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Alejandro Murat Hinojosa tomó posesión del cargo de gobernador de Oaxaca en un contexto que presagia borrascas. En el ámbito nacional, la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos nos trae de cabeza; en la trama local, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación mostró sus garras.

“El que porfía mata venado”, dice un refrán popular. Aunque no todo lo que pregona la Secretaría de Educación Pública como éxito rotundo sea la pura verdad, hay asuntos en los que los avances son innegables, mientras otros son expectativas o formas discursivas. La evaluación a los docentes continúa su camino sin las trabas del año pasado. El mérito como criterio de ingreso y ascenso en el servicio profesional docente se abre camino, pero hay remanentes en varios sistemas estatales que defienden la tradición con disimulo. El corporativismo, por más que el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, pregone lo contrario, sigue vigente.

Los recientes acontecimientos que de manera coyuntural se han presentado han cimbrado a los distintos sistemas incluyendo el educativo. El triunfo de Donald Trump en la elección presidencial de los EU, la desafortunada aparición mediática del titular de la SEP Aurelio Nuño, el cual fue corregido por una niña al pronunciar durante tres ocasiones la palabra "ler" sustituyendo la palabra correcta "leer", inaugurando con ello una forma de distorsionar el le

La Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF), anunció que el director de la escuela primaria "Leonardo Bravo" y uno de los principales líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Francisco Bravo, ha sido removido de su puesto, por lo que será puesto a disposición de labores administrativas y, más adelante, reubicado en otro plantel de educación básica.

Douglass North y James March, autores de la corriente que se denomina nuevo institucionalismo, cada uno por su lado, coligen que la política es también la aptitud de los gobernantes de administrar los incentivos para alcanzar los propósitos acordados o expuestos en las leyes. Éstas trazan el marco institucional (Estado de derecho) donde se supone que deben actuar los políticos (con y sin poder).

Prácticamente a un par de meses de que concluya este convulsionado 2016, el escenario educativo en México, parece haber entrado en un impasse que ha llevado al gobierno federal, lanzar campanas al vuelo afirmando que la “reforma educativa” es una realidad. Hechos para sustentar mi dicho hay muchos y muy variados, por ejemplo: el apaciguamiento de una aguerrida

Lejos estoy de pensar que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación está derrotada, no es un volcán en extinción, duerme, pero puede hacer erupción en cualquier momento. De cualquier manera, parece que se agota la gasolina que le proporcionó la mañana triste de Nochixtlán.

En la anterior entrega del Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia se presentó el proceso de hechura legislativa de la reforma educativa, enmarcado en el retorno del PRI a la presidencia y el Pacto por México. En esta entrega se realizará un repaso a su proceso de puesta en acto, desde su promulgación hasta la fecha.

Entre los sexenios de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, cuando el PAN tuvo en sus manos el gobierno federal, se desarrolló una clara línea de continuidad en materia de programas educativos. Se trata de dos etapas de un mismo proyecto educativo. No obstante, el periodo de Calderón estaría marcado por el protagonismo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el SNTE, en la gestión de los procesos que marcaron el rumbo de la política educativa sexenal. No es exagerada la caracterización de la etapa como de cogobierno SEP-SNTE en el ámbito de la educación básica del país.

Durante la reunión que sostuvieron el secretario de Gobierno de Michoacán, Adrián López Solís y el dirigente de la coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Víctor Manuel Zavala, el funcionario pidió al líder evitar las diversas movilizaciones para "no dañar la imagen del estado".