Archivo de Etiquetas: rogelio alonso

Pobreza y educación: ¿Quién gana la batalla?

Se cuenta con admiración la hazaña del indio oaxaqueño analfabeta que cuidaba ovejas en un pueblo miserable y después de estudiar leyes llegó a ser presidente del país. Más recientemente, se narra con asombro la historia de la niña de origen precario que tomaba clases al lado de un basurero y maravilló al mundo con sus aptitudes matemáticas, siendo catalogada como la sucesora de Steve Jobs. ¿Por qué estos dos hechos, tan distantes en el tiempo, son recordados con tanta fascinación? ¿Son su admiración un reconocimiento a que, generalmente, la pobreza a impide la trascendencia a través de la educación? Los discursos oficiales no dudan en presentar a la educación como el principal factor de cambio para el logro del bienestar individual y colectivo. Es indiscutible tal afirmación, sin embargo, los discursos soslayan una situación adversa: es la misma pobreza la que impide que los individuos puedan acceder a oportunidades educativas que les permitan superar la miseria; desafortunadamente, casos como los mencionados son excepciones a una generalidad confirmada por los principales indicadores educativos. Tal vez por eso llegan a ser noticia y hasta proezas legendarias que trascienden los siglos.  

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Cuotas escolares: entre la gratuidad y el abandono

El Artículo Tercero Constitucional establece que uno de los rasgos fundamentales de la educación mexicana es la gratuidad. Asimismo, en el artículo sexto de las disposiciones generales de la Ley General de Educación, se determina la prohibición del pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación del servicio educativo a los niños y jóvenes. De esta forma, la inscripción, el acceso a la escuela, la realización de trámites o el otorgamiento de algún beneficio, no pueden estar condicionados al pago de alguna cuota, buscando así propiciar un trato igualitario para los alumnos. No obstante lo anterior, la Ley General de Educación no niega o prohíbe la existencia de las cuotas escolares, sino que les otorga el carácter de voluntarias y, por ende, intrascendentes para el goce del derecho a la educación. 

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Servicio de carrera del magisterio: que no tropiece con las mismas piedras

El pasado 12 de diciembre, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, junto con el Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, presentó una iniciativa para abrogar la Reforma Educativa impulsada por la administración gubernamental pasada. En el texto que el titular del poder ejecutivo dirige al presidente del poder legislativo se establece, entre muchas otras ideas más, la necesidad “de un auténtico sistema de mejora continua de la educación a través del Servicio de Carrera del Magisterio que asegure a los docentes un desarrollo profesional que incida simultáneamente en la elevación de sus ingresos y prestaciones en términos reales, y en la superación de la calidad de la enseñanza impartida a los educandos”.  Así pues, se busca un sistema que, además de propiciar oportunidades para que los docentes perfeccionen sus capacidades laborales, aumentando también la calidad de la enseñanza, repercuta en las retribuciones económicas de los profesores.

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¿Es merecida la cancelación del INEE?

El 12 de diciembre de 2019, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, presentó una iniciativa que considera la desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). Asimismo, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 contempla un recorte de casi la mitad (45%) de los recursos destinados al organismo.

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Presupuesto al normalismo: que sea otro error de dedo

El 19 de diciembre pasado, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció la reapertura de la Escuela Normal Rural Luis Villarreal, mejor conocida como El Mexe, en el estado de Hidalgo.  La reapertura de la institución mencionada está por demás cargada de simbolismo: dos actores principales del régimen pasado, como Jesús Murillo Karam (responsable de la “verdad histórica” del caso Ayotzinapa) y Miguel Ángel Osorio Chong (mano derecha del presidente Peña Nieto), se encargaron de afectar significativamente la matrícula de la normal rural hasta finalmente, en el año 2008, clausurarla, coronando así un largo proceso por el que fueron reducidas, prácticamente a la mitad, las escuelas normales rurales del país (Coll, 2015, p. 90).

