La educación ante la vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes

Alejandra Luna Guzmán y Mariana Mesa Costero*

Recientemente, el Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, durante una entrega de bibliotecas digitales en el Estado de México, uno de los estados con mayores con mayores índices de violencia, se dirigió a estudiantes de secundaria diciendo que “las cosas importantes de la vida solo se consiguen con educación de calidad y con esfuerzo.”[1] Sin embargo, este enfoque educacionista plantea una verdad a medias; y para quienes nos dedicamos a la educación, es nuestra ilusión de vida, porque la realidad es que la responsabilidad en el alcance de mejores condiciones de vida no se le puede atribuir solamente al acto educativo.

PLANEA niñosDesde diciembre de 2014, con la promulgación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), a los niños y niñas se les reconoce como sujetos y no como objetos de derecho, es decir, se les otorga la “titularidad” de los mismos.[2] Se trata de un gran avance en materia de derechos humanos en nuestro país, al menos en el ámbito legal formal, pero no en términos reales. En ese sentido, Christian Skoog, representante del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en México, advierte que “sufrir pobreza en la infancia tiene efectos permanentes en la trayectoria de vida, los cuales son muchas veces irreversibles… Debemos ser conscientes de que en contextos de desaceleración económica se requieren mayores esfuerzos para garantizar el acceso de todos los niños, niñas y adolescentes a la educación, a la salud, a la seguridad social, a una alimentación suficiente y saludable y, en concreto, a una vida digna.”[3] De la misma manera, insistió en priorizar la inversión para la infancia, ya que al hacerlo, se tiene “más y mejor rendimiento en el mediano y largo plazo.”[4]

Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señala una tendencia al aumento del aseguramiento de migrantes menores de edad no acompañados. En 2015, 36,174 niños fueron detenidos, de los cuales el 32% fue ubicado en alguno de estos centros de asistencia. Esto quiere decir que el otro 68% fue “detenido en los mismo espacios y bajo las mismas condiciones que los adultos”,[5] como argumentó Luis Raúl González Pérez, ombudsman[6] (defensor de los Derechos Humanos) nacional. Si se respetara el artículo 11 del Reglamento de la LGDNNA, estos menores no podían haber sido privados de su libertad en estaciones migratorias y debieron haber sido enviados a albergues.

En otro escenario, la Secretaría del Trabajo de la Ciudad de México estima que cerca de 85 mil niños realizan alguna actividad laboral, donde casi la mitad, 42 mil, no recibe ninguna retribución. Además, en 2014, 55.2% de los infantes vivían en pobreza y 13.1% en pobreza extrema; donde 60.5% de ellos presentaba carencias en el acceso a la seguridad social y 25.8% en el acceso a la alimentación[8]. La Fiscalía para Niños de la Procuraduría capitalina, pese a recibir constantes denuncias sobre explotación laboral infantil, se escuda bajo el siguiente argumento: “aquí dicen que nadie los obliga, que lo hacen porque ayudan a sus padres. Es una cuestión de pobreza, de falta de oportunidad, no de delito.”[9] No obstante, la LGDNNA demanda que se dé apoyo a infantes en situaciones de vulnerabilidad, marginación, violencia, conflictos familiares o políticos (migraciones) y otros. Erika Strand, jefa de Política de UNICEF, subrayó que la atención de menores tiene que ser un elemento clave pues “el estrés tóxico que genera un episodio de violencia tiene un impacto en el desarrollo del cerebro similar o peor que la desnutrición crónica”, agregó también que “cualquier política de desarrollo infantil necesitaría tener muy claro esos mecanismos para tratar esos casos y reducir el impacto.”[10]

En palabras de Aurelio Nuño, “se requiere que desde que los niños son pequeños se preparen para ser ciudadanos para la democracia. Ello implica formar niños y jóvenes que hayan tenido una profunda educación y conciencia del respeto a la pluralidad y a las reglas, así como de la importancia del Estado de derecho como ancla de la democracia.”[11] La gran duda es cómo va a aprender de Estado de derecho alguien a quien no se le han respetado los propios, que no cuenta con la educación mínima que se supone tenía garantizada.

Los niños, niñas y adolescentes que en la actualidad no estudian apenas alcanzan el 1.76% de la población, 0.008% en edad escolar dedicados a quehaceres domésticos no remunerados, lo que estadísticamente podría volverlos irrelevantes. Es decir, en el mismo rango de edad (de 5 a 17 años) existen cinco millones y medio de personas que se declaran sin instrucción,[12] algunos de los cuales se suman a la cuenta de 4’749, 057 analfabetas mayores de 15 años que hay en nuestro país.[13] Asimismo, según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), para el segundo trimestre de 2011 había 7’047,679 personas entre 14 y 29 años de edad que no estudiaban ni trabajaban.[14] Los peyorativamente denominados “ninis” son la cara del sistema educativo que no hemos querido ver. Manuel Gil Antón lo expresa de manera certera: “Las personas que no tienen trabajo ni están en la escuela, debiendo estarlo, no lo han hecho no porque no quieren, sino porque la situación no se los ha permitido. Es más justo decir que están sin escuela y sin trabajo por una deficiencia del sistema, que culpabilizar a los que están en esa condición.”[15] Ha de recordarse que la vulnerabilidad infantil no debe referirse exclusivamente a la situación de pobreza como carencia de recursos materiales, sino también a la falta de educación, capacidad y organización necesarias para mejorar la calidad de vida.

