Los maestros, entre la desconfianza y el desprecio

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MANIFESTACIÓN DE MAESTROS DEL CNTE

Jorge Javier Romero Vadillo

Finalmente, con la creación por decreto de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, culminó la parte normativa de la reforma política del sistema educativo, casi un año después de que fue anunciada por el presidente Peña Nieto, en su discurso de toma de posesión.

La reforma constitucional de febrero pasado, abrió una gran oportunidad para la transformación del arreglo corporativo y clientelista, desarrollado durante el régimen autoritario, el cual había concedido al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) la administración de buena parte de los recursos destinados a las tareas educativas del Estado, a cambio de mantener la paz y el control sobre la mayoría de los maestros. El SNTE funcionó, durante toda la época clásica del PRI, como instrumento para la gobernación del sistema educativo, no como organización de defensa de los derechos laborales de los maestros. A pesar de que su control no fue absoluto, pues desde la década de 1950 han existido importantes movimientos disidentes, al grado de que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha representado la expresión más notable del sindicalismo no corporativo en los últimos 35 años, el SNTE cumplió con relativa eficacia la tarea que le correspondió en la división del trabajo de control político.

La reforma educativa planteada por Peña Nieto y asumida por el Pacto por México, con el apoyo de diversas organizaciones civiles, partió de la necesidad de construir un nuevo modelo de relación entre los profesores y las autoridades educativas, de manera que dejaran de ser incentivos de carácter sindical y político, los que rigieran el sistema de ingreso, promoción, estímulos y permanencia de los docentes; la intención expresa del nuevo texto constitucional, era crear un sistema basado en el mérito y la evaluación del desempeño. La creación de un organismo constitucional autónomo para normar la evaluación y de un servicio profesional docente fueron los elementos fundamentales del cambio.

Sin embargo, a la hora de aterrizar el nuevo texto constitucional en la legislación secundaria, la concepción que acabó prevaleciendo estuvo marcada por una profunda desconfianza y cierto desprecio hacia los maestros en ejercicio. La ley del Servicio Profesional Docente no creó un auténtico servicio profesional, que tomara en cuenta a los profesores en el diseño de su carrera y los involucrara en la gestión del nuevo proceso de ingreso, promoción y permanencia. No creó tampoco un sistema de promoción en el cargo para estimular a los mejores maestros, pues envió el tema a un programa gestionado por las autoridades educativas locales y los centros de bachillerato, diseñado centralmente por la SEP, a través de la recién creada coordinación del servicio profesional. En realidad, la ley sólo desbarató el fallido programa de carrera magisterial creado en 1992 para sacar al SNTE de su gestión y dejarlo en manos de las entidades federativas y de los organismos de educación media, sin convertir la promoción en un derecho de los maestros, mientras que estableció la evaluación como el eje del nuevo arreglo, pero no para favorecer a los docentes que mostraran mejores resultados sino sólo para amenazar con el despido a los reprobados.

Un servicio profesional auténtico, que cumpliera con el objetivo de convertirse en un sistema de estímulos para el buen desempeño y no sólo en un mecanismo de sanción para los indolentes, debió tomar en cuenta la experiencia de los sistemas de profesionalización de los profesores e investigadores universitarios. Para contar con el apoyo de los maestros y neutralizar la hostilidad de los radicales, el servicio profesional debió poner en el centro el involucramiento de los docentes en el proceso de su carrera, con la creación de colegios profesionales que participaran en las comisiones dictaminadoras de los concursos de ingreso y promoción y con representación en el órgano nacional encargado de la gestión del servicio.

En cambio, la coordinación ahora creada por decreto muestra claramente la concepción de la que parte la ley: los maestros mexicanos no son confiables, por lo tanto, su carrera debe ser diseñada y controlada verticalmente por el secretario de Educación Pública. La coordinación no es más que la dependencia administrativa a través de la cual el titular de la SEP va a establecer los criterios de ingreso, promoción, estímulos y permanencia. A pesar de una retórica autonomía técnica y de gestión, el órgano encargado de regir la carrera de los maestros es  un cuerpo centralizado de burócratas de la SEP, finalmente orientado por criterios políticos. Ni siquiera el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, con su autonomía constitucional, tendrá participación alguna en la gestión del pretendido servicio profesional.

Al final, a pesar del gran avance contenido en la reforma constitucional, el gobierno de Peña Nieto no se atrevió a dar el gran paso que hubiera involucrado realmente a los maestros en la mejora de la calidad educativa. Tal como se acabó concretando la ley, los maestros pasaron de meras clientelas políticas, disponibles como base de apoyo del PRI, a empleados de cuya capacidad se desconfía y a los cuales hay que tener amenazados con el despido. La reforma no cumplió el objetivo de convertir a los profesores en profesionales especializados al servicio del Estado con capacidad para participar con sus conocimientos y experiencia en el desarrollo de la tarea educativa.

La desconfianza y el desprecio a los maestros, va a costar caro a la hora de tratar de implementar la reforma, y va a jugar en contra del objetivo de mejorar la calidad de la educación pública en México. Una oportunidad perdida.

Publicado en Sinembargo.mx

 

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