En días pasados, en una noticia reciclada, la cual ya se había dado a conocer a los medios de comunicación con antelación, la Secretaría de Educación Pública (SEP) informaba a la Comisión Nacional de Gobernadores (CONAGO), el hallazgo de 44 mil 76 plazas llamadas “irregulares”, las cuales levantaron un sinnúmero de sospechas sobre el por qué dichas plazas estaban en la opacidad por los gobiernos de las entidades de la República por décadas, lo cual alcanza, a decir de las autoridades educativas, una erogación de cinco mil millones de pesos anuales.
Esta cantidad, que tan solo el pensar en una década representa toda la cantidad de recurso invertido por este gobierno federal en materia de infraestructura educativa, es lo que los diversos gobiernos se ahorraron en pago de personal que atendiera las labores académicas y administrativas del sistema educativo de las entidades federativas, pues al contrario de lo que sucedía en otras secretarías de igual o menor jerarquía, en la de educación nunca había recursos para ejecutar proyectos, ni camionetas ni estacionamiento, mucho menos compensaciones por ejecutar un cargo que en otros niveles se paga y muy bien por dichos servicios.
Más allá de que deba de explicarse la opacidad de los niveles de gobierno, me refiero a 14,900 plazas que correspondían a personal docente con plaza de maestro, los cuales se encontraban realizando labores dentro del propio gobierno, asumiendo funciones administrativas o académicas para el desarrollo de la labor educativa y que, poco a poco, han sido sustituidas por Contadores, Abogados, Ingenieros y otros profesionales que, aunque poco o nada tengan que ver con las actividades académicas de la educación, ahora tienen en sus manos su coordinación.
La medida anunciada por la autoridad educativa lleva a tener, en la coordinación de acciones en materia educativa, desde donde se dictan las políticas que se llevan a cabo en las aulas, a profesionales cuyo origen académico poco o nada tiene que ver con el ejercicio de las acciones que se llevan a cabo en las secretarías de educación estatales y que no son contempladas para evaluarse por parte del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).
Tal acción para ejemplificarla, sería como que no hubiera Médicos a cargo de un hospital, como si no hubiera Ingenieros en la secretaría de Comunicaciones y Transportes o no hubiera abogados a cargo en el Supremo Tribunal de Justicia, con lo cual se abre una brecha que sin duda poco a poco veremos las consecuencias en las acciones que se llevarán a cabo en el sistema educativo nacional, como ya lo hemos visto desde la propia SEP, en la que el titular poco sabe del ramo, lo cual se demuestra en las lamentables decisiones avaladas por quienes tampoco conocen de la materia.
No es la primera vez que la autoridad educativa federal ofrece cifras en las que solo da verdades a medias, en las que no se dan más explicaciones, sin embargo, éstas son también mentiras en la medida de que ofrecen una visión parcial y a modo de la realidad, en el intento de inclinar la opinión social contra el magisterio.
