• Pedro Flores
• 9 julio, 2015
• Opinión
• Evaluación docente, oposición evaluación docente, reforma educativa

¿Qué sentido tiene boicotear la aplicación de los exámenes cuando una proporción considerable de maestras y maestros registrados —entre 73 y 83 por ciento— lo han presentado? ¿Qué fuerza puede tener la disidencia magisterial si la gran mayoría de las entidades federativas (29) pudo organizar los concursos? ¿Con qué argumentos se opondría uno a la evaluación docente si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró, por unanimidad, su constitucionalidad? Hasta los amparos promovidos recientemente por los maestros ya fueron resueltos por la Corte. Se trata, por lo tanto, de una batalla perdida para la coalición disidente (maestros, medios, académicos).