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Se atribuye a Einstein la idea: “la definición de la locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener diferentes resultados”. No se ha podido documentar cómo, cuándo o dónde el físico alemán habría dicho eso, aunque la expresión se cita con abundancia por la verdad que encierra. Y viene a cuento ahora que se ha iniciado la “consulta participativa para una nueva reforma educativa” que, como informó el probable titular de Educación Pública del nuevo gobierno, Esteban Moctezuma Barragán, tendrá tres componentes: los 32 foros estatales que tendrán lugar en universidades públicas, la consulta abierta mediante una plataforma digital, y el mecanismo denominado “un Diálogo Social, a través de visitas realizadas por brigadistas voluntarios a hogares en todo el país”.

No mucho, pero algunas cuestiones se aclararon en la reunión sostenida entre los rectores y directivos agrupados en la ANUIES con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Como se recordará, la asociación aprobó a finales del año pasado el documento “Visión y acción 2030. Propuesta de la ANUIES para renovar la educación superior de México” para presentar, a los contendientes en la campaña presidencial, el punto de vista de la organización sobre los problemas que debe sortear el sistema para mejorar su cobertura social, la calidad y pertinencia de la formación profesional y de posgrado, así como construir nuevos vínculos con el entorno económico y social del país y sus regiones.

La semana pasada comentamos las recomendaciones incluidas en el documento “Visión y acción 2030. Propuesta de la ANUIES para renovar la educación superior de México”, sobre las áreas de gobernanza, cobertura y calidad. En esta colaboración, última de la serie sobre el planteamiento de la ANUIES en materia de las políticas de educación superior para el nuevo sexenio, nos concentraremos en las recomendaciones correspondientes a las áreas de responsabilidad social y financiamiento.

En el documento “El documento “Visión y acción 2030. Propuesta de la ANUIES para renovar la educación superior de México”, que hemos comentado las últimas dos semanas, se plantea una perspectiva de largo aliento, hacia el horizonte 2030, que indica lo siguiente: “En la agenda nacional, la educación superior se considera un factor estratégico para el desarrollo económico, social y cultural, y para incrementar la competitividad del país en el escenario mundial. Derivado de un gran acuerdo nacional se ha construido el Sistema Nacional de Educación Superior, lo que ha permitido fortalecer la gobernabilidad, ampliar la cobertura, facilitar la movilidad de docentes y estudiantes, y mejorar la calidad mediante un nuevo modelo de evaluación y acreditación. Estos avances contribuyen a la construcción de una sociedad más justa, equitativa y próspera.”

Fundada en 1950, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) es una organización de carácter no gubernamental que representa en la actualidad a casi doscientas instituciones mexicanas de educación superior, que concentran poco más del sesenta por ciento de la matrícula de licenciatura del país. Uno de los propósitos constantes de la organización, desde sus orígenes, ha sido interactuar con el gobierno federal para la definición de las políticas públicas de educación superior del país.

En política uno de los mayores desafíos, si no es que el principal, consiste en la posibilidad de conciliar voluntades e intereses en torno a un determinado conjunto de propuestas, programas o proyectos de acción gubernamental. Que una política pública consiga ser calificada como legítima depende de la solución que se alcance para tal desafío. No es sencillo, por supuesto, porque con frecuencia los intereses en juego se oponen entre sí, como al parecer es el caso del futuro de la reforma educativa y de su eventual reemplazo por otra fórmula de transformación, aún por dilucidar.

En el último tramo de las campañas por la presidencia de la República las propuestas de los candidatos en materia educativa conservaron, prácticamente en los mismos términos, sus formulaciones originales, acaso con algunos matices. La coalición Todos por México (PRI, PVEM y PANAL), encabezada por José Antonio Mead, insistió en la continuidad de la reforma educativa porque de ello, señalan, depende alcanzar el objetivo de mejorar la calidad del sistema educativo en todos sus componentes. En algo subió la apuesta el candidato Mead: aumentar la cantidad de guardería, preescolares y primarias de tiempo completo y lograr que éstas tengan y controlen su propio presupuesto. Añadió que se propone incrementar sustancialmente el salario docente, aunque sujetar los términos de ingreso, promoción y permanencia a la normativa vigente.

En 1993 se formalizó la creación del Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE) como asociación civil. A veinticinco años de distancia el Consejo es reconocido como la principal agrupación de investigadores educativos del país y como el espacio en que, con mayor trascendencia, se moviliza el debate académico nacional de las disciplinas que convergen en torno a la educación.

La UNAM es la institución con mayor demanda para cursar los niveles de bachillerato y licenciatura. Las cifras son impresionantes: para el ciclo 2017-2018 se registraron 185,912 aspirantes para ingresar a alguno de los planteles de la Escuela Nacional Preparatoria o el Colegio de Ciencias y Humanidades, y 250,692 para acceder a alguna de las 122 carreras que ofrece esa universidad. Consiguieron ingresar 36,855 a bachillerato, es decir el 19.8 por ciento de los solicitantes, y 23,324 a licenciatura mediante concurso de selección, lo que representa apenas el 9.3 por ciento de las solicitudes. Esta última cifra, la de aceptados por concurso, representa el 45.4 por ciento del cupo de primer ingreso a licenciatura (51,355 lugares disponibles), el resto (28,031 lugares) fue asignado a los egresados del bachillerato de la UNAM que cumplieron los requisitos del pase reglamentado (fuente)

La matrícula de licenciatura en educación Normal está disminuyendo aceleradamente. A inicios del sexenio la población escolar en las normales públicas ascendía a poco más de cien mil estudiantes (101,055 en el ciclo 2012-2013), y según estimaciones de la SEP, al término de la administración Peña Nieto habrá descendido a menos de setenta y cinco mil (74,688 en 2017-2018). La situación en las privadas es peor aún: de 33,365 en 2012-2013 a 12,353 estimados en el año que corre (Fuente: SEP, Sistema Interactivo de Consulta de Estadísticas Educativas)