Tercer Informe: ¿Dónde queda el derecho a la educación de los sectores más vulnerables?

• Pluma invitada
• 11 septiembre, 2015
• Opinión
• educación, EPN, SEP, tercer informe de gobierno

Seminario de Historia y Política de la
Educación Universidad Iberoamericana,
Ciudad de México

El Tercer Informe de la gestión gubernamental de Enrique Peña Nieto tuvo como uno de sus aspectos centrales la carrera por la implementación de la reforma educativa. Peña no pone en dudas que el estado ha recuperado la rectoría de la educación y que la reforma se encuentra plenamente en marcha, con un alto nivel de acatamiento. Esta búsqueda de Peña de sumar imágenes positivas a su favor, infundiendo en las conciencias de la población la idea que la política educativa gubernamental va por buen camino, se contradice con varios actores y elementos faltantes en su agenda educativa. En el Informe se señala que durante el ciclo 2014-2015, se atendió a casi 26 millones de estudiantes en Educación Básica, alcanzando una cobertura de 96.6%. Por su parte, en la Educación Media Superior se atendió a 5 millones de estudiantes, con una cobertura del 74.5%.

Pese a que el camino hacia la universalización de la educación básica se encuentra en ascenso, ¿Dónde están los niños y jóvenes que no están incluidos en esos índices de cobertura, los excluidos y marginados de la reforma educativa actual? ¿Quiénes son, dónde viven, por qué no acceden a la educación? El interés en la implementación de medidas que puedan revertir el rezago educativo es uno de las grandes ausentes del reciente Informe presidencial. El énfasis está puesto en el aseguramiento de trayectorias escolares exitosas, dejando a un lado las problemáticas y obstáculos sociales, culturales, económicos y políticos a los que se enfrentan los miles de niños y jóvenes que no se encuentran en las escuelas actualmente. Pese a que se enuncia que se ha incrementado el número de becas y las garantías de alimentos para los estudiantes, estas aún siguen siendo insuficientes. Los sectores de niños y jóvenes que se encuentran en situación de vulnerabilidad continúan padeciendo condiciones indignas de vida y la ausencia de recursos fundamentales para la garantía de su educación, como una alimentación adecuada, útiles escolares, falta de infraestructura en las escuelas y contenidos curriculares acordes a las necesidades de las comunidades en las que viven.

A lo largo de todo el Informe, el término derecho a la educación, que se encuentra consagrado en el artículo tercero constitucional, aparece explícito solo una vez. Ante esto nos preguntamos por qué en el Informe se ignora este derecho básico y sustancial; si desde el propio gobierno no se entiende a la educación como un derecho humano inalienable que implica la obligación en el otorgamiento de todos los recursos que permitan el acceso, la permanencia y la conclusión de los estudios, cómo se podrá alcanzar una real universalización de la educación, que solvente las necesidades de los grupos más vulnerables.

El gobierno hace omisión del derecho a la educación como una forma orientada a silenciar las voces de los miles de niños y jóvenes que están excluidos de su derecho inalienable, del cual el Estado es responsable y garante de su cumplimiento. Esta política de omisión hace borrosa tanto la obligatoriedad del Estado respecto a su deber de hacer efectivo este derecho, como su carácter exigible y justiciable, que implica que todo sujeto pueda exigir y demandar al Estado por el incumplimiento del derecho a la educación.

El vacío respecto a la resolución de las problemáticas que aquejan a los sectores marginados y excluidos de las escuelas es un hecho evidente en el Informe presidencial.
Ante esto cabe preguntarse qué avances se tienen en este Informe de gobierno, en términos de accesibilidad, aceptabilidad, asequibilidad, disponibilidad y adaptabilidad y cómo generar una política pública en educación que tome como base el derecho a la educación, en el marco de los derechos humanos. La inclusión del derecho a la educación es un paso primordial, en tanto no sólo se trata de la ampliación de medidas que revierten el rezago educativo de los sectores más vulnerables, sino también de la construcción de vías de mayor participación democrática, que permitan hacer oír los posicionamientos y las realidades sociohistóricas de todos los sectores de la sociedad mexicana.