Desde el Faro Educativo del INIDE: Carta abierta a los Diputados y Diputadas de la LXIV Legislatura

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Ciudad de México, 11 de noviembre de 2020

El Faro Educativo del INIDE hace un llamado respetuoso a los Diputados y Diputadas de la LXIV Legislatura para reflexionar sobre los grandes retos que enfrenta nuestro Sistema Educativo Nacional, agudizados por la difícil e inédita coyuntura que atraviesa en razón de la pandemia por Covid-19 y votar, en consecuencia, un Paquete Económico Presupuestal 2021 que atienda la emergencia y abone a la búsqueda de soluciones integrales

Estamos en un escenario complejo, no sólo por la pandemia y la crisis económica, sino también, al menos para algunos, por la poca esperanza en el futuro, en nuestras instituciones y en las decisiones tomadas por nuestros políticos. Hoy asistimos a un debate que polariza, en donde la técnica y la política parecen divorciarse. Por años, hemos construido instituciones, que, aunque perfectibles en diferentes dimensiones, han intentado abonar a una mejor toma de decisiones, a partir de los resultados que arrojan la investigación y la evaluación educativas. En un mar revuelto, urge una brújula. 

El proyecto para hacer mejores intervenciones de política comenzó en nuestro país hace unos cuantos años; éste puede ubicarse con la entonces incipiente evaluación del Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa) hacia finales de los años noventa. Con la puesta en marcha de Progresa, luego Programa de Desarrollo Humano Oportunidades y Prospera, en su última versión, se comenzó a cimentar la construcción de instituciones sólidas de evaluación, que no sólo buscaban informar mejor la hechura de las políticas, sino servir de contrapeso –en una suerte de exigencia de cuentas, incipiente sí, pero en construcción–. 

La evaluación de políticas y programas que hace el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL), pero también la evaluación educativa que realizaba el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) parecía ser una pieza clave, una herramienta poderosa que nos prometía que cada vez tomaríamos mejores decisiones por las atribuciones y banderas por la calidad y la equidad educativas asignadas constitucionalmente a este instituto. Había quedado atrás la cultura de la opacidad rampante e impune, al menos en términos de costos políticos. Faltaba mucho por hacer y mejorar, es cierto, pero la evaluación y la investigación detrás de ella era una promesa y nos alejaba de la toma decisiones a capricho. 

A la par de ello, en más de dos décadas proliferaron espacios de la sociedad civil organizada y la academia para analizar e influir en la toma de decisiones –espacios que hoy, sin embargo, son poco tomados en cuenta y, más aun, son fuertemente descalificados a priori–. Uno de los primeros espacios, al menos en el ámbito de lo educativo, fue el Observatorio Ciudadano de la Educación (OCE), fundado por Pablo Latapí Sarre, y en el que participaron varias de las mentes más brillantes del campo. El OCE tenía la intención de vincular la investigación educativa con la hechura de políticas, preguntándole a los hacedores de política el por qué se decidían cosas de una manera u otra, a la par que fomentaba discusiones informadas y generaba agencias ciudadanas. 

Hoy, sin embargo, la mayoría de un partido en las Cámaras, producto de la votación que recibe el presidente de la República, parece poner en riesgo el tomar mejores decisiones a partir de la información que disponemos, y que costó generaciones –y fuertes inversiones públicas– construir. Hoy parece que no se tolera la crítica ni el derecho a disentir y a proponer alternativas respecto al rumbo que están tomando las políticas en el ámbito educativo.

En semanas previas hemos sido testigos de varias movilizaciones en defensa, por ejemplo, de los fideicomisos, abogando por su no desaparición, además de cartas, desplegados, peticiones en Change.org, pancartas en las oficinas del Senado y más. Nada hasta ahora parece mover a un grupo importante de legisladores, en quienes la ciudadanía depositó su confianza y voto. Recordemos que la desaparición de los fideicomisos, acusados todos de opacidad, sin un recuento serio de lo que se logró con cada uno de éstos, involucra 68 mil millones de pesos que ahora podrían ser gastados a discrecionalidad al no esclarecerse el destino exacto al que llegarán y que representan una suma de igual volumen restada a temas relevantes para la agenda pública –la de la ciudadanía–, pues la falta de claridad en alternativas para gestionar los recursos –lo que se usó como argumento para eliminar estas figuras–, genera incertidumbre a estas causas que se ven, cada vez más, en el desamparo; ejemplo de actualidad es la acuciante necesidad de recursos de emergencia para Tabasco y Chiapas por las fuertes lluvias que han azotado ambos estados estas semanas, y la desaparición del FONDEN no más de un mes atrás. Las decisiones que se han tomado en referencia a la desaparición de los fideicomisos o al paquete económico es tal que parece no importar que la comunidad científica y académica argumente y pida una rectificación de lo que parecen ser decisiones arbitrarias, a raja tabla, en una visión de un mundo en blanco y negro, sin espacio para la deliberación. 

