Pasado y presente de las reformas político-administrativas y educativas: ¿cambios o continuidades?
- Pluma invitada
- 28 noviembre, 2018
- Opinión
- Rosalina Romero Gonzaga
Rosalina Romero Gonzaga
Becaria posdoctoral del Instituto de Investigaciones
sobre la Universidad y la Educación, IISUE-UNAM
twitter: @rrgonzaga23
En el pasado: modernizar el cambio
En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari en materia educativa se ensayaron dos reformas paralelas: la político-administrativa y la educativa, esta última incluyó una reforma curricular. La reforma curricular fue impulsada por el entonces secretario de Educación, Manuel Bartlett, y su equipo proveniente de la Secretaria de Gobernación, con escaso conocimiento de la problemática educativa, donde privaron las opciones personales del secretario, combinadas con concesiones a las Subsecretarías de Educación Elemental y Media, de afiliación vanguardista. Se elaboraron dos propuestas de modelos educativos de origen distintos y, al final, la reforma fue legitimada con consultas, diagnósticos, documentos y negociaciones, para permitir a los grupos tradicionales influir en la política educativa: SEP, CONALTE y SNTE.
El SNTE intervino en la formulación y elaboración del plan sectorial, 1989-1994, en cambio, se le restringió en la reforma curricular implementada por la Subsecretaría de Educación Elemental. La transformación del currículum y la renovación de los materiales educativos, puestos en marcha desde 1992, así como la definición de las políticas de formación inicial, se negociaron con la burocracia administrativa y sindical.
Para avanzar en la reforma política y administrativa o descentralización del sistema, Salinas de Gortari optó no sólo por cambiar al secretario de educación, con quien Elba Esther Gordillo, secretaria general del SNTE, tenía conflictos, sino gobernar con el apoyo de grupos de la sociedad civil (actores ligados o pertenecientes a la jerarquía eclesiástica, a instituciones privadas de educación, al Partido de Acción Nacional y a organizaciones conservadoras de padres de familia). La nueva dirigente magisterial se sumó a la estrategia de modernización educativa, e incorporó tácticas de lucha para enfrentar las decisiones de la SEP a fin de no perder el apoyo de las secciones sindicales. Para ello, buscó apoyo y asesoría entre grupos de intelectuales y expertos en educación. A través de la Fundación SNTE Para la Cultura del Maestro, la profesora Gordillo integró un cuerpo de académicos, lo suficientemente sólido, que la ayudó a posicionarse como interlocutora del gobierno federal. Uno de los más prominentes, Olac Fuentes Molinar, se encargó de continuar la reforma curricular e impulsar nuevos enfoques educativos cuando asumió la Subsecretaría de Educación Básica, una instancia cuyo diseño político-administrativo fue previamente negociado entre el secretario de Educación, Ernesto Zedillo, y su círculo técnico-político.
El gobierno salinista suscribió el ANMEB, reestructuró la SEP, rediseño la Subsecretaría de Educación Básica y reformó el artículo 3º constitucional, todo en menos de un año (mayo-1992 a marzo de 1993). La reforma educativa fue el catalizador para emprender la reforma político-administrativa, la cual exigió establecer una estructura administrativa distinta para promover cambios pedagógicos significativos (objetivos, organización, funciones y prácticas). Nuevamente, razones políticas dispusieron relacionar la federalización con la reforma educativa. En el Acuerdo de 1992, una decisión de gobierno, orientada al sentido de oportunidad, sancionó la imbricación de esos dos proyectos.
La operación simultánea de ambos procesos por parte de la SEP, fue posible debido a las negociaciones previas con el SNTE en temas de actualización y profesionalización, ligadas al programa de Carrera Magisterial, cuyo esquema fue encargado a Esteban Moctezuma (Oficial Mayor después Subsecretario de Planeación y Coordinación), quien junto con Carlos Mancera Corcuera (secretario particular, posteriormente Subsecretario de Planeación) y Pascual García de Alba (Subsecretario de Coordinación Educativa), impulsaron las negociaciones políticas y laborales con el sindicato.
