Segob-Sección 22: una vuelta de tuerca

• Carlos Ornelas
• 17 junio, 2015
• Opinión
• CNTE, negociaciones CNTE Segob reforma educativa, reanudación de la evaluación reacciones, suspensión evaluación docente

Tal vez el primero y más sorprendido del éxito de su pequeño manotazo haya sido el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda. Él, tan dado a conceder, tuvo que fajarse y decirles no a los dirigentes de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, cabeza de la tan temida Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Los recibió por cinco minutos y les dijo que el diálogo se reanudaría sólo si los paristas regresaban a clases.

No obstante, no fue la actitud ni la forma inusual del verbo del subsecretario Miranda lo que hizo a los docentes regresar a Oaxaca. Fue la aplicación de la sanción establecida en la ley de no pagar a quien no trabaje. Atención: el gobierno no llegó a tanto como no cubrir lo no devengado (cerca de 400 millones de pesos de una quincena).

Después de todo, el faje no fue tan fuerte. A partir del lunes se reanudaron los pagos, primero, a quienes cobran por vía electrónica y, ayer, se distribuyeron los cheques. La CNTE, de nuevo, doblega al gobierno; parece que a ciertos funcionarios les caló la amenaza de los disidentes de que si no les pagan se las pagan. La vuelta de tuerca del subsecretario Miranda funcionó sólo para hacerlos regresar a su estado; no cambia la rutina de protesta-presión-extorsión que acostumbra la CNTE.

El presidente Peña Nieto señaló desde Europa la importancia de la Reforma Educativa, dijo, otra vez, que no hay marcha atrás. Sin embargo, suena como otra advertencia entre muchas que ha hecho. Los niños de Oaxaca se quedaron sin clases, se violaron sus derechos, se burló a los padres de familia, hubo pérdidas por los paros, hay suciedad en las calles por los plantones y los causantes de tanto daño y tanta pena sólo sufrieron un rezago en la recepción de sus pagos. En Michoacán ni eso, cobran y siguen en paro.

El mensaje verdadero no es el lenguaje del Presidente, que puede ser elocuente, sino lo que el gobierno hace en la realidad. Las reglas del juego informales que ejerce la Segob dictan el ritmo de la reforma en Oaxaca Guerrero, Chiapas y Michoacán, no las piezas de oratoria del Presidente y su secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet.

La amonestación discursiva no tiene efectos si no se aplican las sanciones —ojo, no digo que se reprima con violencia a los paristas— que establece la ley. El secretario Osorio Chong y el subsecretario Miranda juran ante el Congreso y la prensa que la Segob no negocia la ley. Dicen que nada más se obra con cautela y se privilegia el diálogo.

El artículo 76 de la Ley General del Servicio Profesional Docente no dice nada de diálogo, su texto es traslúcido: “Con el propósito de asegurar la continuidad en el servicio educativo, el servidor público del sistema educativo nacional, el Personal Docente y el Personal con Funciones de Dirección o de Supervisión en la Educación Básica y Media Superior que incumpla con la asistencia a sus labores por más de tres días consecutivos o discontinuos, en un periodo de treinta días naturales, sin causa justificada será separado del servicio…”.

Alguien dirá que separar del cargo a más de 80 mil docentes y directivos que no cumplen creará un caos en Oaxaca. No digo que sea fácil, entonces, ¿para qué poner en la ley preceptos que no se podrán consumar? El gobierno está en la encrucijada. Si cumple con la ley —que no puede y ni siquiera quiere— produce una crisis sin precedente en Oaxaca pero, si permite que las cosas mantengan su existencia, Oaxaca seguirá en crisis permanente.

En la conferencia de prensa del 8 de junio, el secretario Chuayffet dijo que la reforma marcha en la mayor parte del país, que no se cumpla en varios estados no significa su fracaso. Puede ser, pero no lo creo. La política errática y contradictoria de este gobierno se encamina a instituir estados de excepción donde la ley no se aplica, se permita que haya huelgas y boicots a las evaluaciones, mientras los preceptos legales sí se cumplen en el resto de las entidades federales… y no por completo.

Las piezas de oratoria, por muy seductoras que puedan escucharse, sólo producen legitimidad quebradiza que se desmorona en cuanto las palabras de los políticos chocan con la realidad.

Más que vueltas de tuerca de cuando en cuando, el gobierno quizá debería aplicar una estrategia de contención a los disidentes, aplicar la ley y ejercer la acción política más allá del discurso, digo, si de veras quiere ganar en legitimidad.