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Una política de prevención de la violencia no debe partir de la criminalización de los niños

Los acontecimientos ocurridos el pasado 18 de enero donde en un colegio privado un joven disparó contra su maestra y algunos compañeros en la ciudad de Monterrey, fueron sin duda, un signo de alarma para muchos, pero desafortunadamente, para otros, algo que es solamente una de entre muchas señales de la crisis social que vivimos en nuestro país. Ante este tipo de situaciones, la sociedad entera se pregunta ¿cómo es posible que estas cosas ocurran? Y en el mejor de los casos ¿hay alguna forma de evitarlo? La preocupación por la seguridad de nuestros hijos ahora se ha trasladado al ámbito escolar, la escuela ha dejado de ser el espacio social que aseguraba la integridad de los niños.

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Lo que hay detrás del discurso de la educación inclusiva

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce el derecho a la educación bajo tres enfoques: no discriminación, igualdad de oportunidades y asegurar la educación inclusiva a todos los niveles (INEGI, 2015). Sin embargo, de acuerdo a los resultados del Censo 2010, en México, sólo 45 personas con discapacidad de cada 100 en edad escolar, asisten a una institución educativa (INEGI, 2013).

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El caso de Monterrey: un debate sobre la violencia y la autonomía escolar

En días pasados, los mexicanos fuimos testigos de un brutal acto de violencia en una escuela privada en la ciudad de Monterrey. Llenos de horror contemplamos los videos difundidos por las redes sociales y constatamos que la violencia armada en las escuelas es ya una realidad latente. Hay varios elementos preocupantes en este hecho. El primero implica la concepción y planeación del acto pues el muchacho definió el momento y los medios para realizarlo; el segundo tiene que ver con el evidente deterioro de las formas de convivencia en la sociedad en general y en la escuela como microcosmos y, el tercero se relaciona con la respuesta de la sociedad ante el fenómeno de la violencia tangible.

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La reivindicación de los sujetos populares y la educación de jóvenes y adultos en América Latina

El estado de las sociedades latinoamericanas en el marco de un mundo cada vez más interconectado, pero a la vez más desigual es muestra del posicionamiento de la democracia como significante vacío al que diversos sectores recurren como fuente de legitimación de sus proyectos. Así, los movimientos políticos que han contado con un amplio apoyo popular muestran cadenas equivalenciales diversas coaligadas en torno a liderazgos de rasgos populistas. Así, las centrales obreras en Brasil llegaron a converger con el liderazgo de Luis Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores; las clases medias pauperizadas y los sectores de trabajadores del Estado, entre ellos los docentes se aglutinaron en torno a la propuesta de los Kirchner en Argentina. La larga tradición aymara de autogobierno ha sido la base de la refundación de Bolivia en clave plurinacional con la llegada al poder de Evo Morales.

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Lo que cambia para no cambiar: La contradicción de la Reforma Educativa y el derecho a la educación

Ahora que finalmente nuestro país cuenta con una serie de documentos que pretenden establecer el rumbo de la educación para los próximos años (Los Fines de la Educación en el Siglo XXI, El Modelo Educativo 2016 y la Propuesta Curricular para la Educación Obligatoria) saltan a la vista múltiples interrogantes que van más allá de estar de acuerdo o en desacuerdo con las propuestas, enfoques y énfasis de lo que el propio gobierno, a través del Secretario de Educación Pública, ha definido como “el planteamiento pedagógico de la Reforma Educativa”.

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Reformas educativas en Latinoamérica / De la hechura jurídica a la puesta en acto. La reforma educativa en México

En la anterior entrega del Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia se presentó el proceso de hechura legislativa de la reforma educativa, enmarcado en el retorno del PRI a la presidencia y el Pacto por México. En esta entrega se realizará un repaso a su proceso de puesta en acto, desde su promulgación hasta la fecha.

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El (recorte al) gasto federal y el derecho a la educación

El presupuesto de egresos de la federación es una herramienta para lograr los objetivos y metas de los programas sectoriales, del plan nacional de desarrollo, de las funciones y atribuciones de los distintos órganos de la administración pública. Sin embargo, más allá de lo anterior, el presupuesto es también un indicador de la medida en la que el gobierno asume las responsabilidades del Estado, derivadas de los fines establecidos en la legislación de cada materia en particular, así como de los derechos humanos de los ciudadanos, en general.

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Reforma educativa, profesionalización docente y derecho a la educación (de buena calidad): ¿es posible una relación entre ellas?

La vorágine de los hechos recientes –la radicalización de la resistencia magisterial, la represión gubernamental que implicó la pérdida de vidas de civiles y el inicio forzado de negociaciones entre un sector del magisterio y el gobierno federal– obliga a hacer una pausa y dar un paso atrás para recuperar la perspectiva necesaria que permita entender lo que sucede e intentar descifrar el rumbo que tomarán los acontecimientos y si ése es el adecuado para lo que queremos como Nación. Para ello es necesario puntualizar algunos elementos de carácter general.

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