Morir en el magisterio poblano (Parte I)

Miguel Ángel Rodríguez

Les contaré una historia del absurdo, no sé si llamarla kafkiana, porque es un Proceso burocrático infinito, como ocurre en El Castillo. Es un túnel de lodo e interés compuesto, estrecho y oscuro, como la boca de un lobo de Wall Street. Se trata de lo que, según mi prolongada y engorrosa experiencia, podría ser una red de corrupción, entre funcionarios del Antiguo Régimen incrustados en la SEP del estado y la Secretaría de Planeación y Finanzas en favor de las compañías financieras responsables de los seguros de vida del magisterio poblano. ¿Cómo se tejen los hilos? 

Nadie me lo contó, lamentablemente soy testigo y protagonista.

Quiero hablar de la mala suerte que tienen los profesores y profesoras del sistema educativo poblano que se mueren en activo, que siguen en las aulas, haciendo investigación o en proceso de formación académica y que, por cualquier razón, la angustia, la melancolía, la depresión, la moda negra del sistema capitalista, o hasta por un estúpido cáncer asintomático en el hígado, como un soplo de viento frío, como el de los días de finales de octubre, se lleva la vida de los nuestros.

Una profesora con 40 años de servicio docente fallece, por cualquier razón, de manera fulminante, pongamos por caso el pandémico COVID-19. Después del duelo, aún con la sombra de la muerte en la mirada, los deudos se presentan en la Secretaría de Educación Pública del estado. Quieren hacer valer los derechos de la profesora fallecida, pago de marcha y seguros de vida, caminan entre un laberinto interminable de escritorios hasta que dan con la jefa administrativa responsable de tramitar los derechos magisteriales estatales que llamaré, en vías de mientras, funcionaria B. 

En este diálogo no hace falta decir quién es el viudo.

Viudo:  –Perdón, señorita, ¿nos podría informar, por favor, sobre el seguro de vida de mi esposa, la profesora Diotima Aguilera?

B:  –¿Trae la copia del seguro de vida? 

V: –El único que encontramos fue este, mire –le muestra un papel viejo que saca, trabajosamente, de un atiborrado bolso rojo lleno de documentos antiguos y nuevos de la amada, de la madre de sus hijas.

La funcionaria extiende desdeñosa la mano, recibe el documento y lo revisa sin dejar de platicar con su amigo, otro funcionario muy elegante que desayuna plácidamente en el escritorio contiguo.  

B: –¡A ver!, -se dirige para dar órdenes a una secretaria que tiene en el lado opuesto al del funcionario elegante- ¡Chécate el nombre de…!, ¿cómo dijo que se llamaba? 

 V: –Diotima Aguilera 

Después de 30 minutos de espera la funcionaria les informa que ese seguro no es, que es otro, que la compañía del nuevo seguro de vida es Thona y sentencia:

B: –Los seguros se renovaron hace tres años y, por lo tanto, si la profesora fallecida no cuenta con la copia de la última aseguranza contratada por la SEP necesita primero hacer un juicio de derechos sucesorios para el cobro del seguro de vida.  

Vale la pena recordar aquí los multimillonarios seguros de vida del magisterio poblano, pues son cerca de 74 mil profesores del sistema público. Se sabe muy poco, pero es necesario enfatizar que se renovaron entre cuatro y cinco veces durante los gobiernos de Mario Marín Torres, Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad. Y en esa danza millonaria estaban aliados altos funcionarios de la SEP de Puebla con los empresarios de los seguros de vida. Hablo de una cultura enrraizadamente patrimonial que, sin consultar la voluntad de los docentes, contrata un año a Axxa, dos años después a Afirme, un año más tarde a Seguros Monterrey o Inverlat y, ahora, en este momento, los seguros de vida de las profesoras y profesores de Puebla están en las manos de Thona y Afirme. En ese escenario volátil es muy probable que una buena parte del magisterio no tenga la copia actualizada del seguro de vida, en cuyo caso le espera un viacrucis más penoso que las doce estaciones dolorosas. 

En los hechos, el magisterio sigue convertido en súbdito corporativo del poder patrimonial.

