Inclusión y consenso en el sistema educativo mexicano, el reto de la próxima presidenta mexicana en materia educativa

Eduardo Grajales

En los últimos treinta años el sector educativo ha sido pieza clave en el diseño de las agendas políticas gubernamentales en diferentes países de América Latina (AL), que buscan ponerse a la vanguardia de las potencias mundiales para alcanzar un mayor desarrollo económico y humano.

Entonces y hasta ahora, de Argentina a Cuba se han impulsado múltiples reformas educativas que han polemizado al sector político, académico y social al involucrar cambios profundos a nivel curricular, pedagógico, filosófico y metodológico, sugeridos mayoritariamente por organismos internacionales cuya ideología neoliberal muchas veces se contrapone con la de la región.

En México no hemos sido ajenos a esta situación. En la pasada administración vivimos quizá el más cruento desenlace que ha tenido una reforma educativa en la historia reciente de nuestro país, la cual no solo resultó fallida, sino derogada por el gobierno sucesivo que, paradójicamente, sufre también las consecuencias de impulsar una contrarreforma con esencia neoliberal.

Estas mismas complicaciones, en mayor o menor medida, las viven y han vivido países como Bolivia, Chile, Ecuador, Argentina, Brasil, Cuba, Colombia, entre otros, como puede constatarse en el libro Políticas Educativas en América latina, Reformas, Resistencia y Persistencia, cuyo coordinador es el académico mexicano, Carlos Ornelas, lectura que recomiendo porque me parece de gran relevancia para comprender el tema en cuestión.

A través de este interesante documento de educación comparada, que agrupa una serie de conferencias magistrales de especialistas internacionales, se identifican puntualmente los recovecos de distintos proyectos educativos latinoamericanos, y se analizan sus trasfondos desde la visión de los expertos quienes señalan sus aciertos, yerros y los avances que se han obtenido en el intento.

La conclusión que en lo personal me dejo este libro, es que todos esos países han hecho grandes esfuerzos por modernizar sus sistemas educativos y encontrar una ruta auténtica que les permita gestionarlos con los mayores enfoques de calidad. Infortunadamente, sus logros no han sido los esperados por aspectos culturales, políticos, pero sobre todo por encontrados intereses económicos. Su educación, incluyendo la de México, ha avanzado, sí, pero a paso lento y poco significativo.

Asimismo, se concluye que una reforma educativa no basta solo con un diseño adecuado y una correcta planificación y legalidad, requiere de una alta capacidad política para legitimarla en todos los entornos, lograr consensos entre los actores gubernamentales que la promueven con otras fuerzas políticas casi igual de relevantes, necesarias la más de las veces para su apropiada operatividad, como sindicatos, asociaciones de padres de familia, organismos empresariales, académicos, entre otros.

Quizá este sea el gran reto de la próxima administración presidencial, encontrar una ruta que le permita cohesionar a todas esas fuerzas en un gran proyecto educativo que permita apalancar hacia el desarrollo económico y social que le urge a nuestro país.

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