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Las diferencias de opinión no deben ser obstáculo para unirnos en apoyo al nuevo proyecto educativo nacional. Lo importante es que los nuevos esfuerzos en esta materia se nutran de la experiencia anterior, que no se repitan los errores del pasado y, que se apunte hacia metas de desarrollo más ambiciosas. En las líneas que siguen destaco algunos temas críticos de la educación mexicana actual.

1.Financiamiento. El gasto público en educación debe aumentar si se quiere hacer frente a los desafíos presentes. En la actualidad es de 5.3 % del PIB. Se gasta más por alumno en educación superior que en cualquier otro nivel. Se necesita que haya mayor eficiencia y transparencia en el uso de los recursos, así como claridad en la distribución del gasto corriente. Se necesita asimismo reforzar financieramente a las escuelas más desfavorecidas. Más del 90 % del gasto se consume en la nómina y queda poco dinero para inversión y operación en las escuelas. Las consecuencias negativas de este estado de cosas son múltiples, pero la más obvia es que las escuelas pobres, con carencias financieras crónicas, se ven obligadas a buscar recursos por su cuenta, a veces, pidiendo cuotas voluntarias a los padres de familia.

2.Gobierno del sistema. El gobierno educativo es un gran problema por el tamaño y la complejidad del sistema, es tan grande (25 millones de alumnos) y múltiple (32 entidades) que la comunicación interna representa un problema de grandes dimensiones. Por otro lado, en cada entidad federativa las escuelas son tuteladas por una estructura burocrática que ejerce su autoridad verticalmente. El centro del poder educativo no está en la escuela sino en esas estructuras burocráticas. Las escuelas carecen de poder sustantivo, de ahí la pertinencia de desarrollar nuevos esfuerzos para que la escuela tenga mayores facultades de forma que el sistema se desburocratice paulatinamente. Por otro lado, aunque se han transferido mayores facultades y recursos a los estados, en ellos se advierte una falta de equilibrio y contrapesos: no hay quien evalúe y dé seguimiento a lo que hace el poder en materia de educación y, como consecuencia, hay una notoria falta de control en la acción educativa de los estados.

3.Calidad con equidad. La búsqueda de la calidad es el principal norte de cualquier política educativa, pero la calidad, en tanto meta nacional, jamás se habrá de lograr si no se ataca, simultáneamente, la desigualdad. Si el esfuerzo político se concentra en mejorar las escuelas que tienen buen desempeño y con ello se desatiende a las que tienen mal desempeño, lo que habrá de lograrse es una mayor y más grave inequidad. Por lo mismo, la política educativa debe dirigirse a crear un piso común de calidad para todas las escuelas. No se trata de abandonar a las que mejor trabajan sino de apoyar a las menos eficaces, subirlas para que tengan un mejor desempeño. La lucha contra la desigualdad debe ser el centro de la política educativa en un país en donde el rasgo más característico de su sistema educativo es, precisamente, la desigualdad.

4.Mejorar la base del sistema educativo. Una manera de enfrentar eficazmente la meta de calidad con equidad es lanzar acciones vigorosas para reforzar la educación en la primera infancia (0-3 años) y la educación preescolar (3-6 años). El gran obstáculo para la calidad y la equidad son las deficiencias que presentan muchos niños cuando inician la escuela, deficiencias que son físicas, intelectuales, o emocionales y que generalmente se asocian al contexto social-familiar de donde proceden. Una efectiva educación inicial (crianza de los niños) y un buen preescolar pueden contribuir a cambiar radicalmente este estado de cosas y propulsar hacia arriba al sistema entero.

a expresión derogar la reforma educativa se utiliza, en mi opinión, con mucha ligereza. Lo que no queda claro es ¿qué se entiende por reforma educativa? ¿Se refiere con ello a todas las transformaciones habidas en educación desde 2013 a la fecha?

Éstas transformaciones son muchas. He aquí una lista incompleta: la incorporación de la educación de calidad como derecho, la creación del servicio profesional docente, la refundación del INEE como organismo autónomo, las políticas para mejorar la infraestructura escolar, la política de Escuela al Centro, la creación del Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela, las políticas de formación continua de docentes, la estrategia de equidad e inclusión, la creación del Sistema de Información, el Nuevo Modelo Educativo, la reforma de las escuelas normales, la creación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa, etc.

