La OCDE y la Educación Superior

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Eduardo Gurría B.

Aunque existe una Ley de Coordinación de Educación Superior (LCES), esta se promulgó en el año de 1978, durante el gobierno de José López Portillo, lo que la hace ya inadecuada en el contexto de la modernidad y, aunque se han llevado a cabo foros de análisis al respecto, aún no se han establecido los acuerdos y criterios que deban regir a las IES (Instituciones de Educación Superior), con base en una normatividad para las universidades, tanto públicas, como privadas.

Sin embargo, a instancias de la SEP en 2018, la OCDE (2019) publicó un breve resumen en un documento llamado El Futuro de la Educación Superior en México, en el que se analizan, de manera sucinta, las fortalezas y debilidades que privan en el ámbito de la educación superior.

Por un lado, existe una discrepancia entre la información que presenta la OCDE y otras referencias en cuanto al número de alumnos inscritos en el nivel superior, ya que la OCDE habla de 4.5 millones, mientras que Unión Guanajuato sitúa la cifra en 3.6 millones, lo que hace significativa la diferencia, pero, a pesar de ello, se sabe que la población estudiantil universitaria va en aumento (16 a 23% en los últimos años de los jóvenes en edad universitaria), siendo que la oferta educativa es de 5343 instituciones a nivel superior en todo México, repartidas según la demanda poblacional: el Estado de Puebla con 486, como la entidad con mas universidades, y Baja California Sur con 35, como la entidad con menos.

Otro aspecto a considerar se refiere a la división que existe entre la oferta pública y la oferta privada que presentan diversidad en cuanto a la implementación de los planes de estudio, ya que si bien, las universidades públicas son sustentadas con fondos federales, también gozan de autonomía y no existe una federalización al respecto, por la propia autonomía de las entidades federativas -la misma LCES no es clara al respecto-, y, en cuanto a la oferta privada, esta es aún mas diversa, ya que se regula e implementa de acuerdo a la competencia, la demanda, los recursos, etc.

En el documento de la OCDE referido, se presentan algunas conclusiones sobre el estado general de la educación superior en México, a la vez que se plantean recomendaciones para subsanar las deficiencias en la educación universitaria.

Como se mencionó, existe un descuido general en cuanto a los planes de desarrollo, lo que dificulta el establecimiento de líneas de acción objetivas; esto también evita un impacto significativo del profesionista en el marco socioeconómico, ya que no existe una información precisa o uniformidad en cuanto al perfil de los egresados.

Por otro lado, el destino del financiamiento por parte de la federación, y por la propia autonomía, no queda esclarecido de forma confiable, es decir, no hay transparencia en el manejo de los recursos, sobre todo tomando en cuenta que el gasto anual por estudiante universitario es significativamente alto.

También, y como se mencionó, al no contar con una legislación actualizada, la adecuada acreditación y la calidad de la misma quedan en entredicho, ya que no todas las universidades cuentan con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) de la SEP, para las instituciones privadas, lo que no favorece a   las IES para la obtención de registros de calidad mínimos y aceptables a favor de sus egresados, a pesar de la enorme inversión que representa estudiar una carrera o un posgrado en una universidad particular.

Ante toda esta problemática la OCDE propone una serie de medidas encaminadas a la mejora que pueda garantizar profesionales capaces de cumplir con las expectativas que representa la formación universitaria, para el bien de la comunidad y para el bien de los mismos estudiantes, en cuanto a la calidad y la equidad, y dejando a un lado criterios politizados y/o de escritorio, como las reformas educativas, la NEM y otras retóricas sustentadas en el oficialismo.

  • Calidad de las IES y la Ley de Coordinación de Educación Superior (esta, por supuesto tendría que ser actualizada).
  • Uniformidad en los criterios de evaluación.
  • La creación de un sistema eficaz de estadísticas que brinde información confiable.
  • Objetivos y tareas claramente establecidos y que sean implementados en forma general.
  • La generación de un organismo a nivel nacional para el aseguramiento de la calidad mediante las agencias acreditadoras existentes, como sería el caso del CENEVAL.
  • Programas sustanciales y competitivos encaminados a la acreditación externa.
  • Cohesión en los programas y currículas de posgrados (maestría y doctorado).
  • Obligatoriedad para todas las instituciones privadas del RVOE; esto evitaría el surgimiento y proliferación de las universidades llamadas “patito” y, por supuesto la pérdida de tiempo y dinero por parte de los estudiantes.
  • Apoyo a las IES pequeñas.
  • Fortalecimiento de las escuelas superiores tecnológicas, con los mismos parámetros ya mencionados.
  • Terminar con el verticalismo de las escuelas normales, mediante el establecimiento de nexos con la Universidad Pedagógica Nacional (UPN).

Otro aspecto a considerar tiene que ver con el entorno social y con la equidad, lo que nos lleva a pensar en las serias diferencias sociales, de género, etc. que existen en nuestro país y, en general, en toda la América Latina, cuando al interior de los entornos menos favorecidos se presenta la imperiosa necesidad de una educación equitativa, la necesidad de becas de manutención y de estudios para los aspirantes menos favorecidos y su eventual proyección hacia la acreditación externa, ya que existe mucho potencial desperdiciado, esto, en un país cuya ventaja es el bono poblacional.

Sin duda alguna, contamos con excelentes universidades, no solo las mas caras o las mas prestigiosas; existen IES relativamente pequeñas que cumplen perfectamente con el objetivo de ofertar una educación superior de calidad, pero también es cierto que han venido proliferando escuelas que se ostentan como universidades y que no cumplen con los requisitos mínimos para serlo y que resultan negocios muy lucrativos a costa de las expectativas de los jóvenes, quienes, al egresar se encuentran con que es, precisamente, su “Alma Mater”, el principal obstáculo para continuar con un posgrado o para ingresar al mercado laboral, lo que los sitúa nuevamente en el estatus de la inequidad.

REFERENCIAS

 Decreto para la expedición de la Ley de Coordinación de Educación Superior (24/12/1978) 

https://www.oecd.org>educacion Evaluaciones Políticas Nacionales de Educación.  El Futuro de la Educación en México.

http://www.unionguanajuato.mx/articulo/2017/03/07educacion/cuantas-universidades-hay-en-mexico

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