Reformas educativas en Latinoamérica: el caso de El Salvador

• Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia
• 5 febrero, 2016
• Opinión

Reformas educativas en Latinoamérica: el caso de El Salvador ¿Estamos respondiendo al Derecho a la Educación?

Por Carolina Bodewig
Universidad Iberoamericana

El Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia (ODEJ) es una plataforma para el
pronunciamiento público, impulsado por el campo estratégico en modelos y políticas educativas del Sistema Universitario Jesuita (SUJ).
Su propósito consiste en la construcción de un espacio de análisis informado y de posicionamiento crítico de las políticas y las reformas educativas en México y América Latina, arraigado en la realidad social acerca de las injusticas del sistema educativo, y recupera temas coyunturales y estructurales con relación a la agenda educativa vigente.

En El Salvador, con base en la Declaración de los Derechos Humanos, la Constitución de la República establece en sus artículos 53 y 56 que la educación es un derecho inherente para todos sus ciudadanos. La constitución establece también que la educación parvularia y básica son una obligación del Estado para con sus ciudadanos y que las mismas y la educación media serán gratuitas cuando las imparta el Estado. Además de garantizar el servicio educativo, la constitución en su artículo 55 profundiza en los fines o en lo que se espera alcanzar con la educación de los salvadoreños: “La educación tiene los siguientes fines: lograr el desarrollo integral de la personalidad en su dimensión espiritual, moral y social; contribuir a la construcción de una sociedad democrática más próspera, justa y humana; inculcar el respeto a los derechos humanos y la observancia de los correspondientes deberes; combatir todo espíritu de intolerancia y de odio; conocer la realidad nacional e identificarse con los valores de la nacionalidad salvadoreña; y propiciar la unidad del pueblo centroamericano” (Sección III, Artículo 55 de la Constitución de la República de El Salvador).

Lo anterior nos lleva a la necesidad de enfatizar en este momento que la educación como derecho no basta solo con garantizarla a nivel de acceso, sino que es necesario garantizar que con ella el niño y la niña sean capaces de aprender y alcanzar los objetivos y fines que la misma Constitución salvadoreña plantea. Por lo tanto, la educación es un derecho social de segunda generación, son un “piso” indispensable para que la persona alcance su pleno desarrollo económico, social, político y cultural. Y, para alcanzar la educación como derecho clave es necesario y más urgente garantizar su calidad y equidad, con el objetivo de asegurar que el niño y la niña desarrollen sus capacidades para poder ejercer sus demás derechos civiles, políticos, sociales y económicos en un futuro cercano. En definitiva, se debe brindar una educación que garantice las posibilidades de aprender a todos y todas.

Con estas aseveraciones legales se entiende entonces que la educación se vuelve un mandato legal incuestionable y urgente que se le hace al Estado salvadoreño para con todos sus ciudadanos. Así también, con este escenario legal en mente se puede hacer una revisión general de los avances y deudas pendientes en educación en El Salvador.

Se observa que durante los últimos 25 años y con la finalización de la guerra civil salvadoreña en 1992 se han hecho importantes esfuerzos para lograr reconstruir el sistema educativo y garantizar, al menos, la cobertura total de la educación parvularia (52.3% al 2013) y primaria (91.64% al 2013). Sin embargo, hay una deuda urgente en este camino: el acceso y finalización de tercer ciclo de educación básica, que va de séptimo a noveno grado.

Según datos estimados por UNICEF, en El Salvador la tasa de acceso a tercer ciclo de básica a nivel nacional es de 62.4%, es decir que, solo 6 de cada 10 jóvenes comienzan séptimo grado, el resto, casi 16 mil estudiantes, abandonan la escuela en esta transición. Al dividir la tasa de acceso según zona, se identifican diferencias notables. En la zona urbana, 69.39% de los jóvenes pasan de sexto a séptimo grado y en zonas rurales, el 53% de los jóvenes acceden. Además, hay pronunciadas brechas en el acceso a favor del quintil más rico frente al quintil más pobre: 70.1% y 53.7% respectivamente. Este escenario impacta también el acceso a la educación media y de bachillerato pues de ese 62.4% que accede a tercer ciclo de básica solo un 40% ingresa a este nivel de estudios.

Este escenario da cuenta de dos cosas: primero, la falla del Estado para dar cumplimiento al derecho a la educación y la incapacidad para retener a los jóvenes estudiantes en este nivel educativo y, segundo, que existen una serie de factores que afectan el acceso y la permanencia, que no radican exclusivamente en un tema de disponibilidad de la educación, sino que también se vincula con un tema de accesibilidad (Tomasevski, 2001).