En virtud de lo anterior, hacemos un llamado respetuoso a los y las Diputadas de esta LXIV legislatura, para insistir en su deber y responsabilidad histórica. La lealtad de los y las legisladoras nunca debe ser ciega a un presidente. Ustedes, Diputados y Diputadas, juegan un papel preponderante en la búsqueda de soluciones. La votación que hagan del Paquete Económico 2021 determinará en buena medida el rumbo que tome, en este caso, la política educativa, y las posibilidades de mejora que se emprendan en los distintos ejes, programas, e intervenciones educativas que se necesitan.

El escenario histórico por el que atravesamos no es halagüeño, y nos impone, a todos, más retos que hace unos años, y, concretamente, que hace unos meses, antes de la pandemia. Al respecto, vale la pena anotar algunas cosas con relación a las decisiones de política que se han tomado con relación, por ejemplo, a la pandemia en el ámbito de la política educativa. En innumerables espacios, tanto investigadores, como maestros y maestras frente a grupo han señalado que Aprende en casa es una respuesta a la emergencia, pero que no constituye una estrategia integral para garantizar el derecho de aprender de las niñas, niños y adolescentes. Cabe aclarar que el reciente reconocimiento otorgado por el CONEVAL a la SEP, según la misma instancia de evaluación, no es la formulación e implementación de “Aprende en casa”, sino al elemento concreto –y muy loable– de haber coordinado esfuerzos de diversos actores para transmitir el programa de televisión y radio que funge como su eje.

El gobierno federal no ha logrado instrumentar, en seis meses, una estrategia integral. Sabemos que una de las principales dificultades de la primera versión de Aprende en casa fue su alcance, debido al bajo alcance geográfico y calidad de internet en los hogares de México, producto de las enormes brechas de inclusión digital que existen en nuestro país. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH), 60.9 % de la población en edad escolar que reportó asistir a la escuela en 2018 contaba con conexión a internet; si bien es preocupante que poco menos de la mitad de esta población no cuente con dicho servicio en los albores de la segunda tercera década del siglo XXI, lo es más que sólo uno de cada tres hogares reportó tener acceso a una conexión de internet de alta velocidad a través de una red fija. 

Por ello, al pasar las semanas fue evidente que no todos los niños y niñas de México podían conectarse –al menos no por internet– para continuar su educación formal en línea, por lo que se comenzó a privilegiar la transmisión de contenidos por televisión (Canal Once, Canal 22 y Canal 14). Sin embargo, a pesar de la alta disponibilidad en los hogares de equipos televisivos, la señal también tuvo una cobertura limitada: sólo llegó a 20 entidades federativas y a menos del 49.7% de la población estimada. La ENCOVID-19 levantada por el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad (EQUIDE) de la Universidad Iberoamericana señala que 78.6% de los hogares reportó haber tenido problemas para continuar con la educación de niños, niñas y adolescentes, debido a la falta de computadora o internet (48.5%); la falta de apoyo de maestros (31.4%); distracciones de los estudiantes (21.1%) o falta de libros y material didáctico (14.9%), entre otras cosas.

Al respecto, los maestros y maestras señalan su poca utilización, ya fuera porque no ha sido fácil “conectarse” o, porque la programación no empata con los ritmos de los educandos a los que se dirige y/o no se contextualiza a las necesidades –muy diversas– de sus estudiantes. Además, en tanto los y las maestras no pueden tener acceso a los contenidos con antelación, les resulta difícil planear su clase o las actividades de enseñanza y aprendizaje a partir de ellos. Así que cuando los maestros hablan de Aprende en casa –en su primera o nueva versión– se refieren a este programa más como a una “herramienta”, “una más”, que a una solución integral, por demás necesitada. Algo muy preocupante, es lo que han reportado los docentes respecto a la presión que se ha ejercido sobre ellos para llenar reportes y registros de evidencias para demostrar que están trabajando a distancia. La propia autoridad genera prácticas de desconfianza hacia su trabajo. 

