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La era de la bestia

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Adrián Acosta Silva

El conflicto magisterial encabezado por la CNTE desde hace ya varias semanas, es una buena estampa (colorida, conflictiva, dramática) de los problemas que enfrenta todo intento de reforma de la acción pública en sectores específicos, en este caso, el de la educación básica. El desarrollo del conflicto, que va del anuncio que el Presidente hizo de la reforma educativa en diciembre del año pasado, en su toma de posesión, hasta el desalojo del Zócalo el 14 de septiembre y las negociaciones de la CNTE con la Secretaría de Gobernación la primera semana de octubre, pasando por el golpe mediático, político y judicial derivado de la detención de la profesora Gordillo a principios del 2013, ha colocado un conjunto de intereses y posicionamientos en el centro del debate público. Lo que hemos visto a lo largo de este año intenso es un juego de poder entre reformadores y bloqueadores de las reformas, o, para decirlo en términos un tanto más técnicos, o  clásicos: la formación de una coalición reformadora vs. la resistencia de una fuerza  de bloqueo a las reformas. Es un espectáculo en el cual “la política de las políticas”  está en el centro del pleito, una postal de conflicto y poder de nuestra “era de la bestia” en el campo educativo nacional.

Desde esta perspectiva la iniciativa, o la ofensiva política,  la ha llevado claramente el Presidente y su equipo más cercano de asesores y consejeros. Reformar la educación básica, colocando en el centro del proyecto el tema del profesorado, constituyó la decisión estratégica, la pieza central de la iniciativa presidencial. Con un lenguaje orientado a aglutinar la mayor parte de los consensos en torno a los aspectos críticos de la educación (baja calidad, ausencia de evaluaciones significativas, hiper-politización y corrupción sindical, la iniciativa de reforma constitucional, la autonomía del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el nombramiento de una nueva Junta Directiva de ese organismo, la creación del servicio profesional docente), la coalición promotora de la reforma  confeccionó un discurso con el cual atrajo rápidamente no solamente a los partidos a través de esa plataforma política restrictiva y vinculante que es el  “Pacto por México”, sino que concentró también las simpatías de grupos de presión y de interés como el de Mexicanos Primero, los organismos empresariales, buena parte de la opinión pública ilustrada, de destacados intelectuales y no pocos líderes sociales. Pero el apoyo duro y rudo a la reforma es, como debía esperarse, del SNTE, cuyos dirigentes, luego de la caída de Gordillo, rápidamente se alinearon frente al liderazgo presidencial, colocándose como promotores entusiastas y convencidos de las bondades de la reforma planteada.
En el lado opuesto de la arena, la CNTE se colocó al frente de la oposición, en condiciones desventajosas.  Cargada con mala fama entre medios y analistas, reacia al diálogo con las autoridades federales, simpatizante de la calle como espacio casi exclusivo de expresión política, la Coordinadora y sus dirigentes constituyen un personal difícil de tratar. Sus usos y costumbres son una combinación de un discurso de izquierda radical ochentera (críticas al neoliberalismo, arengas contra la pseudo-democracia mexicana, exigencias de cambio en la conducción gubernamental), con la persistencia de estilos de negociación basados en los viejos métodos del corporativismo priista de los años  sesenta (personalización de las negociaciones con autoridades locales, arraigo entre ciertos núcleos del profesorado, fortalecimiento de su legitimidad como representante de sus agremiados). Es curioso -tal vez lógico, mirado desde cierta perspectiva-  como ese híbrido que es la CNTE se incubó en los estados más “priistas” de la república, es decir, aquellos donde el PRI no perdió la gubernatura sino hasta hace muy poco tiempo (Oaxaca, Guerrero) o no la ha perdido jamás (Veracruz), y esa historia aún espera ser relatada con precisión y profundidad. Pero el hecho es que, en un contexto de deterioro político de la política educativa, de programas simbólicos y de alianzas frágiles (la del SNTE  con el oficialismo priista desde la política de federalización de la educación básica hasta la alternancia política,1990-2000, y con el oficialismo panista durante los dos sexenios pasados, 2000-2012), la CNTE fortaleció su poder e influencia como corporación opositora y como organización política. La movilización anual que mayo con mayo, año con año, desde hace más de 20  realizan numerosos contingentes estatales de la Coordinadora a la sede de la SEP y al zócalo capitalino, se convirtió en un ritual de consolidación de sus señas de identidad: el empleo del lenguaje político rudo de la calle, bloqueos de avenidas y carreteras, toma de escuelas y plazas, el paro magisterial, la presión por aumentos salariales y el mejoramiento de condiciones de trabajo, prestaciones, inamovilidad laboral, incremento en el número de plazas docentes, críticas a la dirigencia del SNTE, acuerdos puntuales con padres de familia y poderes  municipales y estatales.
