En materia de financiamiento para las actividades científicas en los estados el proyecto de ley es poco claro. En lugar de proponer los medios e instrumentos para garantizar el acceso de las entidades a los recursos públicos correspondientes, se limita a señalar la posibilidad de que los gobiernos locales puedan “promover y proponer, ante las autoridades competentes, criterios y esquemas de distribución participativa de las Aportaciones Federales vigentes en el marco del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y de los convenios suscritos para ese efecto, con el propósito de garantizar la obligación del Estado de apoyar la investigación humanística y científica, el desarrollo tecnológico y la innovación” (artículo 23). Si se toma en cuenta la reciente extinción de los fondos mixtos que apoyaban la realización de proyectos de investigación e iniciativas similares en los estados, el panorama no es alentador.