Para muestra un botón, recientemente la prensa poblana documentó el caso de Ahira Arroyo Domínguez y Elizabeth Domínguez Gali (sobrina y tía del exgobernador), quienes fueron contratadas, durante el gobierno de Antonio Gali, como asesoras externas de la SEP de Puebla en materia de seguros. Ambas están relacionadas laboralmente con seguros Afirme.

La mayoría de los profesores no sabe a cuánto asciende el seguro de vida que es renegociado unilateralmente por las autoridades de la SEP, ni cuál ha sido su evolución en el tiempo. Ni siquiera sabe si el documento que atesora como reliquia sacra hasta el fondo del ropero, hasta lo más recóndito del último cajón de la cómoda de la recámara, sea el más actualizado, el seguro de vida vigente. Como en el caso de la profesora Diotima Aguilera, cuyo seguro de vida no fue actualizado y será necesario que los deudos realicen un costoso y prolongado juicio sucesorio. 

¿Cuánto dinero de las profesoras y profesores fallecidos jinetean anualmente las empresas aseguradoras con estas  triquiñuelas discrecionales que los propios funcionarios de la SEP de Puebla producen…?

De cómo los argumentos legales de V son rebatidos por los fútiles juicios morales de B. Veamos.

V– Señorita, mire, hace unos días mis hijas y yo cobramos aquí mismo, a unos metros de su oficina, un seguro de vida menor, de la misma compañía aseguradora Thona, correspondiente a sus servicios en la SEP federal. Mire, aquí tengo la copia y, en ella se específica explícitamente que mis hijas  son las beneficiarias del seguro de vida. ¿No cree que si se trata de la misma aseguradora, contiene expresamente los nombres de los beneficiarios y es de la misma fecha en que se renovaron los seguros, resulte lógico el pago del seguro estatal sin la necesidad del juicio de sucesión…?  

De mala gana recibe la funcionaria la copia del seguro, hace como que lo revisa cuidadosamente y dictamina sentenciosa, como recién salida de la pila bautismal.

B: –Pues sí, es la misma compañía aseguradora, Thona, la misma profesora, Diotima Aguilera, usted es su esposo, pero, ¿quién sabe si los mismos beneficiarios? Porque los profesores son muy dados a tener hijos por todos lados. 

Sin la menor sensibilidad, como si gozara de endilgar su discurso moral de sacristía, se toma todo el tiempo del mundo para explicarle, con lujo de detalles al muerto viviente, las pésimas experiencias que la licenciosa vida moral de los docentes le causan a las compañías de seguros. Y, claro, a ella misma, que tiene que hacer mil trámites nuevamente. 

V: – ¡A ver señorita! Se trata de un derecho laboral que nadie le regaló.  No entiendo por qué en la oficina de al lado, en la sep federal, pudimos hacer valer los derechos de mi esposa de manera inmediata y aquí tenemos que gastar el 20 por ciento del seguro en un juicio de cerca de un año que solo beneficia al sistema judicial y a las compañías aseguradoras -desde luego. ¿No lo entiende? Es un derecho que mi esposa tiene como profesora, lo conquistó con mucho trabajo y a contracorriente de la secular corrupción de la SEP –cerró orgulloso V.

B: – Nooo, te equivocas, -reviró encrestada la funcionaria por el desafío a la autoridad de los intereses que representa-, una vez que una profesora o profesor muere se acabaron todos sus derechos, la sep ya no tiene con ella ni con ustedes ninguna responsabilidad…

Sin palabras, lo que B estaba descubriendo era la cruda realidad, el desventurado fin del  magisterio. Lo que tengas qué demandar de los seguros que le correspondían a tu esposa, le espetó a V, tienes que enfrentarlo tú solo, la lucha es individual contra esa hidra de mil cabezas: las compañías aseguradoras. Estaba más que claro, B era una empleada al servicio del capital financiero y, para defender sus intereses recurre, si es necesario, hasta la degradación del comportamiento moral de un ente colectivo que se llama magisterio poblano. 

