterio hacia el instituto se debe pues a su asociación con la evaluación docente. Cabe aclarar que, si bien el INEE no ha sido el responsable de la implementación de tal evaluación, entre sus facultades se encuentran, como se establece en el artículo 28 de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, “aprobar los elementos, métodos, etapas y los instrumentos para llevar a cabo la evaluación en el Servicio Profesional Docente”, así como “autorizar los parámetros e indicadores para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia” de los profesores. Dicho de otro modo, el INEE ha sido responsable de validar el qué y el cómo de la evaluación docente. Su responsabilidad es indiscutible ante una evaluación que fue percibida por el magisterio y por múltiples expertos en la materia como defectuosa técnicamente y con fines perversos en cuanto a la preservación de los derechos laborales del profesorado.

Considerando la autonomía del instituto para aprobar la evaluación docente, vale la pena preguntarse: ¿Por qué se empecinó, por ejemplo, en validar un examen de conocimientos cuando las mismas encuestas realizadas por el instituto publicadas desde 2016 hasta 2018, indicaban fallas importantes en cuanto al contenido, la duración y la redacción de la prueba escrita? ¿Por qué el INEE permitió una evaluación que sigue sin contemplar la observación directa del profesor ni mucho menos evidencias de desempeño, sino sólo de conocimientos y de producto? ¿Por qué avaló una evaluación cuya transparencia queda en entredicho, al no ser auditables, por ejemplo, los errores y aciertos que obtuvo un profesor en su examen de conocimientos? Interrogantes como las anteriores ponen en tela de juicio la voluntad para hacer valer la autonomía que legalmente se le ha conferido al INEE.

Aunque se puedan tener razones para estar en desacuerdo con el INEE, resulta riesgos retirarle su autonomía o bien crear en su lugar un organismo dependiente del poder ejecutivo. Estudios importantes como las series “Panorama educativo de México” o “La educación obligatoria de México” son algunos ejemplos de documentos generados periódicamente por el instituto que ofrecen información muy valiosa para conocer las condiciones educativas de nuestro país. Vincular o subordinar al instituto a la Secretaría de Educación Pública pudiera ser amenazante para garantizar la objetividad del análisis educativo que se realice a futuro. Coincidiendo con la apreciación de uno los consejeros del instituto, Eduardo Backhoff, al establecer que el INEE debe ser la conciencia crítica del sistema educativo, pudiera ser improbable lograr lo anterior si le es retirada su autonomía.

En suma, es indefendible la actuación que el INEE ha tenido a partir del surgimiento del Servicio Profesional Docente. Aunque estuvo consciente de las fallas, el organismo no ejerció el supuesto contrapeso ante las políticas evaluativas que emprendió el poder ejecutivo en los años recientes. No haber hecho valer su autonomía para desaprobar la evaluación docente, parece haber sido un error que originó el repudio de buena parte del magisterio y, por consiguiente, marcó el inminente destino del instituto.  Sin embargo, aunque es innegable que el INEE no ha ejercido a cabalidad la autonomía que se le ha conferido ni ha sido un contrapeso efectivo para las autoridades educativas, esto no debería significar una razón para que este instituto, o el que llegue en su lugar, sea ligado al poder ejecutivo, a través de la Secretaría de Educación Pública. Lo anterior sin duda tendría efectos nocivos en la vida democrática de nuestro país: el poder ejecutivo fungiría como juez y parte del hecho educativo. La continuidad de la autonomía del INEE no debería siquiera formar parte del debate público. Éste, en cambio, debería centrarse en las medidas para garantizar que el instituto fortalezca y ejerza su autonomía: buscar, por ejemplo, alternativas en los métodos de selección de sus consejeros, evitando la injerencia del Ejecutivo Federal, o bien, revisar y, en su caso, modificar las atribuciones que se le confieren al INEE. Así pues, valdría la pena reflexionar si la extinción o la pérdida de autonomía es un castigo justo y conveniente ante los errores que en el pasado reciente ha tenido el instituto.

*Rogelio Javier Alonso Ruiz. Docente colimense de Educación Primaria (Esc. Prim. Adolfo López Mateos T.M.) y de Educación Superior (Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima). Licenciado en Educación Primaria y Maestro en Pedagogía. 

REFERENCIAS

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. México: autor, 2013.

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