La educativa. Crónica de una reforma anunciada

• Erick Juárez Pineda
• 1 septiembre, 2013
• Política Educativa
• CNTE, reforma educativa

 En el primer mensaje público que Enrique Peña Nieto dio a la nación como presidente,  explicaba las primeras doce acciones de su gobierno, y entre ellas anunció una reforma que busca modernizar el marco jurídico para garantizar mayor equidad y asegurar la elevación  de la calidad en la educación del país.

Al día siguiente, 2 de diciembre de 2012, el titular del Ejecutivo se reunió con los representantes de las principales fuerzas electorales del país, para firmar el Pacto por México, un acuerdo político que compromete a legisladores y dirigentes nacionales de los distintos partidos, a impulsar juntos una agenda nacional que contempla distintas reformas estructurales que “modificarán sustancialmente la vida democrática, política, social y cultural, del país” .

Entre estos acuerdos, se mencionaron distintos puntos que modificarían las actuales leyes en materia educativa, planteando principalmente tres objetivos: el aumento a la calidad de la educación básica reflejado en el mejoramiento de evaluaciones internacionales como PISA, incremento de la matrícula y la calidad de la educación media superior y superior y la recuperación de la rectoría del Estado mexicano en el sistema educativo nacional.

Así, el 10 de diciembre, 8 días después de firmado el pacto, Peña Nieto, acompañado de Emilio Chuayffet , secretario de Educación Pública y los dirigentes de los partidos firmantes,  entregó al Congreso de la Unión la iniciativa de reforma constitucional en materia educativa, en un acto en el Museo de Antropología, donde la notable ausente fue la ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo Morales, quien hasta entonces se perfilaba como una de las mujeres más poderosas e influyentes de la vida política nacional. Ya se preparaba su destitución y el desmoronamiento de su control magisterial.

La propuesta de reforma contenía elementos que “realmente modificarían las formas del desarrollo educativo”. Chuayfett declaró que con esta reforma se establecerían las bases para el Servicio Profesional de Carrera Docente: “habrá reglas claras y precisas, para que todo aquel que aspira a ingresar, permanecer y ascender como maestro, director o supervisor, lo haga con base en su trabajo y sus méritos, garantizándoles plena estabilidad laboral. De aprobarse la reforma por el Constituyente Permanente, dejará de haber plazas vitalicias y hereditarias en el Sistema Educativo Nacional. Esta reforma incluye también la creación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, que identificará, de manera objetiva e imparcial, las necesidades de mejora de maestros, directores, supervisores, escuelas y autoridades. Se prevé una propuesta para dotar de autonomía plena al Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), consolidando un sistema de evaluación integral, equitativo y comprehensivo, adecuado a las necesidades y contextos regionales del país”.

Recibida por la Cámara de Diputados, se envió para su estudio y análisis a la Comisión de Puntos Constitucionales con opinión de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos el día siguiente, 11 de diciembre de 2012.

Finalmente, el  19 de diciembre la  Cámara de Diputados  presentó la iniciativa con cinco modificaciones realizadas en ambas cámaras, aprobándose en lo general y particular. Posteriormente se regresó al Senado de la República para efectos del artículo 72 constitucional, que establece una última revisión a las iniciativas, retornando a los diputados  la discusión OCHO MESES después, para su aprobación y, en su caso, publicación.

No deja de ser curioso, por calificarlo de alguna manera, que la discusión final de las leyes que contempla el paquete de reforma educativa se devolviera a la Cámara Baja en plenas vacaciones de verano y que coincidiera su discusión en un periodo extraordinario de sesiones con el inicio del nuevo ciclo escolar.

Con varios días de anticipación, los gobiernos locales (Oaxaca y Michoacán, particularmente, donde la CNTE domina la política magisterial), el federal y el de la ciudad de México supieron de las movilizaciones que se cocinaban para intentar detener la discusión, aprobación y publicación de las tres leyes que contempla la reforma educativa propuesta por el Ejecutivo.

Así, a nadie tomó por sorpresa cuando la ciudad de México comenzó a ser el centro de reunión, primero silenciosa, luego escandalosamente, de miles y miles de maestros llegados del interior del país.

La CNTE, protagonista del caos que priva en la capital del país la víspera del primer informe presidencial de Enrique Peña Nieto, amenaza no sólo con marchar  este lunes y los días siguientes por las arterias principales de la ciudad, también comienza a escalar su intento de contención de la inminente aprobación de la tercera ley de educación del paquete de reformas, la más polémica y la que encierra de facto la “amenaza” a su estatus magisterial: la Ley del Servicio Profesional Docente, cuya discusión fue suspendida en el periodo extraordinario por un cerco al Palacio Legislativo por varios miles de maestros que incluso intentaron entrar por la fuerza al Congreso y que hacia las 11 y media de la noche de anoche fue avalada por el pleno de la Cámara de Diputados.

No obstante las constantes movilizaciones magisteriales toda la semana pasada y el desquiciamiento vial que ha tomado por asalto a la ciudad de México, que ha polarizado peligrosamente la percepción que la ciudadanía tiene del conflicto, la clase política encargada de negociar con el magisterio, declaró sin tapujos que “se aprobará sin problema alguno la ley del servicio profesional docente”, cosa que sucedió tal cual en la primera sesión del nuevo periodo ordinario de sesiones.

Así las cosas con la reforma educativa, y frente a la inminente discusión y apuesta del gobierno federal por la aprobación de la reforma energética, Enrique Peña Nieto llega a su primer informe fuertemente cuestionado en varios frentes.

En Educación Futura estamos atentos al contenido del informe presidencial, no sólo en materia educativa, para aportar al debate y discusión que permitan distender el ánimo álgido que reina en nuestras calles, y en el debate político.

Erick Juárez y Horacio Ortiz. Educación Futura