La austeridad republicana en educación superior

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En la campaña presidencial, el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador (AMLO) consideraba combatir frontalmente la corrupción. La propuesta sonaba justa en este país con profundas desigualdades económicas y sociales que se reflejan en más de 50 millones de pobres, un puñado de familias ricas y la presencia de algunos de los más ricos del mundo según la revista FORBES.

Sin embargo, la propuesta de combatir y eliminar la corrupción pasó de quitar las pensiones a los ex presidentes, los sueldos ofensivos de funcionarios y los gastos onerosos, a una política de austeridad republicana para todas las dependencias gubernamentales e instituciones públicas.

En ese tenor, la reducción del financiamiento a las universidades y centros de investigación CONACYT no fue un “error” (como le llamó el presidente), ni un castigo por los escándalos de corrupción de la Estafa Maestra donde se vieron implicadas varias Instituciones de Educación superior(IES). Si hubiera sido de esta manera, sólo se debió castigar a los implicados. Por ende, la reducción del financiamiento a educación superior más bien es parte de la política de austeridad republicana.

En diciembre del año pasado, el presidente AMLO lanzó una iniciativa de reforma al artículo 3ro constitucional (fracción VII). Nuevamente esta iniciativa tuvo un segundo error, un “olvido técnico” de la autonomía universitaria. Pero según el psicoanálisis, un error, un olvido, un chiste, son una especie de proyección del inconsciente y de lo que en verdad queremos o deseamos.

En ese sentido, “el olvido técnico” de la autonomía, no lo era. Para el nuevo gobierno la autonomía aparece como parte de la opacidad, falta de transparencia y corrupción que se vive en las instituciones universitarias. La reducción del financiamiento, se basa en la desconfianza y la política de austeridad republicana de “hacer más con menos”.

Pero concedamos, por un momento, que en el sistema de educación superior hay un nicho de privilegios. Diríamos junto con Angélica Buendía “Bienvenida la política de austeridad hacia las instituciones de educación superior si se enfoca en: 1) eliminar gastos que no son prioritarios para el desarrollo de las funciones sustantivas; 2) reducir los ingresos de las autoridades unipersonales y de la alta burocracia que perciban cantidades muy superiores a otros sectores académicos y administrativos; 3) lograr una proporción adecuada de personal entre funcionarios, personal de base y de confianza, pertinente para el desarrollo de las funciones académicas” (El Universal, 14 de marzo del 2019).

Estas tres propuestas de “hacer más con menos” han comenzado a operar con distinto grado de avance en las IES. La UNAM y el TECNM sirven de ejemplo.

La UNAM (Gaceta UNAM, 14 de enero del 2019) publicó su programa de racionalidad presupuestal para el 2019 que contempla 27 medidas de austeridad ordenadas en dos políticas institucionales. La primera de ellas en materia de servicios profesionales, prestaciones y estímulos. Es decir, no habrá creación de plazas académico-administrativas, de confianza, ni administrativas de base; no se otorgará incremento salarial al personal con nombramiento de funcionario de los niveles 1 al 8; y habrá una disminución en un 20% en materia de servicios personales, prestaciones y estímulos (relacionados con tiempo extraordinario y compensaciones extraordinarias).

La segunda política institucional de ahorro es en servicios y materiales de consumo y aplica para: viáticos para el personal y pasajes aéreos (10%), reuniones de trabajo (50%), no realizar erogaciones para eventos de fin de año; y no habrá adquisición de vehículos salvo a las dependencias de nueva creación.  

También el TECNM ha apostado por estrategias de austeridad en sus funciones adjetivas para el año 2019, las cuales se reflejan en la reducción de: gastos por concepto en alimentación; viáticos y pasajes nacionales e internacionales; gastos por servicio de arrendamiento; gastos en simposios, convenciones, exposiciones, eventos y/o espectáculos académicos, culturales y deportivos; gastos para el control en las actividades de mantenimiento y servicios a oficinas; gastos en subcontratación de servicios a terceros; gastos para la adquisición de vehículos y/o equipos de transporte; contratación de servicios consolidados; gastos por lubricantes y aditivos; gastos por concepto de tecnologías de la información y la comunicación; gastos por servicio de telefonía; gastos en energía eléctrica y agua potable; bienes en custodia; gastos de servicios de publicación; y gastos en materiales y útiles de papelería (Estrategias de austeridad, transparencia y rendición de cuentas del Tecnológico Nacional de México, 2019).

Respecto a la segunda propuesta (que señala Angélica Buendía) sobre la reducción de los ingresos de las autoridades unipersonales y de la alta burocracias, se dieron los casos de buena voluntad del rector de la UNAM y del director del IPN. Sin embargo, esta acción no tuvo eco en el resto de las IES.  Por ende, quizá aquí tenga un papel clave la ANUIES para establecer un compromiso de las IES afiliadas.

De la misma manera podría ayudar la voluntad y el esfuerzo entre el nuevo gobierno y las universidades para la des-burocratización de la universidad ocasionada por los múltiples programas de financiamiento extraordinario, vigilancia, etc. Evidentemente esto es todo un reto considerando que es más fácil complicado todo y es más difícil hacerlo más sencillo.

Dejemos hasta aquí las huellas y las propuestas de la austeridad republicana en las funciones adjetivas de la universidad. En otro momento, habrá que pensar los riesgos de esta austeridad republicana y sus enormes costos en la calidad educativa, la cobertura y la equidad educativa.

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Sobre César García García

Tecnológico Nacional de México/CIIDET. Twitter: @cesar_garcia131

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