Retos para el magisterio y la disidencia nacional en 2019

• Pluma invitada
• 9 enero, 2019
• Opinión
• Rosalina Romero Gonzaga

Rosalina Romero Gonzaga

Becaria posdoctoral del Instituto de Investigaciones

sobre la Universidad y la Educación, IISUE-UNAM

rrgonzaga@comunidad.unam.mx

twitter: @rrgonzaga23

Bajo el nuevo gobierno el magisterio y la disidencia nacional se enfrentan a retos importantes. Uno de ellos, el caballo de batalla, lo ha anunciado recientemente el secretario de educación, Esteban Moctezuma Barragán, quien ha propuesto transformar el Servicio Profesional Docente en el “Servicio de Carrera Profesional del Magisterio”, a cargo de la SEP. Con ello, se abre paso a la creación del Centro para la Revaloración del Magisterio y la Mejora Continua de la Educación, como medida para fortalecer la capacitación y formación profesional docente, instancia que contará con un Consejo Consultivo Ciudadano permanente cuyas sugerencias no serán vinculantes, desapareciendo en los hechos al INEE. Pese a los problemas que enfrentan los docentes en materia de profesionalización, se sigue actuando por el mismo camino. Las propuestas contenidas en la iniciativa para reformar el artículo 3º de la Constitución presentada el 12 de diciembre del año pasado representan medidas apresuradas y poco congruentes con la realidad que enfrenta el sistema nacional de formación continua de los docentes de educación básica.

Una larga historia de esfuerzos desarticulados

La formación, capacitación, actualización y superación profesional del magisterio se ha caracterizado por ser una larga historia de esfuerzos aislados para la capacitación del magisterio (1944-1971), el mejoramiento profesional (1971-1978) o ambas tareas juntas realizadas desde la Dirección General de Capacitación y Mejoramiento Profesional del Magisterio de la SEP (1978-1988), transformada a partir de 1999 en la Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio (DGFCMS), donde el “sistema nacional de formación continua del magisterio en servicio” (el cual debió instituirse desde 1993) no ha logrado estructurarse en una política pública integral que atienda las necesidades de formación, actualización y fortalecimiento de la función docente. Esto ha sido así, entre otros factores, por los recortes presupuestales que ha sufrido.

La formación continua de los docentes de educación básica, separada de la formación inicial y permanente, se realizó hasta 2014 a través del Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio (PSNFCSP) bajo la gestión de la DGFCMS, dependiente de la Subsecretaría de Educación Básica (SEB) de la SEP (de 2008 a 2014), teniendo como antecedentes al Programa Nacional para la Actualización Permanente de los Maestros en Servicio (PRONAP, 1994-2008); el Programa de Actualización del Magisterio (PAM, 1993-1994) y el Programa Emergente de Actualización del Magisterio (PEAM, 1992-1993). A partir de 2014 la formación continua la asumió la SEP por conducto de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, CNSPD, creada a raíz de la implementación de la reforma educativa de 2013, quien implementó el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), el cual tiene como objetivo “garantizar una oferta de programas formativos pertinentes y con calidad que atienda las necesidades detectadas, mediante la evaluación interna de las escuelas públicas de educación básica para fortalecer el logro educativo del alumnado, orientada al desarrollo profesional del personal docente y personal con funciones de dirección, de supervisión y de asesoría técnico pedagógica”.

En el sexenio anterior se impulsó una estrategia nacional de formación profesional docente, la cual pretendió ser un “traje a la medida” para cada docente en función de las áreas de oportunidad detectadas a partir de las evaluaciones del Servicio Profesional Docente. El propósito de la estrategia fue identificar el tipo de habilidades que requerían fortalecer los maestros, directivos, supervisores y asesores técnico pedagógicos (ATP) para construir una oferta de formación acorde a las necesidades detectadas. Nada de ello ocurrió a la vuelta de cuatro años, en cambio se profundizó la evaluación del desempeño para el ingreso y promoción, dejando para después (en 2015) las evaluaciones del desempeño para el reconocimiento y la permanencia en el servicio.[i] En el transcurso de la implementación de la reforma educativa, los docentes carecieron de asesoría o acompañamiento de un tutor asignado a docentes de nuevo ingreso, así como de una oferta de formación adecuada y de calidad.

La formación docente: moneda de cambio político y sindical

Históricamente, la formación docente (inicial y continua) se ha convertido en moneda de cambio entre el gobierno federal y el sindicato nacional, SNTE: un programa de carrera magisterial controlado por las cúpulas sindicales y vinculado perversamente con una débil, deficiente, masiva y homogénea capacitación docente.