En el presente: ¿transformar la continuidad?
Antes de asumir la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, por la vía de los legisladores en la Cámara de Diputados y Senadores, ha impulsado iniciativas de contrarreforma al artículo tercero constitucional, a la Ley General de Educación, Ley General del Servicio Profesional Docente y Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. En ese contexto, se perfila una doble jugada: abrogar la reforma educativa y negociar una posible reforma político-administrativa con los grupos sindicales hegemónicos (SNTE y CNTE -ala radical-). Los hechos están a la vista.
El futuro secretario de Educación, Esteban Moctezuma junto con Gilberto Guevara Niebla – subsecretario de Educación Básica por un año en el gobierno de Carlos Salinas y próximo subsecretario de Equidad Educativa- preparan la propuesta que sustituirá a la reforma educativa: una versión actualizada de un pacto político, posiblemente bautizado como Acuerdo Nacional para la Equidad y Calidad Educativa, producto de los foros de consulta realizados de agosto a noviembre.
El SNTE, vía los grupos dominantes de la profesora Elba Esther Gordillo y Juan Díaz de la Torre, se alistan para intervenir en la formulación y elaboración del plan sectorial, 2018-2024, utilizando como bandera política demandas añejas como: reformar los estatutos para incorporar la elección por voto directo y secreto como medio de elección interna; eliminar la presidencia del SNTE y la Secretaría Ejecutiva, figuras supeditadas al Comité Ejecutivo Nacional; regresar al sistema de escalafón para administrar la carrera docente; exigir el derecho de proponer el 50% de las plazas docentes y el regreso de las comisiones mixtas SEP-SNTE; así como reestablecer una nueva versión del programa de Carrera Magisterial.
Para avanzar en una posible reforma política y administrativa o recentralización del sistema, López Obrador y Esteban Moctezuma se han reunido tanto con integrantes de la CNTE como con la profesora Gordillo Morales, quien comienza a mover sus piezas para colocar en la secretaria general a Moisés Jiménez Sánchez, excoordinador Nacional de Estructura y Redes Políticas Sociales del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y aliado de la profesora. Seguramente en los próximos días, los gordillistas presentarán un “proyecto educativo alternativo” que les permitirá negociar abiertamente con el nuevo gobierno. Esto sólo puede leerse como el intento de recuperar el sindicato por la vía de reformar los estatutos para permitir el ascenso de un “nuevo” grupo sindical dominante, con el fin de reagrupar las diferentes corrientes y fracciones sindicales; reforzar el grupo de la profesora Gordillo; adaptar la estructura sindical a las orientaciones ideológicas del nuevo gobierno para neutralizar la radicalidad de la CNTE, con quienes ha abordado temas como la reinstalación de los cesados, la liberación de los presos políticos, el proyecto educativo, la abrogación de la reforma educativa.
La profesora se alista para la recomposición de fuerzas al interior del SNTE: probablemente planteará desaparecer los dos órganos que le permitieron concentrar el poder (la Presidencia y la Secretaría Ejecutiva), ofrecer “horizontalizar la estructura sindical” y robustecer el esquema de “órganos colegiados”, aunque en la práctica la gestión sindical la lleven a cabo órganos unipersonales.
¿Será que López Obrador está considerando seriamente que el SNTE sea la primera organización donde haya “democracia sindical”? Las acciones e indefiniciones del nuevo gobierno que asumirá el poder en cinco días apuntan a preparar el terreno para la transformación de un cacicazgo sindical en un co-gobierno compartido entre los institucionalistas no elbistas, los gordillistas, los leales a Juan Díaz, y otras corrientes sindicales simulando democracia y pluralidad. En los próximos días veremos el inicio o desenlace de la trama político-sindical.
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