Y ahora, ¿quién podrá defendernos?

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—A Alessandro

Como toda organización humana, las universidades tienden a reproducir patrones que pueden ser injustos y arbitrarios para cualquier miembro de su comunidad. No obstante, a diferencia de otros conglomerados sociales, las instituciones de educación superior (IES) deberían tener mayor capacidad para luchar contra el abuso y la arbitrariedad, pues su insumo y materia de trabajo es, supuestamente, la lógica, razón e inteligencia.

Pero tristemente, la educación, inteligencia y bondad no siempre van de la mano. Las universidades no están constituidas por ángeles, sino por personas con distintas perspectivas, racionalidades, deseos, creencias e intereses. Desde una visión institucionalista, se diría que la actuación y conducta de los universitarios tendrían que estar moldeada y en cierto sentido, constreñida por reglas formales e informales para poder cooperar, hacer avanzar nuestras organizaciones y resolver los conflictos que surgen cotidianamente. Una universidad sin un marco institucional consistente puede ser terriblemente ineficaz (e injusta) en comparación con otras.
En este sentido, una especial atención merece el trabajo que las distintas defensorías de los derechos universitarios (DDU) han realizado en algunas universidades como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), las autónomas de Querétaro (UAQ), Estado de México (UAMEX), Sinaloa (UAS), Sonora (UNISON), Aguascalientes (UAA), Ciudad Juárez (UACJ), la Benemérita de Puebla (BUAP) y Metropolitana, sede Iztapalapa (UAM-I), entre otras.   

¿Para qué sirven las defensorías de los derechos universitarios? En el Informe 2011-2012 de la DDU de la UNAM se señala que este “órgano jurídico, imparcial, independiente” actúa “en equidad” para preservar y hacer cumplir el “orden jurídico de y en la Universidad” y evitar y prevenir “la sinrazón, la arbitrariedad, la injusticia y el abuso de autoridad”. 

¿Se protegen los derechos de todos los universitarios con las defensorías? No, varía por institución. En el informe de la DDU-UAMEX se establece, por ejemplo, que se velará por los derechos de los “alumnos, académicos y egresados universitarios en sus relaciones académico-administrativas”. En cambio, en la UAM, campus Iztapalapa, no se incluyen a los graduados y sólo se habla de procurar los derechos de los alumnos y las alumnas, lo cual denota un componente de equidad de género muy interesante.

Casi en todos los casos, la DDU está integrada por un ombudsman, el cual puede ser elegido por el Consejo Universitario o por alguna comisión derivada de éste. Uno de los requisitos generales para ser nombrado como defensor de los derechos universitarios es no poseer algún cargo o puesto directivo dentro de la universidad. Esto, seguramente, para salvaguardar la imparcialidad. 

¿Cuáles son las atribuciones del ombudsman universitario? Básicamente, recibir y conocer las reclamaciones, quejas y denuncias de los sujetos que vean afectados los derechos que les concede la legislación universitaria. En la BUAP, interesantemente, el defensor puede hacer investigaciones y hacerle recomendaciones al funcionario responsable de afectar los derechos del universitario. Asimismo, en todos los casos, el defensor deberá ofrecer un informe anual de manera pública y difundir a la comunidad universitaria respectiva sus actividades y funciones.

¿En qué ámbitos de competencia no puede meterse el ombudsman? En los asuntos de carácter colectivo, específicamente, en el ámbito laboral y en las resoluciones sobre evaluaciones académicas realizadas por las comisiones dictaminadoras o en algún otro asunto que pueda impugnarse por otras vías establecidas en la legislación universitaria.

¿Qué revelan los informes de las distintas defensorías de derechos universitarios? Que el grupo que más uso hace de la DDU es el de los estudiantes. En el periodo 2010-2012, por ejemplo, 75 por ciento de los quejosos en la UAMEX fueron los jóvenes, seguidos por los académicos (11 por ciento) y por los egresados (7 por ciento). En esta universidad, 70 por ciento de los asuntos tratados fueron “asesorías” y el 30 por ciento restante lo concentraron las “quejas”. 80 por ciento de estas quejas fueron por violaciones al primer artículo sobre los derechos de los estudiantes. ¿En verdad los profesores universitarios nos preocupamos por el o la estudiante?

Los derechos de los estudiantes que fueron supuestamente violados en la UAMEX son, entre otros: opinar sobre la actualización de los planes de estudio, gozar de la libertad de expresión, recibir de la Universidad los reconocimientos, becas y estímulos a que se hagan acreedores, ejercer la garantía de audiencia en los asuntos que afecten sus intereses, manifestar sus propuestas ante las instancias correspondientes, opinar sobre el desempeño del personal académico y administrativo, recibir orientación relacionada con la organización y funcionamiento de la Universidad, inconformarse ante autoridad universitaria competente, cuando se afecten sus derechos, gozar del derecho de autoría o de referencia en las investigaciones y publicaciones en que participe y demás.

¿Se solucionaron las quejas? Según el Informe de la UAMEX, 70 por ciento concluyeron con la restitución de los derechos, en 17 casos (24 por ciento) se decidió que no hubo violación del derecho universitario, en tres casos hubo desistimiento y sólo en un caso se hizo una recomendación.

¿Qué lecciones deja este breve repaso de las defensorías de los derechos universitarios? Primero, que pese a haber una legislación universitaria constantemente se viola. Por lo tanto, se requiere de una marco institucional distinto. Segundo, aunque algunas autoridades universitarias han sido realistas sobre la operación de las universidades, aún falta saber por qué otras IES no han creado este tipo de instancias. Tercero y último, habría que estudiar más si la figura del ombudsman ha funcionado en la universidad mexicana como para pensar en replicarlo en el nivel de educación básico. La propuesta del ombudsman educativo fue hecha desde hace años por el Observatorio Ciudadano de la Educación y merecería un nuevo debate. 

Esperamos que en este caso, sí panda el cúnico y trabajemos para que sociedad y gobierno imaginemos una institucionalidad distinta para hacer que los beneficios de la educación se distribuyan de manera amplia y equitativa.

El autor es profesor de la Universidad Autónoma de Querétaro (FCPyS).

Publicado en Campus milenio

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