Think tanks, evidencia y responsabilidad

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—A Rosa María Crespo, maestra, cuya riqueza es infinita y no monetaria.
Un día antes de que el presidente Enrique Peña Nieto dijera en la ceremonia del 15 de mayo que reconocía a los maestros por su “entrega diaria, por su esfuerzo personal y, sobre todo, por modelar a la sociedad presente y del mañana”; Alexandra Zapata, coordinadora del proyecto Mejora tu Escuela del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) hizo una presentación sobre los niveles salariares de los maestros que causó diversas reacciones en la opinión pública. 
Basado en un análisis de las nóminas magisteriales que algunos estados entregaron a la Secretaría de Educación Pública (SEP) “para dar cumplimiento al artículo 73 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental sobre el Fondo de Aportaciones a la Educación Básica y Normal (FAEB) y tomando en cuenta el Censo de Escuelas y Maestros de Educación Básica y Especial”, el IMCO —también conocido como un think tank— reveló que no todos los estados de la república entregaron sus nóminas como establece la ley, que hay violaciones a los lineamientos de datos abiertos y que, según ellos, el sueldo mensual promedio de un maestro de nivel básico es de $25,153.
Asimismo, revelaron que: la edad promedio de un docente de la educación básica es de 42 años; las categorías salariales varían enormemente por estado; 91,129 maestros (de más de un millón) se ubicn en el estrato más rico de ingreso y 70 maestros ganan más que el presidente de la República. De éstos, según IMCO, sólo 25 de ellos trabajan en escuelas y frente a estudiantes.

Reacciones: ¿en dónde quedó la responsabilidad?

Frente a los datos presentados por el IMCO, las reacciones no se hicieron esperar. Por un lado, algunos analistas y comentócratas dieron por válida la información y empezaron a hacer juicios sobre los maestros; por otro, el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Juan Díaz, calificó de “absurdos, falsos e irracionales” los datos presentados por Alexandra Zapata (Milenio, 15/05/14 nota de redacción y Blanca Valadez). 
En los estados aludidos por el reporte del IMCO hubo desde la simple negación de los niveles salariales (Oaxaca) hasta la abstracta y común justificación: podía ser un “error del sistema” (Hidalgo). Pero hubo un matiz muy interesante. Tanto el presidente nacional del SNTE como Francisco Ramírez, secretario general de la sección 15 en Hidalgo, dejaron en claro que una cosa es calificar negativamente la información del IMCO y otra muy diferente es aceptar responsabilidades. 
Inmediatamente, se “lavaron las manos”. Si fuera real que se pagan salarios desproporcionadamente altos, “qué lamentable situación”, dijo el líder sindical de Hidalgo mientras que Juan Díaz señaló que en caso de ser verdad,  la “autoridad educativa” tendría que tomar cartas en el asunto y explicarle a la sociedad por qué se paga esa nómina. ¿Y usted, señor Díaz, y sus secretarios generales no tendrían que explicarle al resto de sus agremiados por qué unos pocos podrían estar recibiendo sueldos desproporcionalmente altos? Si el salario promedio de los maestros es de 25 mil pesos, ¿no significaría eso un “triunfo” del SNTE? Para bien o para mal, habría que aceptar responsabilidades.
La SEP, por su parte, reaccionó al reporte del IMCO diciendo que “existen múltiples errores en la información dada a conocer sobre salarios de maestras y maestros, por parte del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)”. Este análisis, señaló Enrique del Val, subsecretario de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, “carece de seriedad y rigor, pues debió haber comparado meses anteriores y posteriores de salarios para constatar que los pagos mencionados han sido únicos por diversas razones” (Comunicado 121; 16/05/14).