¿Entonces? ¿Cuál ha sido la estrategia del gobierno federal ante el reto que impone la pandemia? Todo parece indicar que la transmisión de programas-contenidos –por internet o por televisión– y la recolección/petición de evidencias. El programa –especialmente si se le valora como estrategia– tiene fallas de origen que se relacionan con una visión reduccionista que asume como universal el acceso y, a su vez, que este acceso a contenidos –vía internet o televisión– por parte de las y los estudiantes, asegura su aprendizaje. ¿Cuáles serían, entonces, las áreas de oportunidad para mejorar la estrategia educativa federal en este contexto de pandemia? 

La comunidad de investigadores educativos, desde distintos espacios, nos hemos dado a la tarea de dialogar con maestros y maestras. Desde el Faro Educativo del INIDE y la Red de Mujeres Unidas por la Educación (Red MUxED), por ejemplo, habilitamos distintos espacios de escucha para recuperar las voces y propuestas de los y las profesoras de los diferentes niveles y modalidades educativas. A partir de ello, por cierto, la Red MUxEd habilitó un repositorio de información, denominado “El Morral, pedagogía del retorno”, donde las familias, profesores e investigadores pueden encontrar distintos recursos para sortear, con más herramientas, el proceso de enseñar, acompañar y aprender en la distancia. 

En cuanto a Aprende en Casa, los y las maestros nos han dicho que: i) Es necesario seguir trabajando más los contenidos con profesores de distintos contextos; ii) Sería útil que se les proporcione la guía de contenidos –lo que llaman aprendizajes esperados, pero también la programación– con antelación para que ellos puedan utilizar estos recursos, según los consideren útiles, y vean qué les sirve para el trabajo con sus estudiantes; iii) Apoyar a las escuelas y docentes con recursos y orientaciones para que ellos puedan elaborar guías, cuadernillos y otros materiales de trabajo, con adecuaciones según el contexto.

Asimismo, hemos reflexionado, profesores e investigadores de lo educativo, sobre la necesidad de otros apoyos, como, por ejemplo: i) El establecimiento de acuerdos con proveedores de internet para ofrecer conectividad a bajo costo; ii) La dotación de laptops, computadoras y televisores a las familias con hijos en edad de estudiar; iii) La capacitación continua a docentes para aprender a usar mejor las tecnologías de la información y para el trabajo a distancia. Todo esto, por cierto, requiere de un ingrediente fundamental: Presupuesto, sumado, claro está, a una visión de autocrítica, no de triunfalismo, que reconozca que muchos niños, niñas y jóvenes están en riesgo de o ya abandonaron el sistema, y de que aquellos y aquellas que siguen matriculados, no necesariamente lograrán desarrollar las habilidades esperadas, ni siquiera las mínimas, para su actual y futuro bienestar.

También es cierto que ni el Programa Sectorial de Educación, ni el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 destinan un presupuesto específico para atender la situación crítica que implica llevar a cabo una educación a distancia, pese a encontrarnos en un contexto de pandemia. En estos instrumentos la pandemia no se ve ni se oye. 

Ello contrasta con lo que se está proponiendo y haciendo en otros países de la región. Un documento elaborado por la UNESCO para América Latina se señala que 8 de 33 países contemplan entre las medidas adoptadas para implementar las actividades de aprendizaje a distancia la entrega de dispositivos tecnológicos –es el caso de Argentina, Chile, Colombia, El Salvador, Jamaica, Perú, San Vicente y las Granadinas y Uruguay–. Asimismo, para llevar a cabo las actividades de aprendizaje a distancia, 14 países consideran entre sus estrategias la provisión de recursos para la capacitación de docentes, especialmente en lo referente a herramientas para el uso y manejo de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). (Véase “La educación en tiempos de la pandemia de COVID-19”, agosto, 2020). La pandemia es un hecho histórico, inédito, por lo que se requieren decisiones inéditas.

