Pasadas las movilizaciones y habiendo demostrado que una gran parte de la sociedad mexicana rechaza la violencia y que nos indigna la arbitrariedad e ineptitud de la élite política, habrá que reflexionar de qué manera el atroz caso de Ayotzinapa servirá para desarrollar una reforma de las escuelas normales. En esta tarea no solo está implicado el Presidente de la República o la Secretaría de Educación Pública (SEP), sino también los legisladores, académicos, medios de comunicación, gobernadores, investigadores, intelectuales y organizaciones de la sociedad civil.

Bajo el creciente ambiente de indignación, ¿enterraremos la cultura del mérito y volveremos a otorgar las plazas docentes de manera automática e indefinida a los egresados normalistas? Ante la agitación política y social, ¿refrendaremos los vicios del pasado? ¿El sufrimiento distorsionará la razón y abrirá caminos para el incumplimiento de la ley? ¿O será que nuestra inconformidad cristalizará en un movimiento social a favor de una profunda reforma de las escuelas normales públicas y privadas del país?

Considero que el primer reto —y el más grande — que vamos a enfrentar será mental. Para reformar las escuelas normales tendremos que movernos de un plano híper ideologizado y justicialista hacia otro realista y basado en una noción muy distinta de justicia. Pocos analistas del sistema educativo mexicano negarían que en algunas escuelas normales rurales ,como en la de Ayotzinapa, prevalecen corrientes de la “ultraizquierda”, que como sostiene Roger Bartra, tiene sus antecedentes en los movimientos guerrilleros de la década de los setenta y que impulsa a los estudiantes a vivir “fuera de la realidad” y en un “mundo dogmático, revolucionario y radicalizado”. Esto no justifica en ningún momento la arbitrariedad y los horrores de los que fueron objeto los 43 jóvenes de Ayotzinapa. Lo que demuestra, más bien, es la urgente necesidad de repensar la manera en cómo los jóvenes de esas escuelas construyen su conocimiento, qué posibilidades reales de formación y superación profesional tienen, bajo qué currícula se están formando y cómo la sobre ideologización corrompe el pensamiento de una persona que aspira a ser maestro.

Por esta razón, el segundo reto será el cambio curricular. A este respecto, el titular de la SEP, Emilio Chuayffet expresó que aunque ahora no puede “decir hasta dónde van a llegar”, sí habrá programas de estudio con un contenido “esencial homogéneo, pero que también sean flexibles, para obedecer a las necesidades de cada región, de cada ciudad” (SEP, Comunicado 331, 11/11/14). Se necesita conocer más a detalle qué piensa la SEP; pero mientras esperamos el plan de reforma, no olvidemos que gracias al conocimiento acumulado, crítica independiente y a los foros de consulta sobre el modelo educativo, la SEP cuenta con una amplia base de información para delinear las bases de la reforma necesaria —no la deseable ni la factible— de las escuelas normales del país. Según Chuayffet, un poco más del 20 por ciento de las propuestas recogidas en los foros regionales y nacionales se refieren a la educación normal.

Pero seríamos ingenuos al pensar que el cambio curricular será fácil y que “correrá” por una vía paralela al de la sobreideologización. Ante transformaciones de esta índole, los maestros tendemos a cuidar nuestras parcelas (asignaturas), escudarnos con clisés y discursos (“neoliberalismo mata normalismo”) y proclamar verdades sin verificar y construir información. Por ello, es esperable que la SEP actúe con inteligencia y sensibilidad. Quizáel ambiente de agitación política que vivimos abra una “ventana de oportunidad” para proponer cómo reforma a las normales; pero también, ese mismo ambiente, puede cerrar el escenario de cambio si no se adopta una renovada noción de justicia (¿justice as fairness? Rawls); si no se dialoga, si no se involucran especialistas en la materia, si no se “rebotan” ideas con intelectuales y líderes de opinión, si se desoye la crítica o se le ve como “desestabilizadora”, si no se utiliza la evidencia científica para persuadir y si no se crea una nueva narrativa basada en los actuales tiempos que vive México. La revolución ya quedó atrás.

El tercer punto a favor de un movimiento social para reformar a las normales es que el Estado —y el gobierno actual— tienen un incentivo positivo para hacerlo. Si se reforman a fondo las escuelas normales públicas y se regulan las privadas, se cumplirá el propósito de recuperar la rectoría sobre la educación. Desde hace tiempo, investigadores han señalado que las escuelas normales del país son “feudos privilegiados del poder sindical” en donde los dirigentes influyen “decididamente” en el nombramiento de sus directores, aprobación de planes y programas de estudio y normas organizativas (Latapí). Esos líderes sindicales “están subidos en la pobreza” de los estudiantes y de sus familias y no por entregarles automáticamente una plaza les hacen “justicia”, sino todo lo contrario. Los tratan de usar como clientela político-electorales rompiendo las reglas básicas de cualquier régimen democrático, igualitario y justo. Pese a sus contradicciones y fallas, la cultura del mérito reside en la base de sociedades más democráticas, justas y que consiguen vivir en paz.

Que la indignación social destapada por Ayotzinapa nos ayude a desmontar prejuicios, discutir cambios curriculares de avanzada y apoyar, si la hubiese, una decidida acción política de la SEP. Ahora más que nunca se necesita el cuestionamiento a nuestro pasado autoritario para poder impulsar un movimiento social y moderno a favor de las escuelas normales del país