La reducción a un solo elemento (las y los maestros) como causa del desastre, y evaluarlos la gran solución de los problemas educativos en el país, además de acarrear los problemas lógicos de cualquier simplificación —generalizaciones insostenibles y falsos dilemas— ha estado sesgada al mirar mucho más un lado de la moneda en el pacto corporativo entre la SEP y el SNTE, incluida la CNTE como corriente sindical.

Podemos apreciar esta forma de ver las cosas con un ejemplo. En un artículo aparecido en Reforma (Sergio Sarmiento, 17/09/13) se afirma lo siguiente: a partir del texto de una convocatoria para ocupar plazas de telesecundaria en Oaxaca, en que se llama exclusivamente a concurso a egresados de las normales, dejando fuera incluso a los que estudiaron en la Universidad Pedagógica Nacional; en que los aspirantes deberán tener un nexo de parentesco o ser egresados de escuelas ubicadas en Oaxaca, a lo que se añade que será necesario, para poder aspirar a la plaza, mostrar alta participación sindical, se muestra evidencia irrefutable de que la CNTE tiene y defiende privilegios. La mirada se dirige a los representantes de los profesores, aunque el columnista señala, con claridad, que la convocatoria tiene dos emisores: la sección 22 del SNTE y el Instituto de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO). Este último es el equivalente a la Secretaría de Educación del estado. La convocatoria tiene esas características por acuerdo de la dirigencia magisterial y el poder Ejecutivo estatal. La corresponsabilidad del gobierno local no se critica, siendo también redactores de las condiciones para postular a una plaza que no se consideran adecuadas.

Más adelante afirma, con base en otro documento, que hay propiedad privada de las plazas por parte de la sección 22. En efecto: hay un acuerdo firmado en octubre de 1992 por quien era gobernador de esa entidad, Heladio Ramírez López, y el secretario general de la sección sindical, en el que el estado acepta, a través del IEEPO, conceder un conjunto de plazas como patrimonio de la organización gremial. Ante este relato en que con nitidez se muestra, otra vez, el acuerdo entre la autoridad educativa estatal —el gobernador— y los dirigentes, insiste que las plazas son haberes del sindicato. Sin embargo, para poder recibir ese banco de puestos como patrimonio, hubo un acto de privatización previo: el que realizó el gobernador al separar de su estatus público los puestos de trabajo y regalarlos al sindicato. Cuando el gobernador Ramírez otorga esta “prestación”, sólo posible si se emplean los recursos de todos como propios, ¿no hay nada que decir sobre la parte de responsabilidad en el desorden educativo que tienen los gobiernos? ¿No hay delito, y grave?

Aporta más ejemplos en los que da cuenta que en esos tangos bailaron siempre dos. Al concluir señala que están claros los privilegios de la 22. Por eso se resiste a la reforma que le quitaría ese patrimonio y pondría los puestos a concurso para que entren los mejores. No debe llamarnos a sorpresa que se sienta agraviada, dice, por la “reforma que busca que las plazas de la educación pública vuelvan a ser públicas.”

Sabemos que la causa de la causa, es causa de lo causado. La privatización originaria —el uso de los recursos públicos como patrimonio privado— fue realizada por los gobiernos autoritarios y corporativos, y por los tecnócratas posteriores: benevolentes, pagaron y pagan hoy favores con recursos públicos apropiados a mansalva.

El que obsequia algo ajeno es delincuente. ¿Por qué se discuten y señalan, muchas veces con razón, privilegios del SNTE (que no canta nada mal este son) y la CNTE, sin enfocar la crítica, de manera equilibrada, a quienes los concedieron? En la vendimia de plazas participaron las autoridades. En la regulación de las herencias estuvieron presentes. Corrió el dinero. Los controles que ejercen los aparatos gremiales, inapropiados o no, fueron pactados con la autoridad.

El gobernador Ramírez ¿no debería haber enfrentado un proceso porque regaló algo ajeno y propiedad de todos? Él es sólo un ejemplo. No mirar la otra cara de la moneda, hacer de cuenta que no pasó nada por el lado de la autoridad es, a mi juicio, un error serio.

mgil@colmex.mx

Profesor del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México