La reforma educativa ha incluido acciones en todos esos campos y, desde este punto de vista, es imposible concebir que se pretenda derogarla. Eso es literalmente imposible, la reforma educativa desde esta perspectiva tiene seis años funcionando y ha cristalizado en las representaciones y prácticas de los docentes y demás actores educativos.

En realidad, cuando en el lenguaje político se habla de “derogar la reforma educativa” y, se agrega, “porque no es educativa, sino laboral” lo que se pretende es atraer la simpatía de muchos docentes que no están satisfechos con el Servicio Profesional Docente. ¿Qué es el SPD? Un sistema que regula la profesión docente y que establece que, para el ingreso al servicio, para la promoción, para el reconocimiento y para la permanencia hay que someterse a una evaluación.

Este sistema fue creado para combatir el desorden y la corrupción que privaba en la educación pública y para asegurar que las posiciones dentro del servicios se otorgaran, no arbitrariamente, sino en función del mérito de cada uno. Un sistema que trajo justicia en este campo, pero que, no obstante, no es aceptado por una parte importante del magisterio.

¿Derogar la reforma educativa significa echar abajo el SPD? Es posible, pero en ese caso —sobre todo si se quiere impedir la corrupción— se necesitaría crear un servicio profesional docente alternativo. En caso de no hacerse esto, se estaría abriendo la puerta, de nuevo, a las prácticas corruptas de burócratas y líderes sindicales. Sería, simple y llanamente, un retroceso.

Hay evidencias múltiples que demuestran que los profesores, en su mayoría, aceptan la evaluación, pero no aceptan “esta evaluación”. ¿Qué es “esta evaluación”? Parece obvio que se refieren a la “evaluación punitiva”, es decir, la evaluación que puede tener consecuencias laborales, es decir, la evaluación de desempeño que te obliga a someterte a tres exámenes y, si no los pasas, te expone a la separación del servicio.

La puesta en práctica de la evaluación de desempeño con impacto sobre la permanencia tiene una historia plagada de circunstancias excepcionales que determinaron, en gran parte, su impopularidad. Tuvieron un efecto crucial los problemas que para su implementación se presentaron en 2015, en momentos donde privaba una agitación sin precedente en el magisterio y la campaña contra la evaluación alcanzaba su apogeo.

Los errores que se cometieron ese año en la aplicación de la evaluación tuvieron consecuencias irreversibles en el estado de ánimo de los docentes. Esos errores se buscaron corregir en 2016, pero el daño ya estaba hecho. Lo que resulta incomprensible, sin embargo, es que se pretenda echar por la borda un esfuerzo de política pública concebido para apoyar a los docentes, para asegurar que en su trabajo priven reglas únicas, transparentes e imparciales que garantizan que no se incurra en injusticias o prácticas inmorales en el manejo de la profesión docente.

En un diálogo que sostuve recientemente con maestros supervisores, les hacía ver que México debería imitar a países como Finlandia donde el grupo magisterial es objeto de distinción y privilegios. Nuestros maestros, también deberían ser objeto de un trato similar, la sociedad entera debería inclinarse ante ellos, pagarles mejores salarios y darles todos los medios para su superación profesional.

Pero ¿por qué no ha ocurrido eso? No se debe a que los maestros no se esfuercen en su trabajo; al contrario, todos los días realizan verdaderos milagros educando a nuestros hijos en condiciones adversas y, muchas veces, imposibles. Ese esfuerzo les ha ganado el respeto y la gratitud de sus comunidades.

Hay otros factores que mantienen al magisterio en una condición de opacidad. En primer lugar, observemos la educación como actividad nunca adquirió el valor social que tiene en Finlandia. Es verdad que en nuestro país la educación nunca ha dejado se ser (de 1921 a la fecha) una empresa enorme, en la que la nación invierte una gran cantidad de dinero, pero nunca ha adquirido la fuerza social y cultural que tiene en los países avanzados, entre otras cosas porque creció dentro de un molde burocrático que la convirtió en una actividad gris y mediocre.

Nuestra educación ha evolucionado en una condición de subordinación frente al Estado. Ha crecido bajo el cobijo de burócratas. Separada de los centros donde se produce el conocimiento, organizada en torno a una herencia pedagógica pobre, ubicada en un entorno cultural raquítico, dirigida por autoridades que han sido ajenas a la educación, atada a un sindicato corporativo y burocrático –más interesado en la política que en la educación–, la educación mexicana sigue postrada con un estatuto de segunda clase.

