La reforma educativa en la globalización (y IV)

• Carlos Ornelas
• 25 octubre, 2017
• Opinión
• Carlos Ornelas, reforma educativa

Los dos miércoles anteriores expuse cómo explicarían la Reforma Educativa del gobierno de Peña Nieto los abanderados de la teoría de la cultura mundial y los del neoimperialismo cultural. Hoy expongo la visión del prestamista y el prestatario. Jeremy Rappleye advierte que la transferencia de modelos de reforma educativa —un fenómeno conocido como préstamo de políticas— no debe entenderse como copia, emulación, convergencia, difusión o hipoteca (Cf. Exploring Cross-national Attraction in Education, Oxford, Symposium, 2007)

Las ideas centrales del enfoque del prestamista y el prestatario se caracterizan por ocuparse de actores locales y por estudiar la “lógica social” de los sistemas para explicar por qué las prácticas y las creencias del pasado perduran en el presente y cohíben la recepción y ejecución de las políticas importadas. Varios autores califican el estatus de la globalización como el relato hegemónico que a menudo conduce a realizar análisis que no toman en cuenta la historia ni las condiciones nacionales. El marco interpretativo de la transferencia de políticas considera el poder constitutivo del sistema nacional y, por ende, señala la importancia de analizar motivos, procesos y resultados de las reformas educativas importadas en un contexto particular.

Los partidarios de esta tendencia dirían que si bien la reforma del gobierno de Peña Nieto retoma porciones del Informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos de 2010 (Mejorar las escuelas: estrategias para la acción en México), su propósito central fue político, se trataba de disminuir la influencia en el sistema escolar de un poder constituido, el del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que se había apoderado de la rectoría de la educación nacional. Los signatarios del Pacto por México tenían claro que la reforma no avanzaría —o se mediatizaría como las que emprendieron los gobiernos de Carlos Salinas y de Felipe Calderón— si no se acometían de frente las tradiciones corporativas que, desde la perspectiva plasmada en el Pacto, producía una educación de baja calidad, costosa, plagada de relaciones corruptas que degradaban la posición de México en el contexto mundial.

Los motivos expresos de la propuesta de reforma desencadenaron procesos de cambio que pusieron en acción a actores tradicionales (partidos políticos, SNTE, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación) y organizaciones de la sociedad civil que irrumpieron en la coyuntura.

Para encausar la discusión de la reforma, los partidos políticos echaron mano del bagaje que la OCDE había propuesto, en especial para la formulación del servicio profesional docente, pero no adoptaron —ni siquiera insinuaron— dos de las premisas más queridas del movimiento neoliberal de reforma educativa: “privatización y libertad de elegir”. Cierto, el gobierno y el Congreso federal desplegaron el proyecto en enmiendas constitucionales, elaboración de leyes donde incorporaron partes del discurso neoliberal y la creación de nuevas instituciones. Pero el contexto nacional dictó otras condiciones que, si no contradecían por completo las propuestas de la globalización, sí divergían de ella.

Para el gobierno y para los partidos que se aliaron a él para dilucidar el paquete de reformas estructurales, el asunto político y simbólico era más importante que seguir un guión prescrito por el orden global. Las motivaciones de los actores nacionales pesaron más que las de organismos intergubernamentales.

Sin embargo, tanto en el Pacto como en las iniciativas de reforma constitucional y nuevas leyes, el gobierno retoma las porciones importantes del informe de la OCDE para alinear a los maestros a un esquema de profesionalismo, disminuir la influencia de la tradición normalista ligada al SNTE, poner el acento en la calidad educativa y algunas otras como rendición de cuentas. Pero rechaza —contradice de manera expresa— las sugerencias de descentralizar y otorgar más facultades a los estados.

Tanto en el discurso político, cuanto en los esbozos de cambio institucional, las propuestas globales se manifiestan como telón de fondo, como un aparato de apoyo, algo que el gobierno pide en préstamo para lograr fines propios.

Sin desdeñar las aportaciones de las otras dos teorías, pienso que el enfoque del prestamista y el prestatario es más atractivo porque considera la dialéctica entre lo global y lo local.