Por una gobernanza basada en la deliberación

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Pedro Flores Crespo[1]

A varias estrategias y políticas, derivadas de la Reforma Educativa, les faltó debate parlamentario, discusión colegiada y deliberación pública. Con el ánimo de “mover” a México, se subestimó que el argumento, la persuasión y el diálogo social tienen una relación profunda con formulación de las políticas públicas (Majone), la construcción de la confianza y la efectividad gubernamental.

Pese a algunos esfuerzos como el de la consulta sobre el Nuevo Modelo Educativo (NME), tengo la impresión de que la administración saliente (2012-2018) quiso gobernar preponderantemente mediante un nuevo entramado legal, el “ímpetu reformista” (Krauze), la impartición selectiva de la justicia, un marcado centralismo y cuantioso gasto en imagen. Los saldos de tal modelo de gobernación están ahora en revisión.

Se habla incluso de construir una “gobernanza eficaz”. De acuerdo con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), este tipo de gobernanza debe “procurar que en el sistema educativo todas sus autoridades cuenten con las competencias necesarias a fin de que la gestión de la educación aliente la corresponsabilidad y la participación de todos los actores educativos. Bajo esta noción, el INEE también sugiere: “preservar el debido rol sindical para la defensa de los legítimos derechos de los trabajadores, sin tomar parte en las funciones que son responsabilidad de la autoridad y sin subordinar el interés de la educación al beneficio gremial, personal o de grupo” (2018. Educación para la democracia y el desarrollo de México, México).

Muy bien, pero, ¿cómo vamos a persuadir a un gremio de la supremacía del “interés público” sobre sus “beneficios” grupales? ¿Cómo conciliar el derecho de la niñez a tener maestros altamente capacitados y responsables con el derecho del docente a manifestarse políticamente? ¿Cómo “conciliar voluntades” en pos de la transformación educativa, diría Roberto Rodríguez (Campus Milenio, 12/07/18)?

Dado el tono de reconciliación que han utilizado varios miembros del equipo del presidente electo, – incluso él mismo -, no estaría mal ni sería “romántico” impulsar el diálogo social y la deliberación pública como elementos básicos de una nueva gobernanza para el sistema educativo.

Defendería esta propuesta con base en tres puntos. Primero, diversos analistas coinciden en señalar que los cursos de acción para tratar de resolver los problemas sociales no sólo están constituidos por puros cálculos fríos y racionales (Majone, Aguilar), sino que también hay dimensiones más complejas que considerar en la formulación y ejecución de las políticas públicas. Por ejemplo, existen historias, costumbres y tradiciones dentro de un “mundo de vida” real que pueden ser discutidas y renegociadas por medio de la “racionalidad comunicativa”. La “racionalidad comunicativa”, diría Jürgen Habermas, hace referencia a la institucionalización de mecanismos para expresar y defender abiertamente críticas desde los distintos mundos sociales y no sólo desde la alta esfera del poder. Inclusive, Habermas sostiene que las acciones pueden ser racionales si éstas se justifican desde las bases del debate abierto en donde los actores participen en igualdad de condiciones (Baert).

El segundo punto para que podamos construir un gobernanza educativa basada en la deliberación pública, será entonces crear una estructura institucional que posibilite – y no sólo limite – la ampliación de libertades para participar en “igualdad de condiciones”. Esto ha sido una deuda pendiente de los gobiernos democráticos en México (2000-2018). Algunas organizaciones civiles y consultoras privadas, por ejemplo, tienen mayor nivel de interlocución e injerencia con la clase gobernante que los investigadores educativos o los diversos conglomerados de maestros.

Todos tenemos derecho a expresar nuestra voz, pero algunos actores políticos y sociales poseen mayores capacidades de hacerlo, es decir, existe una asimetría de poder dentro del actual sistema democrático para expresarse, protestar, informarnos o inconformarnos. Esto podría corregirse si hay apertura y voluntad.

Mi tercer argumento para sostener la propuesta de una gobernanza basada en la deliberación es que, en el sector educativo de México, no hemos sido muy eficaces para alentar a la sociedad a participar. Tomemos el ejemplo de la evaluación que organiza el INEE y otras instancias. En el número tres de la Revista de Reformas y Políticas Educativas (Rype) del Fondo de Cultura Económica, se trata de responder a la pregunta sobre cómo ha cambiado la manera en que los gobiernos democráticamente electos y la sociedad se relacionan y organizan a partir de la evaluación. Es decir, qué relación hay entre evaluación y gobernanza.

Felipe Hevia, investigador del Ciesas, muestra la importancia de incluir a la ciudadanía en las evaluaciones de los aprendizajes y para ello, selecciona cinco pruebas sobre logro escolar (Pisa, Terce, Planea, Eucis y Mia) y las compara para valorar sus niveles de consulta, participación e incidencia. La conclusión es que pese al surgimiento de nuevas formas de gobierno de los sistemas educativos, parece ser que la evaluación de los aprendizajes y la participación ciudadana están disociadas. La observación de Hevia apunta en dirección contraria al principio de “evaluar para mejorar”.

Si la gobernanza es un “proceso mediante el cual los actores de una sociedad deciden sus objetivos de convivencia y las formas de coordinarse para realizarlos” (Aguilar), una buena dosis de deliberación pública y diálogo social serán necesarias para dirimir conflictos, reconfigurar modelos de política dominantes e impulsar políticas más efectivas en beneficio de todas las niñas, niños, jóvenes y adultos de nuestro país.

El bono democrático con que cuenta el gobierno que inicia funciones a partir del primero diciembre puede crecer a partir de la pluralidad de los actores políticos con los que hay que lidiar, la constante pugna ideológica entre ellos y la creciente disputa originada por visiones tan variadas de la realidad. Otra parte de su legitimidad – después de haber ganado la mayoría de los votos – está en juego.

[1] Una versión más extensa de este texto se publicará en la Gaceta de la Política Nacional de Evaluación Educativa en México (INEE). Agradezco los comentarios de Marian Mendoza (UV) y Diego Rivera (UAQ).

 

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