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Las áreas de la SEP encargadas de evaluar el aprovechamiento escolar tuvieron un desarrollo gradual desde los años setenta y estuvieron principalmente enfocadas a proveer a los centros escolares y a los docentes del sistema de educación básica de instrumentos para medir el aprovechamiento de los estudiantes en los distintos niveles y materias de la educación primaria y secundaria. Entre 1976 y 1982 las pruebas se enfocaron a propósitos de acreditación de estudios en los sistemas de educación abierta (primaria, secundaria y bachillerato).

Si, como efecto de la cancelación de la reforma educativa con la que el nuevo gobierno se propone iniciar su gestión, se decide la disolución del INEE autónomo, queda por resolver qué instancia se habrá de encargar de continuar o reorientar las funciones de evaluación requeridas para el monitoreo de la nueva generación de políticas educativas.

En México la evaluación de los componentes del sistema nacional educativo entró al escenario de las políticas educativas a partir de los años setenta del siglo pasado, de la mano de la implantación de nuevos enfoques e instrumentos para la planeación y control del sector.

La decisión parece tomada a juzgar por las declaraciones del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, tras su reunión con la Comisión Única Negociadora de la CNTE en días pasado. Según reportes de prensa, el futuro primer mandatario se habría comprometido a que, en los primeros seis meses de su gobierno, se derogue la reforma educativa y se cancele el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). Ambas medidas están formalmente en manos Legislativo. No obstante, en este, como en otros casos, la palabra presidencial perfila una decisión tomada.

Y que se denomine Secretaría de Educación a secas. Por dos razones: primera, para unificar el título de la máxima autoridad educativa del país a la denominación que se emplea en prácticamente todos los países. La segunda razón es de fondo y consiste en la importancia de desarrollar un marco normativo unificado para el sistema de educación en su conjunto, lo que incluye al sector público y al privado.

En varios países del área latinoamericana, con mayor intensidad en Argentina, Chile y Colombia, se han desarrollado en los últimos meses movilizaciones que tienen en común demandas de mejora de las condiciones de trabajo docente y los ingresos, aunque también particularidades relativas a las formas de gestión. Tales movilizaciones han cobrado un notable alcance territorial y tenido eco entre los estudiantes y en otros sectores sociales. Veamos algunas de sus características, enfoque y perspectivas.

La violencia con la que militantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CNTE, evitaron la realización del Foro de Consulta Estatal Participativa correspondiente al estado de Guerrero (Acapulco, 7 de octubre 2018), muestra un aspecto de la confrontación que sectores de la disidencia magisterial están dispuestos a desplegar ante la formulación y puesta en marcha de una política educativa que no incluya cabalmente las que consideran demandas legítimas de su organización.

Del ciclo escolar 2011-2012 al correspondiente a 2017-2018, el indicador de cobertura bruta de la educación superior, oficialmente denominado “tasa bruta de escolarización superior”, ha sostenido una tendencia de incremento importante. En el periodo la cobertura pasó de 30.8% a 38.4%, es decir aumentó 7.6 puntos en total o 1.25 por año en promedio. El cálculo toma en cuenta la matrícula inscrita en programas de educación superior en modalidades escolarizada y a distancia e incluye a la población de técnico superior universitario, licenciatura universitaria y tecnológica, así como educación normal. En 2011-2012 esa matrícula sumaba 3,274,639 y en 2017-2018 un total de 4,210,250 estudiantes. Tales cantidades, divididas entre el número de individuos entre 18 y 22 años en los años correspondientes, según las proyecciones de población oficiales, dan como resultado las tasas indicadas.

Para en el sexenio que está por agotarse se propuso una meta de cobertura de educación superior de cuarenta por ciento del grupo de edad entre 18 y 22 años. A la fecha (ciclo 2017-2018) se alcanzó el treinta y tres por ciento de cobertura escolarizada y treinta y ocho por ciento de cobertura total, en que se incluye la matrícula escolarizada y no escolarizada. En esta última se incluye a la población escolar en programas de educación a distancia.

Se mantiene en suspenso la decisión acerca de suprimir, reformar o dar condiciones de continuidad a las tareas que realiza el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE). Tal parece que la oscilación de posturas al respecto refleja la coexistencia de puntos de vista diferentes entre el equipo de transición en materia educativa, encabezado por Esteban Moctezuma Barragán, y el bloque legislativo de Morena, el cual, desde las dos cámaras, ha manifestado la intención de eliminar la reforma educativa en sus distintos componentes y procesos.