Quienes dejaron de estudiar y no están involucrados en el sector económico formal en su mayoría se vieron orillados a ello, como lo demuestra el hecho de que algunos caen en problemas de drogadicción, en la delincuencia o incluso en el suicidio. Un estudio de la Secretaría de Gobernación identificó que en Culiacán, Sinaloa, “los jóvenes dejan a sus familias para vivir en casas de seguridad en las que trabajan para el crimen organizado.” La periodista que lo reporta agrega que la violencia en el estado se magnifica por “el alto índice de desempleo, el número creciente de ninis y la delincuencia organizada”.[16] Por otro lado, para 2011, 73% de los suicidios los cometieron personas con un nivel de escolaridad de secundaria o menor, 29% no trabajaba y 35% eran menores de 24 años.[17]

Aunque el informe “Los NiNis en México” defienda la libertad de decisión de los individuos e incluso haga referencia al beneficio económico que representa este sector, en específico el dedicado a labores domésticas señalando que equivale a 22.6% del PIB y que eso puede ser razón suficiente por la cual ese sector esté mejor como está,[18] su planteamiento enfrenta grandes objeciones. Entre ellas, que el universo que contempla cuenta con menores de edad, cuyo principio definitorio parte de que no presentan la madurez necesaria para tomar decisiones en contra de sus derechos y obligaciones como abandonar su educación, y que ese valor económico difícilmente paga su desarrollo humano, si así fuera, uno de los objetivos de desarrollo sustentable del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) no sería reducir la proporción de ninis para el 2020.[19]ninis

El Estado es el encargado de abrir todas las vías para que sus ciudadanos se formen y desempeñen con plenitud, sin olvidar que cualquier déficit educativo se convierte en una dimensión clave de la vulnerabilidad social. Es un hecho que la educación en la infancia es primordial para el desarrollo de los niños y niñas, mucho más cuando el derecho a la educación se ejerce de manera obligatoria bajo la perspectiva de los derechos humanos “de manera que la educación en derechos humanos no se reduzca al… carácter descriptivo, sino que la realización de los valores que la conforman sea una práctica integral y constante en todas las dimensiones de la vida escolar.”[20]

En ese sentido, es importante preguntarnos si solo la Secretaría de Educación Pública puede dar cuenta y asegurar todo lo necesario para garantizar el cumplimiento del derecho a la educación y, por lo tanto, de mejores oportunidades de vida. La vulnerabilidad a la que se enfrentan los niños, niñas y adolescentes en cuanto a sus derechos humanos y su integridad personal requiere que se involucren otras instancias y actores de la sociedad y del Estado de manera integrada y coordinada. De esta forma, se facilitará el garantizar el cumplimiento de otros derechos y el compromiso con la reducción de las enormes brechas en materia de educación, equidad, justicia, seguridad y oportunidades para los niños, niñas y adolescentes de México.

Referencias

[1]Moreno, “Pide Nuño a estudiantes esforzarse y no rendirse ante fracasos”

[2]Diario Oficial de la Federación (DOF), “Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”

[3]Skoog, “La niñez en tiempo de crisis”

[4]Martínez, César, “Insta Unicef a priorizar gasto para la infancia”

[5]Martínez, César, “Cuestionan encierro de niños migrantes”

[6]Se define como la persona que investiga los reclamos y hace de mediador en conciliaciones.

[7] “Es deber de la familia, la comunidad a la que pertenecen, del Estado y, en general, de todos los integrantes de la sociedad, el respeto y el auxilio para la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como garantizarles un nivel adecuado de vida.”

[8]UNICEF. [página web] Disponible en http://www.unicef.org/mexico/spanish/ninos.html

[9]Sierra, Arturo, “Explotan a 85 mil niños en CDMX”

[10]Baptista, Diana, “Castiga presupuesto protección a infancia”

[11]Notimex, “Reforma educativa, íntimamente ligada a democracia: Nuño”

[12]INEGI, 2013.

[13]INEGI, “Analfabetismo”

[14]Negrete y Leyva, “Los Ninis en México”

[15]Rendón, “Sistema Educativo En México Impulsa La Desigualdad”

[16]Lastiri, “’Adopta’ el crimen a jóvenes en Sinaloa”

[17]INEGI, 2011.

[18]Negrete y Leyva, op.cit.

[19]OIT, 2016, p. 73.

[20]Staff, “Pide CNDH a la SEP consultar a niños”

*Seminario de Historia y Política de la Educación. Maestría en Investigación y Desarrollo de la Educación. Universidad Iberoamericana, Ciudad de México

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