Si bien esto sucede en el ámbito regional, en México, por el contrario, en lo que toca al presupuesto, son las becas las que vieron un aumento importante en su monto (11% en el caso de becas universales Benito Juárez para educación media superior y 27% para Jóvenes Escribiendo el Futuro), junto con el programa La Escuela es Nuestra, que tuvo un incremento en el orden de 63% con respecto al año anterior (alrededor de 5 mil millones de pesos), en detrimento de otros programas que en un momento se anunció que desaparecerían, como fue el caso de Escuelas de tiempo completo, que viene operando desde 2007 y cuyas evaluaciones apuntan resultados positivos en el aprovechamiento escolar de los niños y niñas. Sobre este último, y después de varias críticas virales, el propio Secretario de Educación, Esteban Moctezuma, y seguramente atendiendo la preocupación de muchos, ha dicho que no desaparecerá porque atiende a los más desaventajados y ello es prioridad. 

Entonces, acudimos a ustedes, Diputadas y Diputados, para hacer una reflexión a conciencia de su voto. No se puede operar la política educativa, y mucho menos aún en un contexto de pandemia, sin el presupuesto suficiente, que hoy coloca un porcentaje importante en becas (24%), para incentivar la demanda por educación, pero muy poco presupuesto para mejorar la oferta, la retención y el logro: con un 5% para infraestructura y materiales educativos; un 2% para desarrollo de habilidades educativas, cultura y deporte; un escasísimo presupuesto para atender a la primera infancia (1.5%) y un 0.1% para la profesionalización docente (apenas 240 millones de pesos), bandera, por cierto, de la reforma educativa aprobada en mayo de 2019, que prometía, por encima de todo, la revalorización magisterial. 

Preocupa mucho también la pérdida para los programas de equidad y el nulo presupuesto otorgado a los programas que antes financiaba el hoy desaparecido Programa para la Inclusión y Equidad Educativa (PIEE), que en la administración pasada ya había reducido, también, notablemente el presupuesto destinado a operar intervenciones educativas para atender a los hijos de familias de jornaleros agrícolas migrantes y a niños niñas y jóvenes con discapacidad, y que hoy no tiene cabida en el Paquete Económico 2021. El Secretario de educación pública, nuevamente, salió a declarar que no se desatenderían estas poblaciones, pero no existe claridad de la extensión de dicha declaración –ni tampoco, a decir verdad, de los argumentos que motivaron la desaparición inicialmente proyectada de partidas presupuestales a estos temas de interés público, especialmente en el marco de una administración que luce la bandera de “primero los pobres”– 

Al respecto, se deben señalar que los objetivos prioritarios del PSE, a saber, “educación para todos sin dejar a nadie atrás”, “educación de excelencia para aprendizajes significativos”, “maestros y maestras como agentes de transformación educativa”, “entornos educativos y sana convivencia”, “deporte para todas y todos”, y “rectoría del Estado en la educación y consenso nacional”, requieren de medidas y políticas articuladas y coherentes, con presupuestos suficientes. 

En materia educativa, sabemos, “tenemos un elefante en la sala”. Ese elefante está plagado de desafíos, a los cuales se suman nuevos retos en razón de la pandemia. Pero, entonces, si ya sabemos y hemos averiguado por años qué factores influyen en las condiciones y procesos para el aprendizaje, no podemos desechar la evidencia para “inventar el agua tibia”. Necesitamos ir más allá de los discursos, revisar con profundo respeto y seriedad lo que se ha hecho, lo que se puede mejorar. Necesitamos soluciones integrales, en los distintos rubros y ejes problemáticos. Hacemos pues, un llamado respetuoso para que haya congruencia en el discurso que sostiene la importancia de “la revalorización magisterial”, el pacto por la primera infancia y la atención de los niños, niñas y jóvenes de los sectores más vulnerables. Sin recursos que medien estas iniciativas caeríamos en el discurso vacío que, estamos convencidos, no sirve a nadie, menos al interés público. 

Necesitamos confiar en nuestros legisladores. Apostamos a su sentido de responsabilidad y compromiso con los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de México. Todos, investigadores, padres de familia y docentes estamos haciendo nuestra parte. El voto del presupuesto es responsabilidad de ustedes. Voten por un presupuesto que apoye la mejora de nuestro sistema educativo y a navegar mejor en la emergencia. 

 

Atentamente:

Arcelia Martínez Bordón

Coordinadora del Faro Educativo

Académica de tiempo  completo en el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (INIDE) de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México

 

*Se sugiere revisar la nota de Educación Futura que resume parte de los hallazgos de la ENCOVID (https://bit.ly/3gwsigK). Un reporte preliminar con los resultados de la encuesta pueden consultarse en: https://bit.ly/2EvRCX8

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