Petróleo brasileño al rescate del sector educativo

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Marion Lloyd / Campus milenio

 

¿Se imagina que además de impulsar reformas laborales en el sistema educativo, el gobierno mexicano aumentara en casi 100 por ciento el gasto al sector? Habría dinero para cursos de capacitación, para más y mejores becas estudiantiles, y para crear y acondicionar miles de escuelas en todo el país.  Es decir, se podría atacar de forma contundente el problema de la mala —y considerablemente desigual— calidad de la educación en México.
¿Suena imposible? Pues, lo acaba de hacer el gobierno de Brasil, al fijar un plan para subir el gasto educativo de 6 por ciento al 10 por ciento del PIB para el año 2022. El 9 de agosto, la presidenta Dilma Rousseff firmó la Ley 12858, que destina 75 por ciento de las regalías por concepto de la explotación petrolera para la educación, y otro 25 por ciento al sector salud. También, se destinará al sector educativo el 50 por ciento del Fondo Social de Pre-Sal. El fondo fue creado en 2010 por el ex presidente Lula con recursos derivados de la explotación de una nueva área de yacimientos petroleros marítimos, cuyas reservas estimadas en 50 mil millones de barriles cuadruplican las reservas petroleras del país.

Bajo la nueva ley brasileña, la inversión en educación se incrementará de forma paulatina, con un gasto adicional de 350 millones de dólares en lo que resta del año. Para 2022, el monto adicional destinado al sector llegaría a 9 mil millones de dólares, para un total de 51 mil millones de dólares de inversión acumulada proveniente de las regalías petroleras, según el gobierno brasileño.
Al firmar la ley, Rousseff enfatizó su importancia, no sólo para el sector educativo, sino en términos de equidad social. El país sudamericano tiene una de las distribuciones de ingresos menos equitativas en el mundo, un hecho que obedece en parte a la mala calidad de la educación pública pre-universitaria. “Son recursos que en el futuro permitirán a nuestros nietos y bisnietos vivir en un país más justo y de más oportunidades», dijo Rousseff en su programa radial semanal Café con la Presidenta a principios de septiembre.
La ley, que se introdujo por primera vez en el Congreso en 2012, responde en parte a las protestas masivas en Brasil por una mayor inversión en educación y salud, así como en otros servicios públicos. La gota que derramó el vaso fueron los aumentos en las tarifas del transporte público en Sao Paolo y otras ciudades en junio, que desencadenaron enormes manifestaciones en más de 100 ciudades. Las protestas coincidieron con la Copa FIFA Confederaciones 2013, que se realizó en seis ciudades brasileñas. Los manifestantes reclamaron lo que vieron como un despilfarro de recursos en el evento, así como en la Copa Mundial de Fútbol de 2014 y los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de 2016, a costa de sectores vitales como la salud y la educación.
Para finales de junio, la popularidad de Rousseff cayó un 30 por ciento, el peor declive en apoyo a un presidente desde que Fernando de Collar de Melo fue obligado a renunciar bajo alegatos de corrupción en 1990. A su vez, 80 por ciento de la población apoyaba a las protestas, según una encuesta de la empresa Datafolha.
Por su parte, Rousseff calificó a las protestas como “válidas y propias de una democracia” y entabló diálogos con grupos de jóvenes, trabajadores, sindicatos, y otros. Para agosto había recuperado una parte de la popularidad perdida, según otra encuesta de la misma compañía. A su vez, cabildeó a favor del proyecto de la Ley 12858, que fue aprobado por el Congreso federal el 14 de agosto.
La ley provee los recursos para lograr un gasto educativo del 10 por ciento del PIB dentro de ocho años. Tal nivel de gasto —que representaría uno de los niveles más altos en el mundo según cifras de la OCDE — está incluido en el proyecto del Plan Nacional de Educación (2011-2020),  documento que aún sigue bajo discusión en el Congreso.
Sin embargo, no todos ven a la Ley 12858 como una panacea para el sector educativo, en parte porque los beneficios son de largo plazo. Así mismo, la ley incluye pocos detalles sobre cómo se usará el dinero, excepto de que se dará prioridad a la educación básica. Y aunque estipula que una parte de los fondos se destinará al pago de los sueldos de los maestros, no especifica si esto incluye aumentos salariales para los mismos.
A la par que sus contrapartes mexicanos, los maestros brasileños han lanzado protestas masivas en las principales ciudades del país durante los últimos meses, con creciente intensidad. El 7 de octubre, una manifestación en Rio de Janeiro se tornó violenta, cuando algunos encapuchados lanzaron bombas molotov a edificios gubernamentales, mientras que otros intentaron saquear bancos y cajeros automáticos. La policía respondió lanzando bombas de gas lacrimógeno y deteniendo de forma violenta a docenas de manifestantes, según la prensa nacional e internacional.
Claro está. El descontento de amplios sectores en Brasil como en México no es sólo resultado de los problemas en el sector educativo. También influye la falta de respuesta gubernamental a los grandes problemas sociales y económicos en los dos países. Pero hay importantes diferencias. Mientras en México el gobierno culpa a los maestros por la mala calidad de la educación sin proveer mayores recursos para el sector, en Brasil se está invirtiendo de una forma sin precedentes, en todos los niveles. Falta ver cómo se usará el dinero, y si este logrará aplacar el creciente encono social…

 

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