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¿Qué hacemos para mejorar la educación?

Juan Carlos Yáñez Velazco

Twitter@soyyanez

El 7 de mayo la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) presentó en conferencia de prensa Educación para la democracia y el desarrollo de México, “un conjunto de reflexiones… cuyo propósito es contribuir al fortalecimiento del Sistema Educativo Nacional”. Responde a la pregunta que titula esta colaboración, desde una perspectiva fundada en las capacidades personales de los consejeros y el trabajo del Instituto durante los años recientes.

La pregunta es sencilla y urgente; la respuesta, compleja, se sintetiza con claridad en 32 y 74 cuartillas, extensión de las versiones disponibles en www.inee.edu.mx. La iniciativa es animada por las tareas centrales del INEE, especialmente la que indica, según el propio documento: “Crear una sociedad informada en materia educativa y estimular con ello la participación social en el debate educativo”.

El título es toma de posición: el Estado educa para la democracia y para el desarrollo integral de los individuos y la nación. La definición podría parecer inocua, pero es relevante, porque deriva procesos, mecanismos y criterios para evaluar avances.  Si el sentido de la educación es promover la ciudadanía, por ejemplo, los procesos que desarrolla el sistema escolar deben colocarlo en el centro; implica la asunción del hecho educativo como bien público y función social (por tanto, política), más allá de la alfabetización o certificación para la escolaridad.

El documento se compone de varios apartados de lectura ágil: principios de la política educativa, objetivos de la política educativa, problemas del sistema, actores principales, temas estratégicos, el INEE en la política educativa y diez propuestas.

La Introducción reconoce la centralidad de la educación para el país, a partir del condicionamiento que experimenta por el contexto económico y social. Recupera evidencia incontrovertible: “es difícil esperar que reformas internas del sistema educativo tengan el éxito deseado si no se remueven de manera simultánea circunstancias del contexto que colocan a muchos mexicanos en situación de extrema adversidad”.

Los resultados del Plan Nacional de Evaluación de los Aprendizajes en 2017, en secundaria y media superior, demuestran de manera rotunda el peso de las variables del entorno en el logro de aprendizajes en las áreas que miden las pruebas.

Cinco principios de la política educativa privilegia la Junta de Gobierno: la rectoría que el Estado debe ejercer en educación; el derecho a la educación, que no puede reducirse nunca más solo al acceso a la escuela; la educación con justicia, anhelo que tuercen las desigualdades sociales, y colocan en riesgo permanente a la escuela como reproductora de desigualdades entre regiones, grupos e individuos; atención a la diversidad, para combatir todas las caras discriminatorias que refleja el sistema educativo, como el abandono en secundaria y media superior, de cuyas filas son expulsados cada año más de un millón de estudiantes. Finalmente, el principio de la evaluación como pilar para la mejora, que no es suficiente en sí mismo, si no está ligado a la toma de decisiones y a la deliberación inteligente, plural y comprometida de los implicados en la gestión educativa y pedagógica.

El capítulo siguiente plantea 10 objetivos “irrenunciables” de la política en la materia: asegurar la cobertura universal en la enseñanza obligatoria; garantizar la calidad, vinculada a la realización personal y la ciudadanía democrática; asegurar la permanencia de niños y jóvenes en los circuitos escolares; fortalecer la escuela en su capacidad de decisión; promover equidad e inclusión en planteles dignos para todos; apoyar la formación de docentes profesionales y asignación transparente de plazas; incentivar la valoración social de la profesión docente; gobernanza eficaz del sistema; priorizar la educación en las políticas públicas y fundamentar las políticas en la evaluación.

Los problemas que enuncia el documento son una parte, se ubican en distintos planos y demandan acciones diferenciales; destaco: las dimensiones y complejidad del sistema; la insuficiencia de la oferta en algunos niveles y regiones; el conflicto entre la reglamentación laboral anterior a 2013 y las normas actuales;  la opacidad en la rendición de cuentas; carencias en infraestructura escolar y materiales didácticos; atención dispensada a algunos grupos sociales; sobrecarga burocrática para docentes y autoridades; programas de formación continua del magisterio; sistema de información incipiente; débil vinculación entre padres de familia y escuela; así como desigualdades regionales, sociales, culturales y económicas que perjudican la calidad.   

Los temas estratégicos se anudan con los elementos descritos: fortalecimiento de las escuelas normales y un recordatorio a las instituciones de educación superior sobre su papel en la formación de nuevos maestros y en servicio; fortalecimiento de las escuelas; impulso a la investigación educativa, especialmente orientada a la docencia; participación de padres y madres de familia; equidad en servicios; condiciones materiales en centros escolares; gobernabilidad del sistema y financiamiento de la enseñanza básica, entre otros.

El documento culmina con diez propuestas:

  1. El Estado está obligado a garantizar el derecho a una educación de calidad para todos.
  2. El Estado mantiene su papel rector en materia educativa, sin subordinaciones y orientado por los principios que sustentan el ideario nacional.
  3. Organización eficaz de la escuela, centrada en promover aprendizajes, en condiciones materiales adecuadas, con fortaleza profesional de maestros y liderazgos pedagógicos de directores, asesores técnico-pedagógicos y supervisores.
  4. La calidad educativa es indisociable de la justicia e igualdad.
  5. Las autoridades, federal y estatales, deben mejorar sustantivamente la formación inicial de los maestros; las instituciones de educación superior deben comprometerse en ese empeño.
  6. El Estado y la sociedad deben revalorar la función social de la profesión docente.
  7. La formación continua de docentes y autoridades debe ocupar una centralidad inédita.
  8. Fortalecer la cultura de la evaluación.
  9. Gobernanza y financiamiento son relevantes en el desarrollo del Sistema Educativo Nacional.
  10. La escuela como centro del sistema educativo.

Este es, en síntesis, el documento expuesto por la Junta de Gobierno del INEE. Ojalá arraigue como parte de la agenda pública y del debate político; que aliente la tarea de avanzar sustancialmente en la formación de las niñas, niños y jóvenes que habitan y habitarán el país en las próximas décadas.

Los buenos diagnósticos no garantizan la solución de los problemas, pero sin ellos es imposible resolverlos. En Educación para la democracia y el desarrollo de México hay aspectos críticos y pistas para apresurar pasos sólidos, antes que la desesperanza se cuele por todos los resquicios.

 

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