Gobiernos y maestros: ¿con qué criterio valorarlos?

• Bonifacio Barba
• 25 julio, 2016
• Opinión
• CNTE, Ley General de Educación, LGE, SCJN, SEP

Aunque ya la cuestión de los maestros que se oponen a la reforma educativa se ha mezclado con otros problemas sociales y políticos que los gobiernos deben atender, de todos modos es bueno responder la pregunta inicial.

Podría pensarse que el conjunto de asuntos ha devenido algo complejo, pero en realidad lo que ha pasado es que la inacción primero y la disputa intragubernamental después o todo junto -el daño que causa la disputa por el futuro llamado 2018, tremenda representación de poderes disputados-, todo ello lo que ha producido es un escenario complicado.

Si bien vuelven a aparecer signos de un Estado fallido, ocurre que ahora también se muestra como desordenado. Si se siguen cuatro líneas, la del Pacto por México, la del encarcelamiento de Elba Esther Gordillo y dejar intacto al SNTE -y a su estructura, pero esa es del sindicato, no obstante que varios de sus puntales se apoyan en el corporativismo público-; la línea de la operación de la reforma educativa y, en cuarto lugar, la presencia del magisterio que se opone a la reforma, se muestra un Estado desordenado, a crear el cual contribuyen muchos actores sociales, gremiales y gubernamentales.

En el desarrollo de las líneas ya hubo saturación de discursos, multiplicación de las protestas, descuidos en la operación de la evaluación docente, muertos y heridos, daño económico…

Ante lo que ha ido ocurriendo, ¿con qué criterio valorar a los gobiernos federal y estatales, y a los maestros? Existe uno fundamental: la Constitución. En primer lugar, porque parece que por una de sus reformas empezó todo. Parece, pero no es así, México no estaba en paz de Michoacán a Chiapas. Esa reforma tuvo y tiene su contexto histórico y político en el cual se activaron varios conflictos.

En segundo lugar, porque la Constitución es el origen del poder que tienen los gobiernos por el ejercicio de la democracia y sus procesos electorales -no importa por ahora lo abollados que estén-; y en tercer lugar, es la Constitución el criterio útil porque al reconocer los derechos de todos los ciudadanos y establecer responsabilidades a ellos referidas, es el marco de acción política para todos los actores; fuera de él su acción pierde legitimidad y agranda el conflicto y el desorden. Y algo de eso ya ha venido ocurriendo. Se ha creado un gran río revuelto.

Es claro que debe haber solución o como dicen ahora, salida, metáfora que sitúa al país en un túnel, pero debe ocurrir en los cauces de las libertades y los deberes. El objetivo debe mantenerse como cuestión fundamental del Estado mexicano: garantizar el derecho a la educación con todos los rasgos de calidad que están contenidos en el Artículo 3o. constitucional y en el 7o. de la Ley General de Educación (LGE).

Los gobiernos, para empezar, están un poco enredados en el manejo de los hilos del llamado federalismo mexicano, pues los elementos centralizadores de la reforma educativa no han ayudado a darle eficacia a la corresponsabilidad. El presidente Peña ha exhortado a los gobernadores a que se comprometan con los objetivos de la reforma; ¿por qué fue necesaria la exhortación? Los gobiernos están obligados moralmente a aplicar la ley; tienen muchos recursos para ello, pero deben vivir en el presente, no el 2018 o el 2017. La tarea más grande de los gobiernos hoy es ganar credibilidad y eso les exige congruencia, dedicarse a gobernar, es decir, resolver los problemas e impulsar el desarrollo.

De los maestros es esperable también el respeto a los derechos de todos; si están convencidos de que hay un elemento democratizador en sus acciones, ello debe expresarse sin ambages en el cuidado de los otros, todos los otros ciudadanos. En la falta de respeto a los demás incurren en la falta que critican, y todo se viene al suelo.

También por su sentimiento democratizador es esperable que el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que la reforma no atenta contra sus derechos laborales, les sea significativo. Si este poder de la federación no les da confianza, menos los otros dos. El mito de que se quedarán sin trabajo no habla mal de la autoridad, sino de ellos.

Los maestros niegan que se trate de una reforma educativa, dicen que es laboral y la rechazan. No es difícil ver en ella elementos de ambas dimensiones y no han mostrado por qué es mala la reforma. Hace unos días, uno de los líderes que asiste a las mesas en Gobernación afirmaba que la reforma que ellos quieren proponer debe hacer posible una educación humanista e integral, como si eso no estuviera ya en la Constitución y en la LGE en forma por demás clara. ¿Qué les pasará?

Por otro lado, no han mostrado en qué manera la evaluación denigra a la profesión magisterial. Y con esta afirmación no niego o justifico los fallos operativos, ahora reconocidos por todos, en eso hay acuerdo. ¿No es esperable que si un profesionista se da cuenta por una evaluación que necesita actualizarse, ello le abra perspectivas de desarrollo?

Por lo demás, deben considerar que toda reforma de la educación tiene elementos laborales. ¿O cómo se realizaría? Sí deben exigir que la evaluación y la formación continua se oriente a su desarrollo profesional como educadores; para eso ha de ser su demanda y su voluntad de diálogo, pero no necesitan, para eso, bloquear carreteras. ¿O sí? La pregunta es para ellos y para los gobiernos.