El segundo factor es la condición del magisterio. El prestigio social que los maestros adquirieron en la escuela rural de los años posrevolucionarios, se perdió gradualmente con la urbanización del país y con la expansión del sistema educativo en la segunda mitad del siglo XX (1950: 3 millones de alumnos; 2000: 30 millones de alumnos). La masificación desdibujó la personalidad del docente y lo colocó en una realidad donde rige el anonimato; el maestro se metamorfoseó en un número dentro de los registros del ISSTE.

Un factor determinante en la actual posición social del magisterio fue el estancamiento de las escuelas normales durante los años de la expansión. Estos centros de estudio nunca recibieron la atención académica que necesitaban y cayeron en la postración por la influencia política de burócratas y líderes sindicales. Aisladas académicamente, con pocos recursos, las normales fueron víctimas de la endogamia, de las prácticas de autoconsumo, de la ideologización y de la repetición estéril de lecturas anacrónicas.

Es triste decirlo, pero el magisterio mexicano no brilla con luz propia. Su imagen social se ha construido con los pálidos reflejos que proyecta su representación oficial, el sindicato, una organización ajena a la modernidad y a la democracia, una entidad obsoleta, una pieza orgánicamente articulada al partido oficial de mediados del siglo XX. No podía ser de otra manera. El sindicato no es una entidad de naturaleza académica o profesional y sus líderes son seleccionados no por atributos intelectuales sino por sus habilidades políticas.

Para que el magisterio mexicano conquiste el lugar social que se merece, necesita romper con los antiguos moldes de la cultura revolucionaria y renunciar a las estructuras que impiden su crecimiento.

El sistema de educación pública de México se desarrolló a partir del Estado y hasta el presente se conserva como una entidad bajo control eminentemente burocrático. El gobierno de la educación no está en manos de funcionarios electos (como ocurre en Estado Unidos con los Boards of Education) sino en las de funcionarios designados.

La fuerte presencia del estado en el gobierno educativo ha desdibujado la participación de la sociedad. Es importante destacar que la sociedad no tiene papel significativo en el gobierno educativo pues, aunque existen los consejos de participación social, concebidos en 1992 como contrapeso al estatismo, lamentablemente esos consejos han tenido una existencia meramente virtual debido, en gran parte, al hecho de que nunca se les dotó de ningún poder de decisión sobre las escuelas o sobre los procesos educativos. El SNTE se opuso categóricamente a esto y dado que las comisiones de educación tanto del Senado como de la Cámara de Diputados siempre fueron controladas por miembros del sindicato, a la hora de incorporar a la LGE la creación de los consejos, en 1973, se decidió dejarlos como cajas vacías.

Como consecuencia, tanto los padres de familia como la comunidad, metafóricamente hablando, no han logrado entrar a la escuela. Pero tampoco otras entidades de la sociedad intervienen en el gobierno educativo. Me refiero no sólo a asociaciones de empresarios o a colegios profesionales, sino a asociaciones con interés directo en la educación como las asociaciones de padres de familia o colegios profesionales de docentes. Es lamentable que en México no existan, por ejemplo, asociaciones de directores de escuela o de supervisores, academias nacionales o estatales de docentes y que los colegios de profesiones cuya cercanía con la práctica educativa es indiscutible, como son la psicología y la pedagogía, no tengan ninguna participación directa en las decisiones educativas. Por otro lado, numerosas organizaciones de la sociedad civil despliegan desde hace años un intenso activismo por todo el país, pero no han logrado romper la camisa de fuerza burocrática en la que está encerrada la educación mexicana.

La participación de la sociedad en las decisiones educativas se ha inhibido, pero no como producto de la espontaneidad sino como resultado de la oposición activa y sistemática para que esto ocurra tanto de las burocracias educativas, como del SNTE –organización que siempre ha mostrado gran sensibilidad cuando se trata de cualquier cambio que amenace su poder y su hegemonía sobre las escuelas.

El gobierno burocrático es un universo complejo en el que hay que distinguir, al menos, dos estratos: la alta burocracia y la burocracia media. La alta burocracia la integran los secretarios de educación (tanto el federal como los estatales) y sus respectivos equipos dirigentes y es siempre un estrato transitorio. Casi por regla, cambian cada seis años ¿Quiénes la integran? En general, personas calificadas. Lo secretarios de educación y los miembros de sus equipos cuentan, al menos, con formación universitaria y algunos han realizado estudios de posgrado, aunque sólo excepcionalmente los miembros de esta capa de funcionarios han realizado estudios en educación. En realidad, las motivaciones e intereses de los funcionarios de este grupo son diversas, aunque a simple vista se puede percibir que no siempre se dedican, con compromiso y ahínco al tema educativo y frecuentemente prima en ellos, sobre el interés educativo, el interés político.