Otro debate es posible

¿A quién creerle? ¿Qué opinión formarse ante esta polémica? Primero, en lo personal, me da mucho gusto que la presentación de Zapata —bajo el auspicio de IMCO—, haya generado múltiples reacciones de los medios de comunicación, políticos, gobernadores, de los representantes sindicales y de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Con ello, se abren oportunidades para un mejor debate y se refuerza el carácter público de las políticas. Sin embargo, también la agitación mediática tiene consecuencias negativas, sobre todo, para el maestro de a pie.
En segundo lugar, no hay que perder de vista que el análisis del IMCO está basado en datos oficiales, los cuales, según Zapata, tienen fuertes limitaciones. Esto debería ser humildemente reconocido por la SEP antes de apresurarse a descalificar el reporte del IMCO. Muchos de los que hemos querido hacer evaluación de políticas y programas con datos de la SEP nos topamos con un vacío de información impresionante y cuando construimos independientemente los datos, la reacción común ha sido el descrédito. Así, la discusión razonada, que tiende a señalar objetivamente las fallas de las políticas y los errores de los académicos, se cancela y todos perdemos. 
En el caso del reporte del IMCO creo que la SEP y sobre todo, la sociedad, tenemos ante nosotros una oportunidad más para interpelar a los gobiernos de los estados y pedirles que ordenen sus sistemas de registro e información educativa. La opacidad que muestra el reporte del IMCO es lo que hay que criticar antes de culpar directamente al maestro de ese desorden, por un lado y por el otro, defenderlo como si fuera un niño inocente y desprotegido. Esta visión maniquea obscurece el análisis y entorpece el desarrollo de políticas eficaces de profesionalización docente.
Tercero y último, pese a que el reporte del IMCO revela cosas interesantes y está basado en datos oficiales, en la presentación pública —no conozco el informe de investigación— se hicieron interpretaciones que demandan una crítica abierta. Zapata y su equipo calculan el costo por alumno al dividir los montos de la nómina estatal entre el número de alumnos de los estados y concluyen que “lo que nos cuesta” un alumno en una escuela pública es muy alto; por lo tanto, sería mejor, según el IMCO, entregarle ocho o diez mil pesos a la familia de esos niños para que con ese dinero se inscriban en el sector particular. 
Como vemos, el estudio sobre transparencia se convirtió en la base de una recomendación orientada a introducir el esquema de vouchers en el sistema educativo. Este esquema de mercado ha sido intentado en diversos países con resultados altamente controvertidos. ¿Cuántas escuelas privadas conocen los investigadores del IMCO que, por su currículum, demuestren ser de alta calidad? ¿Estarán esas escuelas al alcance de las niñas y niños que enfrentan mayores desventajas culturales, sociales y económicas? 
Verificar la evidencia científica sobre si el esquema de vouchers ha funcionado o no sería el siguiente paso del IMCO, así como invitar a los especialistas educativos a discutir sus resultados y comparaciones; pues según el profesor Martin Carnoy, de la Universidad de Stanford, los efectos del sistema de vouchers quizás existan, pero son significativamente más pequeños de lo que creen sus impulsores, medios de comunicación y la gente. El mercado no actúa de manera perfecta, concluiría el premio Nobel de Economía, Douglass C. North.
Para terminar, es importante resaltar la independencia con que una organización no gubernamental actuó, utilizó la información pública e hizo un juicio sobre el nivel salarial de los profesores. Haber generado una reacción casi inmediata de importantes actores políticos dentro del sector educativo fue otro acierto, pero otro debate es posible. 
Las buenas políticas educativas se nutren de la confrontación de ideas, del diálogo y no sólo de información y “datos duros” brillantemente expuestos. Se requiere, claro, evidencia y hasta cierto sarcasmo, pero también reflexión para rectificar si es que se cometieron errores. De todos es la tarea de mejorar el debate público sobre la educación. Por cierto, ¿alguna reacción del Consejo Nacional para la Participación Social en la Educación (CONAPASE) sobre el informe del IMCO y el supuesto desorden en el registro de información pública?
Publicado en Campus milenio
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Sobre Pedro Flores

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Un comentario

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    Saúl Vázquez Rodríguez

    Hola, soy Saúl Vázquez Rodríguez, profesor de la UPN Oaxaca. Mi esposa y hermana son profesoras de educacióm primaria y junto con ellas revisé esa nòmina “de federalizados”. Al menos noté dos inconsistencias: 1) Mi hermana tiene la categoría “7C” en carrera magisterial y mi esposa “7B”, pero en esa nómina se reporta que mi esposa gana más que mi hermana, lo cual no es posible, según el tabulador del programa referido. 2) Se dijo por parte del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca que el “monto” reportado corresponde a un trimestre de salario, pero al sumar el sueldo líquido reportado en el talón de cheque de mi esposa por eso período tampoco hay correspondencia. Correspondencia que no se logra ni sumando percepciones netas.
    Intuyo que la construcción del dato es inconsistente ¿Qué hacer para que el artículo 73 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental sobre el Fondo de Aportaciones a la Educación Básica se cumpla a cabalidad? Y en consecuencia omitir opiniones, hacer estudios y debatir.

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