A nivel presupuestal, el Programa para el Desarrollo Profesional Docente, creado en 2014, ha sufrido reducciones considerables. En el presupuesto de egresos aprobado para 2019, recibió 700.56 millones de pesos (mdp)[ii], teniendo un recorte de 94 millones de pesos con respecto a 2018, cuando operó con 794 mdp. En años anteriores, el presupuesto ha ido a la baja.

En el sexenio de Enrique Peña, la Ley del Servicio Profesional Docente estableció un “nuevo sistema de formación continua” basado en un proceso transversal diseñado y ejecutado por las autoridades educativas y las instituciones de educación superior para ofrecer cursos, investigaciones aplicadas y estudios de posgrado con la atención del Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela (SATE) —por parte de los supervisores escolares— para cumplir con la capacitación, la actualización y el desarrollo profesional de los agentes educativos. El sistema nacional de formación se siguió aplicando mediante una oferta masiva homogénea.

En la estrategia programática del proyecto de presupuesto de egresos de la federación 2019 se menciona que “se dará una nueva orientación a la actualización y al desarrollo de habilidades y competencias del personal docente, directivo, de supervisión y apoyo técnico pedagógico en la educación básica y media superior, a través del programa para el Desarrollo Profesional Docente, a fin favorecer su desempeño pedagógico en aras de un mayor logro de aprendizajes de los educandos”.[iii] Sin embargo, no se han presentado los lineamientos o criterios técnico-pedagógicos al respecto.

La formación y actualización del personal docente (además de los directivos, supervisores, asesores técnico pedagógicos) seguirá sin ser una política pública y una prioridad para la secretaria de educación pública encabezada por Esteban Moctezuma Barragán a pesar de que el gobierno de AMLO se comprometió a atender la profesionalización de los docentes. En cambio, prioriza presupuestalmente cuatro programas sexenales: Programa Universidades para el Bienestar Benito Juárez García; Programa Nacional de Reconstrucción; Programa Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez; Programa Jóvenes construyendo el futuro.

La formación docente ha sido un programa (y no una política pública) tan amplio y ambiguo diseñado por funcionarios poco experimentados en el quehacer educativo donde se han incluido diversas actividades impulsadas desde la DGFCMS como: procesos de gestión, supervisión y asesoría; prevención de la violencia hacia las mujeres; procesos formativos en Matemáticas; la Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB); el uso educativo de las tecnologías de la información y comunicación; la enseñanza del idioma inglés; el diseño, la impresión y la distribución (sic) del Curso Básico de Formación Continua 2012 a las entidades federativas, e Historia, Matemáticas, Español, Ciencias y Formación Cívica y Ética,[iv] que se ha prestado para ser manejado política y sindicalmente tanto por las autoridades y funcionarios educativos (SEP, INEE) como por los líderes sindicales (SNTE, CNTE).

La precitación y premura con la que se han diseñado los programas de formación del maestro en servicio (en sexenios pasados y el actual) parecen ser la constante, se trabaja de manera aislada y con plazo cortos, en cambio poca o nula atención ha tenido las condiciones materiales del trabajo docente. La tónica de la actual administración educativa parece perfilarse hacia el regreso de una versión renovada del programa de carrera magisterial combinada con la implementación de una evaluación diagnóstica que sirva para establecer cursos de capacitación regionalizada improvisada sin la debida supervisión, monitoreo y evaluación bajo el control del sindicato nacional.

Los docentes tienen como nunca antes una oportunidad histórica para transformar su actual situación y ser los actores protagónicos en un ámbito que requiere su inmediata intervención, como lo es la formación (inicial, continua y permanente). La mística y el trabajo docente deben prevalecer por encima de la simulación sindical y la burocratización. Los docentes tienen que dejar de ser aplicadores de planes y programas diseñados por otros e instrumentos mecánicos del proceso educativo, para incorporarse a los cambios y convertirse en sujetos activos de su profesionalización.

[i] En 2014 el INEE publicó 12 documentos normativos y criterios para llevar a cabo el proceso de ingreso y promoción al Servicio Profesional Docente (SPD), pero advierte que no expidió los correspondientes a los procesos de reconocimiento y permanencia.

https://www.jornada.com.mx/2016/02/28/politica/003n1pol#, consultado el 4 de enero de 2019.

[ii] https://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF2019/docs/11/r11_ppcer.pdf, consultado el 4 de enero de 2019.

[iii] Ibid.

[iv] Medardo Tapia y Verónica Medrano (2016). Modelos de formación continua de maestros en servicio de educación primaria: criterios e indicadores para su evaluación. México: INEE, p. 10.