La accesibilidad tiene que ver, según Tomasevski (2001), con que no es suficiente la disponibilidad de las escuelas y recursos, es necesario que no existan situaciones que impidan que los niños, niñas y jóvenes se escolaricen. Por ejemplo, situaciones relacionadas al trabajo infantil, condiciones geográficas, condiciones de pobreza, embarazos adolescentes, etc. En el caso de El Salvador, esta es una tarea pendiente sobre todo en áreas urbano-marginales y áreas rurales, donde existen factores económicos, socioculturales y de seguridad que tienen un impacto fuerte en el acceso a la escuela y que ponen en alto riesgo de exclusión y desigualdad educativa a miles de niños y jóvenes.

Como primer factor en áreas urbano-marginales y rurales se encuentran los riesgos por violencia e inseguridad. En el área urbana, 11% de problemas de seguridad de las escuelas están relacionados con pandillas: presencia al interior y alrededores de las escuelas, amenazas a estudiantes y profesores de parte de las pandillas; 7.2% de los problemas de inseguridad están relacionados con conflictos por compra, venta y consumo de drogas. En el área rural, el problema de las pandillas se ve aumentado a 19.8%, seguido por un 14.1% relacionados a robos y asaltos. Los problemas de pandillas llegan a tal punto que del total de deserciones en centros escolares urbanos un 39.3% están relacionados a problemas con amenazas por parte de estos grupos.

Un segundo factor asociado a la deserción es el trabajo infantil. Un 3.9% de los estudiantes abandona sus estudios para realizar trabajos agrícolas, situación mucho más acentuada en el campo; 2.4% abandona la escuela por realizar labores domésticas, especialmente en el caso de las jovencitas y un 2.8% por otros tipos de trabajo. Por otra parte, hay un 13.3% que deserta de la escuela porque abandona el país y un 1% por embarazos adolescentes.

Estos factores claramente limitan en gran medida la disponibilidad y accesibilidad a la escolarización de niños, niñas y jóvenes en zonas urbano-marginales y rurales. Esta situación plantea un reto fuerte y difícil para el sistema educativo, porque, si bien es cierto es un problema que lo afecta directamente, las respuestas y soluciones para transformar esta problemática no están exclusivamente en el entorno escolar. Se requiere de reflexiones, acciones, voluntades y decisiones de otras esferas y entidades nacionales.

Este escenario significa una problemática grave en el cumplimiento de este derecho básico para los estudiantes salvadoreños. Al largo plazo este incumplimiento significa ausencia de oportunidades para desarrollarse plenamente, como la construcción del pensamiento crítico, de saber expresarse y de tener habilidades básicas que les permitan insertarse tanto a nivel productivo en la economía de su país, como participantes activos en su sociedad. Por lo tanto, urge preguntarnos ¿Qué es imperativo hacer para romper el círculo de inequidad educativa y para prevenir la exclusión social y económica que este escenario genera? ¿Qué políticas, decisiones y acciones deberían formularse? ¿Cuáles son las responsabilidades del gobierno y del Ministerio de Educación para romper este escenario de exclusión? Y, más importante aún, ¿los ciudadanos salvadoreños nos vemos como parte responsable de la exigibilidad y cumplimiento de este derecho?

BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS

• Tomasevski, K. 2001. Human Rights Obligations: Making Education Available, Accesible, Acceptable and Adaptable. Swedish International Development Cooperation Agency: Stockholm
• Tomasevski, K.. Julio-Diciembre 2004. “Indicadores del derecho a la educación”. Publicado en Revista IIDH, Vol. 40 p. 350
• Ministerio de Economía, 2009. “Midiendo la Pobreza en El Salvador: Valoraciones conceptuales y desafíos metodológicos”, El Salvador
• Observatorio MINED 2014 sobre los Centros Educativos Públicos de El Salvador
• Consejo Nacional de Educación, 2015. “Informe Diagnóstico: Entorno, violencia e infraestructura”, El Salvador
• Censo Escolar 2014, Ministerio de Educación El Salvador
• Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, DIGESTYC (2013)
• Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador, PNUD (2013)
• Informe “Educación de El Salvador en cifras 2009-2014”, 2014. Ministerio de Educación de El Salvador
• Latapí, Pablo. 2009. “El Derecho a la Educación: Su alcance, exigibilidad y relevancia para la política educativa”. Revista Mexicana de Investigación Educativa Vol. 14 Num.40 pp. 255-287