Archivo de Etiquetas: Jennifer L. O’Donoghue

Urge garantizar los derechos profesionales docentes

Hace una semana se publicó el decreto por el cual se reforman los artículos 3º, 31 y 73 de la Constitución. Ya empieza la cuenta regresiva para concretar lo que ahí se plasma como aspiración y guía para la transformación del sistema educativo: nuevas leyes, estrategias nacionales, políticas públicas y (ojalá) prácticas.

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En agradecimiento a las y los maestros

En la víspera del Día del Maestro, estamos también a pocos días de tener un artículo 3º constitucional reformado, que trae consigo la promesa de cambios significativos para las y los maestros en el país. Algunos de los avances más importantes en esta reforma tienen que ver con los derechos profesionales docentes (DPD), aquellos que garantizan a cada docente una trayectoria profesional orientada al ejercicio pleno de su derecho a aprender, así como el de sus estudiantes.

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Avances y pendientes en la reforma educativa

Mientras algunos aplauden y otros lamentan la no aprobación de la reforma al artículo 3º (la Reforma Educativa) en el Senado, vale preguntar, ¿representaría “un avance” para las niñas, niños y jóvenes (NNJ) en el país? Desde nuestra perspectiva, sí, hay elementos que fortalecerían cómo entendemos el derecho y cómo proponemos garantizarlo. Aunque este avance sería lo alcanzable en este momento y no necesariamente lo “ideal” (siempre difícil de lograr en una democracia plural).

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Un sistema educativo para todas y todos

El sistema educativo en México no es para todos. Ya conocemos las cifras básicas: uno de cada tres jóvenes no llega a la Educación Media Superior, y dos de cada tres no aprenden lo que necesitan. Y la estadística es más brutal si la desagregamos un poquito: uno de cada dos jóvenes con discapacidad está fuera de la escuela; 83% de niñas y niños de educación indígena y 80% de comunitaria no desarrollan conocimientos básicos.

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Somos lo que aprendemos

Hoy en día, en el artículo 3º constitucional vigente, el Estado tiene la obligación de garantizar el aprendizaje como parte fundamental del derecho a la educación. Pero esta obligación, y la palabra aprendizaje (en cualquiera de sus variantes), se eliminaría de la Constitución si se aprueba la iniciativa de reforma del Poder Ejecutivo.

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Una verdadera política nacional de inglés

La semana pasada, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, dio a conocer una posible nueva estrategia para llevar el inglés a más escuelas mexicanas. Le cito: “Estamos desarrollando una investigación sobre la enseñanza del inglés a través de plataformas, en donde el maestro dirige la enseñanza y el niño aprende inglés sin que el maestro necesariamente sepa hablarlo”.

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El Artículo tercero que necesitamos

Hace unos días las Comisiones Unidas de Educación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados convocaron a maestros, especialistas, sociedad civil, familias, estudiantes, y autoridades a participar en audiencias públicas para presentar propuestas que fortalezcan la iniciativa de reforma al artículo 3º constitucional.

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Una educación incluyente desde la Constitución

Jennifer O’Donoghue  Nuestro sistema educativo, como nuestra sociedad, es excluyente. Hasta la estadística más sencilla retrata la exclusión, y basta con un par de experiencias en campo para ver la realidad cotidiana de millones de niñas, niños y jóvenes (NNJ) que no están en la escuela o, estando en ella, no aprenden o no se sienten escuchados ni involucrados. La inclusión en la educación ...

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La “nueva reforma” y derechos profesionales docentes

En menos de un mes, la Cámara de Diputados discutirá la iniciativa que busca reformar el artículo 3º constitucional. El presidente López Obrador caracterizó la presentación de dicha iniciativa como un “compromiso cumplido” con los maestros, pero ¿es ésta la respuesta a sus inquietudes? ¿Garantizará a los docentes sus derechos como profesionales del aprendizaje y agentes de cambio educativos?

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Nuestro derecho como país es aprender

Las palabras importan. Y cuando hablamos de las palabras consagradas en la Constitución, importan aún más. Son las palabras las que marcan el actuar de las autoridades y las que establecen la base mínima de lo que podemos esperar y exigir en el cumplimiento de nuestros derechos humanos.

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