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Los desafíos educativos para la Cuarta Transformación

En días pasados, causó revuelo en la opinión pública el hecho de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador firmara el documento “Decreto por el que se reforman los artículos 3°, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, el cual será enviado al poder legislativo para su posible aprobación. La mayoría de los debates propiciados en torno a este hecho se centraron en dos temas: las propuestas para realizar modificaciones a la evaluación docente y la intención de desaparecer al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). La discusión se ha alejado así de situaciones problemáticas educativas que incluso no son inherentes sólo a la Reforma de 2013. Así pues, vale la pena revisar los principales desafíos que, en términos educativos, deberá enfrentar la nueva administración del gobierno federal.

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Descarga administrativa: quimera de las escuelas mexicanas

Desde hace algunos años, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha implementado el Sistema Básico de Mejora (SBM), buscando orientar así a las escuelas hacia la atención de prioridades educativas esenciales, tales como la mejora del aprendizaje de sus alumnos o la normalización del funcionamiento de los centros escolares. Para lograr esto, dentro del SBM se contemplan cuatro condiciones, entre las que destaca la Descarga administrativa, la cual deberá ser entendida como la simplificación de los procesos administrativos de los centros escolares, con el propósito no sólo de reducirlos, sino de orientarlos predominantemente hacia una pertinencia académica. Así pues, se busca que la labor de las escuelas prioricen lo académico por sobre lo administrativo. 

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La lucha normalista por la Educación Especial

La naturaleza discriminatoria de nuestro sistema educativo tiene, entre múltiples expresiones, la segregación de las personas con discapacidad. Basta echar un vistazo a datos estadísticos para justificar la aseveración anterior: por un lado, el analfabetismo entre personas con discapacidad es de 22.6%, cuatro veces mayor que el del total de la población (5.5%) (INEE, 2017b, p. 82); por otra parte, en cuanto a la escolaridad de las personas con discapacidad de 15 o más años de edad, en 2016, era de 5.5 años, mientras que la de las personas sin discapacidad, era de 9.6 años (INEE, 2017b, p. 128). Si bien sería injusto para la escuela achacarle la responsabilidad absoluta de lo anterior y pretender aminorar la influencia de condiciones sociales, económicas y culturales, es digno de análisis el estado que guarda la educación nacional en relación a la atención a grupos en condición de vulnerabilidad y, en particular, de las personas con algún tipo de discapacidad.

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Foros de Consulta Educativa: Que no haya sentencia antes del juicio

En octubre de 2015, el entonces Secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer, respondió a través de los medios de comunicación a las exigencias de la disidencia magisterial para debatir acerca de la continuidad de la Reforma Educativa: “nosotros abiertos al diálogo, pero a un diálogo sobre cómo implementar la Reforma Educativa, no sobre cómo evitar la Reforma Educativa”. Las palabras anteriores, que condicionaban un debate a la aceptación de una conclusión, dejaban entrever la naturaleza terriblemente autoritaria y vertical que caracterizó a la construcción de las modificaciones legales en materia educativa surgidas en septiembre de 2013.

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Evaluación docente sí, pero no así

Durante las últimas semanas, ha causado revuelo el hecho de que en el Congreso de la Unión se hayan logrado puntos de acuerdo buscando frenar la aplicación de la evaluación docente. Ante la negatividad de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) para acatar tal recomendación, argumentando el respeto a los mandatos constitucionales aún vigentes, la polémica se ha polarizado, al grado de haber surgido expresiones que amenazan con destruir por completo no sólo la evaluación docente, sino las modificaciones legales que nacieron a partir de la Reforma Educativa. Este juego de fuerzas entre grupos políticos e instituciones, así como el cruce de declaraciones y acusaciones entre personajes, hacen que pasen a segundo plano de la polémica asuntos que deberían ser medulares en la discusión: ¿por qué no se quiere la evaluación docente vigente? ¿qué es lo que causa rechazo? ¿hacia qué tipo de evaluación se debe transitar? ¿qué se debe corregir entonce

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