Quiero decir, ni siquiera sé si B es consciente de qué lado de la cancha está, pero, en todo caso, el diálogo es revelador. Retrata de cuerpo entero la figura domesticada de una ingenua funcionaria adiestrada por el neoliberalismo para servir a los intereses de las compañías aseguradoras, antes que ponerse al servicio del magisterio en la hora de la muerte. Las respuestas y explicaciones de B no dejan lugar a dudas, las tecnologías neoliberales de construcción de la subjetividad funcionan muy eficientemente. Los trabajadores, los esclavos, por un momento se sienten socios del poder, se sienten amos. ¿No constituye acaso la figura de B un ejemplo nítido de lo que Byung-Chul Han denomina “el poder libre”? Esto es, un oxímoron que ocurre en el momento en que la libertad y el sometimiento coinciden del todo, cuando en la libre elección el ser humano decide voluntariamente por la servidumbre. 

En suma, los profesores guardan con celo, atesoran durante muchos años y bajo siete llaves la copia de un seguro de vida para cuando llegue la hora, para no dejar en desamparo total a la familia, para que sigan estudiando las hijas. No obstante, nada ni nadie le garantiza al magisterio que el derecho conquistado en la norma adquiera efectividad en la vida real; es decir, por lo menos de manera pronta y expedita. 

Les digo que lo que sobreviene a los deudos después del fallecimiento del docente es El laberinto del Minotauro, pues la Secretaría de Educación Pública de Puebla fue inoculada hasta la médula por la psicopolítica del neoliberalismo. Lo que cuento es apenas una muestra de la inversión de valores que pervirtió la función de la burocracia durante el marinismo y morenovallismo. Desde entonces, todo lo que respecta a los seguros de vida del magisterio se maneja en las sombras, en el hermetismo más nauseabundo. Así que cuando muere uno del gremio, cuando llega el momento de decirnos adios, después de haber dejado el cuerpo y el alma en las aulas y educado a miles, quizá decenas de miles de chavos y chavas, ocurre que, cuando llega el momento de decirnos adios, en lugar de paz, los familiares deben prepararse para enfrentar una guerra, que bien puede ser a vida o muerte. 

Es decir, en pocas palabras, los antiguos valores de la solidaridad, de la gratitud, de la memoria, de la honorabilidad de la profesión del magisterio, del ser profesor, para mí la posibilidad de la experiencia de lo sublime, digo, fueron desplazados por el becerro de oro. Una de las maneras de revalorar al magisterio nacional, no solo al poblano, podría consistir no solo en celebrar su misión en las aulas sino dignificar el valor de esa existencia al momento de su muerte. 

Quiero decir, la valorización del magisterio consiste en la dignificación de la misión del profesorado, en la recuperación de la dignidad arrancada por el Antiguo Régimen, pero la revaloración estará inconclusa si no se considera, como parte fundamental, la dignificación de la muerte de las profesoras y profesores, no es posible que el cadáver quede mancillado, expuesto impunemente, a las ventosas insaciables del capital financiaro. Es necesaria una Antígona que desafíe las leyes del Estado y venga a enterrar dignamente los cadáveres del magisterio poblano, condenado al estigma de sufrir la humillación de verse esquilmado en sus bienes una vez entregada su alma a los dioses. 

Lo que cuento, con pesadumbre, es la expresión del nihilismo más desértico y apenas voy para dos años en este viaje sobre la arena y no le veo el fin…

¿Cuántos deudos de las profesoras y profesores fallecidos mueren antes de cobrar, de hacer efectivos sus derechos laborales? ¿Cuántos años deben pasar para que las aseguradoras y sus funcionarios dejen de medrar, de jinetear el dinero que por derecho les corresponde a los profesores? ¿Por qué no se legisla un plazo límite, como ocurre, por ejemplo en el IPN, que establece quince días después del deceso, para que las compañías aseguradoras paguen a los deudos la escatimada “Gratificación por defunción” ? ¿Cómo llegamos hasta aquí, cómo permitimos que este atropello a los derechos laborales ocurra diariamente contra el gremio magisterial de Puebla…?

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