Sin embargo, esa identidad ha tenido dos efectos importantes en el contexto actual. De un lado, ha endurecido las posiciones al interior de la Coordinadora. Por el otro, la ha aislado de convocar a un número mayor de organizaciones y fuerzas políticas. Ni siquiera MORENA o el SME, dos fuerzas que podrían coincidir en el apoyo a la coordinadora, han logrado sumarse de manera decidida y clara a las demandas de la organización, y sólo algunos grupúsculos y tribus anarquistas han logrado colarse a las fuerzas el movimiento. En esas condiciones, la CNTE se ha convertido en una fuerza potente pero aislada, incapaz de convocar a una verdadera coalición contra-reformadora, capaz de equilibrar las fuerzas que se enfrentan en torno al proyecto reformador, y que obligue a una negociación de los momentos y alcances de la implementación de los cambios impulsados por la SEP. Atrapada entre un discurso polarizador y hostil ante cualquier intento de transformación educativa, pero sin un proyecto propio, coherente, capaz de convencer a otras fuerzas a unirse a sus causas, la Coordinadora se ha sometido a un desgaste brutal, a una sobre-exposición pública donde las críticas y los abucheos  mediáticos y de no pocos ciudadanos han comenzado a cobrar la factura a sus dirigentes y al propio movimiento.
Por su parte, “la máquina de las reformas” (como les denominó en diciembre un eufórico diputado y connotado dirigente priista, Manlio Fabio Beltrones)  ha seguido su curso. Pasó del análisis y de los foros a las iniciativas y a los proyectos de reformas, logrando pasar por la aduana del congreso, de la mayoría de los congresos estatales  y por supuesto  del  SNTE.  La mayor parte de los partidos políticos han apoyado esa reforma, y no pocas organizaciones y miembros del círculo rojo se han sumado con entusiasmo a la iniciativa presidencial. Esto coloca a la coalición reformadora en una posición de fuerza frente a sus adversarios, una condición que debilita significativamente la resistencia de la Coordinadora y divide a sus liderazgos.
En estos momentos lo que está en juego es la legitimidad y la factibilidad política de la iniciativa reformadora peñanietista. Y eso recuerda los acordes de la vieja música de los problemas de gobernabilidad, de sus déficits institucionales y de los modos de gestión política que aseguraron en el pasado reciente cierta “estabilidad conflictiva”, basada en intercambios de posiciones, recursos y comportamientos magisteriales. La CNTE está jugando claramente a bloquear la implementación de la reforma en las escalas locales, principalmente entre aquellas en las que mantiene una fuerza importante (Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Veracruz). El gobierno federal y la mayor parte de los gobiernos estatales están endureciendo sus posturas y presionando para debilitar la oposición a las reformas, y generar mayores recursos e instrumentos para su implementación en el sistema y en las escuelas. Si la política es un juego de ajedrecistas y no de ángeles, los tableros, las piezas y los jugadores están hoy en el centro del espectáculo.
Sobra decir que, según enseñan las lecciones de muchas experiencias reformadoras, el problema de la implementación de las políticas es el verdadero problema político de las políticas públicas, pues ello requiere de mantener umbrales positivos o manejables de gobernabilidad institucional. Movilizar a la burocracia educativa federal y estatal, promover el conocimiento preciso del alcance de  los cambios en las formas de evaluación, promoción y contratación del profesorado, así como vincular claramente los efectos de estas reformas en la calidad de la educación, en el mejoramiento de los procesos de enseñanza y de aprendizajes de niños y jóvenes, forma parte de las actividades de persuasión, argumentación y coerción propias del ejercicio de la autoridad en el sector educativo como también en cualquier otro campo de la acción pública.  Pero existen cuestiones políticas y de política educativa que forman parte de la complejidad del asunto, y generan cuestiones que aún aguardan respuestas por parte de los reformadores. Como reza el lugar común en política pública, cualquier proyecto reformador es esencialmente un buen conjunto de hipótesis sobre comportamientos institucionales y sociales que solo pueden demostrarse en el proceso de instrumentación de las acciones y de su evaluación expost. Las sombras de la ingobernabilidad asoman en el horizonte, con el ruido de la desinstitucionalización y desestructuración política del sector educativo que hemos observado en los últimos meses, y perfilan un panorama complicado para reformadores, contrareformadores y simples espectadores.  Parafraseando a Yeats: una bestia terrible ha nacido.

Publicado en Campus Milenio.

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