¿Hacia dónde va la gobernanza del sector educativo?

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¿Qué esquema de gobernabilidad del sector educativo estamos construyendo? ¿La recuperación de la rectoría de la educación por parte del Estado —que era necesaria— está derivando en un modelo de concentración de poder y en una recentralización de atribuciones? ¿Será efectivo este nuevo modelo de gobernabilidad? ¿Para quién? ¿Hacia dónde va la gobernanza del sistema educativo mexicano?

La gobernanza describe las relaciones entre sociedad y gobierno (Aguilar), en donde “se pierde el interés por el gobierno per se, privilegiándose su actuación por conducto de socios o mediante redes” (Pardo). Para algunos, la gobernanza es una “teoría que analiza la forma de tomar acuerdos” (Santizo) y para otros, es un “proceso mediante el cual los actores de una sociedad deciden sus objetivos de convivencia […] y las formas de coordinarse para realizarlos…” (Aguilar).

Bajo la idea de gobernanza, se asumen al menos tres cosas. Primero, que existen actores relativamente autónomos que actúan de manera independiente en los asuntos públicos; segundo, los actores operan en un marco de interdependencia (del Castillo); es decir, cada actor depende de los recursos de los otros para lograr los objetivos de las políticas y consecuentemente, tercero, la forma gobiernista de impulsar las políticas puede estar condicionada por las fuerzas del escenario plural.

Actualmente, es cierto que la Secretaría de Educación Pública (SEP) sigue proponiendo estrategias para el desarrollo de la educación básica, pero su actuación está mediada por las presiones —ahora ya no tan visibles, pero reales— de la cúpula del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Además, con la reforma actual, se ha ampliado el espacio para la intervención de agencias de evaluación autónomas como el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). 
La prensa escrita, además, es cada vez más atenta y profesional en su trabajo, lo cual sirve para alertar a la población de las omisiones y errores que los gobiernos cometen. Al hacer público el “desgobierno”, se crea un incentivo para que los servidores públicos y los representantes del gobierno rectifiquen y aclaren su proceder; claro, si es que éstos son responsables con la gente que los eligió; si no, ya nos veremos en las próximas elecciones.

Asimismo, la presión de algunas organizaciones civiles como Mexicanos Primero (MP) y de sus poderosos aliados como Televisa contribuye a que un nuevo esquema de gobernanza se vaya construyendo. Pero, el notable activismo y esfuerzo mediático de estas organizaciones de la sociedad civil (OSC), ¿está repercutiendo en una gobernanza que en verdad apuntale políticas educativas más efectivas? 

En estos escenarios de pluralidad y disputa, MP y otras OSC han colocado, con tesón y buena publicidad, puntos importantes para la configuración de la agenda educativa como el de la transparencia de fondos y la formación docente. Pese a estos aciertos, a algunas de ellas se les ha cuestionado la ligereza para presentar datos del sistema educativo, su incapacidad para rectificar, su visión utilitaria de la evaluación, sus ligas con los poderes fácticos como Televisa —que es un ente igual de anti educativo que el CEN del SNTE— y una extraña posición de autosuficiencia: “antes de mí, no se hacía nada”.

Curiosamente, las destrezas mediáticas y alto perfil de algunas OSC incomoda en algunos círculos académicos y de investigación. Para varios colegas investigadores de la educación, el activismo de MP y otras OSC les ha abierto mayores espacios de interlocución con los servidores públicos que el logrado por el trabajo académico. “El ruido de datos, mas o menos bien procesados, asusta más a la SEP que el matiz y rigor presente en los resultados de la investigación. Por eso los oyen y les hacen caso”, me comentó una querida colega.

Sinceramente, no me parece sensato subirse al púlpito y ver con superioridad el trabajo de investigación sobre el que puede hacer una OSC. Si uno u otro actor comete errores o presenta información sin fundamento y validez, existe la libertad para debatirlo públicamente. Hay que dialogar, dar la cara y no sacarle la vuelta a la discusión y a la confrontación intelectual. Con cuchicheos, creo, no se construye un mejor esquema de gobernanza del que tenemos. 

Así como a Mexicanos Primero y a otras OSC les vendría bien un ejercicio de autocrítica, los académicos e investigadores independientes también tendríamos que reflexionar sobre nuestras prácticas. En primer lugar, sería muy importante discutir para qué queremos construir una relación de interlocución con los servidores públicos. ¿Para tratar de orientar los procesos de política educativa o sólo para aparecer en la foto con el secretario de Educación Pública? ¿Buscamos chamba o la verdad? ¿No habrá otros caminos para lograr que el conocimiento se utilice en beneficio de las niñas, niños, jóvenes y comunidades escolares? 

La construcción de la gobernanza de la educación básica de México es un proceso interesante, plural y no exento de conflictos y disputas; pero aún no es claro si tal esquema de gobernabilidad va a imprimirle mayor eficiencia a las políticas. Quizás esta potencialidad aparezca de manera más clara cuando cada uno de nosotros seamos conscientes de nuestra responsabilidad pública.

Publicado en Campus milenio

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