La burocracia media o meso-burocracia la forman los burócratas educativos que permanecen en sus puestos y no están sujetos al calendario sexenal. Es un universo muy complejo y diverso cuyo conocimiento exigiría una investigación escrupulosa. Sin embargo, sí se puede decir que no se trata de una burocracia que  pueda ajustarse al modelo de administración racional, eficiente, jerárquica y reglamentada que concibió Max Weber, en realidad en este estrato de empleados públicos (como en el resto de la burocracia nacional) no se cuenta con un servicio profesional de carrera (como el que se creó para los docentes) y su desempeño no siempre se ordena dentro de planes de gestión racionales y claros. Esa burocracia es la fuerza de inercia con la que se enfrentan, día con día, las escuelas y los docentes.

Un hueco alarmante en la gestión del sistema educativo (autén-tico problema nacional) es la carencia de cuadros técnicos calificados para desempeñar las funciones que entraña la dirección de la educación básica a escala nacional y estatal. Esta es una llamada de atención para las escuelas normales, desde luego, pero también para las demás instituciones de educación superior.

Las normales necesitan convertirse en verdaderas entidades universitarias, lo cual significa crecer y renovarse conceptual y operativamente, pero también las universidades necesitan reaccionar. Hay un abismo entre las universidades y el mundo del trabajo educativo. Muchas universidades tienen carreras de pedagogía, educación y psicología, pero los planes de estudio de esas carreras lamentablemente fueron concebidos como “carreras generales” y carecen de orientaciones específicas hacia campos de aplicación definidos. En la UNAM, por ejemplo, la carrera de pedagogía ofrece una formación académica completa, pero sin un perfil de aplicación que prepare a los alumnos hacia desempeños profesionales determinados y que dirija a los estudiantes hacia esferas de trabajo concretas.

La deficiencia de expertos en planeación y dirección de la educación básica se relaciona con la oferta y con la demanda. Por la oferta, hay que decir que en México cristalizó una modelo de universidad conceptualmente desarticulado de la producción y asociado a antiguas inercias clasistas y elitistas —esto se refleja en la renuencia de las universidades a inclinarse sobre los problemas de la educación básica. Por la demanda, hay fallas que se relacionan con la estructura de la gestión educativa, su fragmentación (en entidades federales y estatales), su diversidad administrativa (ausencia de un sistema único de gestión) y su alta inestabilidad política (sexenal), todo esto ha impedido que la demanda de cuadros expertos se convierta en un mercado de trabajo estable, diáfano y con reglas explícitas, de modo que la desarticulación oferta-demanda es perfecta.

Los campos donde no tenemos suficientes cuadros intelectuales expertos son muchos: planeación educativa, diseño y desarrollo curricular, gestión del sistema escolar, sistemas de información educativa, diseño y evaluación de políticas, elaboración de programas educativos, evaluación docente, organización escolar, modelos eficaces de enseñanza-aprendizaje, evaluación de aprendizajes, evaluación de escuelas, diseño y producción de materiales educativos, elaboración de libros de texto, diseño y operación de sistemas digitales para educación (TICs aplicadas a educación), investigación educativa orientada a la solución de problemas de la educación básica, etc., etc.

Llenar estos vacíos es una urgencia nacional. Cada vez que cambia una administración (en la federación y en los estados), surge el problema de encontrar expertos que se encarguen de cada uno de estos campos y se comprueba una y otra vez que no existen esos expertos o que hay muy pocos.
¿Qué se puede hacer al respecto? Es obvio que las escuelas normales y demás instituciones de educación superior deben tomar nota de estas necesidades y aplicarse al respecto. ANUIES podría lanzar un llamado a sus miembros. Las escuelas y facultades proponerse cambiar para generar una respuesta. Claro, no es fácil cambiar a las instituciones de educación superior, pero lo que debe pesar a favor del cambio, es la urgencia que tiene el país en resolver este hueco, sobre todo ante el imperativo, insoslayable, de que la  educación nacional debe mejorarse.