El pasado 6 de septiembre Juan Manuel Portal, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), estuvo en el noticiero de Carlos Loret de Mola y ante la pregunta de los reporteros sobre si había irregularidades en las cuentas de la Universidad Autónoma de Morelos (Uamor), contestó que sí y que tal información era pública. ¿Qué encontraron? Según Portal, hallaron contratos que se asignaron para hacer entrega de bienes o servicios cuando la universidad “está para educar, está para investigar; no para ser un comprador intermediario”.

Pero ahí no paró la cosa. De acuerdo con el auditor, de los recursos que se contrataron, esta universidad se quedó con un porcentaje para subcontratar otros servicios y así sucesivamente, pero lo más grave es que, al realizar la auditoría, no se encontraron tales servicios. Es decir, ni recursos ni servicios. En ésta y otro tipo de irregularidades han caído varias universidades públicas, no es sólo la Uamor.

El Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, asegura que “[d]urante 4 años consecutivos la ASF ha observado contratos y adquisiciones que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal adjudican para la prestación de servicios sin realizar licitación pública, al amparo del artículo primero, párrafo quinto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, lo cual ha sido informado en revisiones anteriores independientemente de que se ha solicitado se transparenten y acoten este tipo de operaciones, para prevenir e inhibir actos ilícitos en las adquisiciones con proveedores que en colaboración con servidores públicos desvían el recurso público”.

Pese a que la ASF ha hecho un llamado para transparentar y moderar la contratación directa de servicios, algunos universitarios parecen hacer caso omiso. Utilizar de manera discrecional y opaca los recursos públicos para beneficio de un actor privado es un acto que no se espera de una institución que debería ser la consciencia crítica de la nación. En el caso de la Uamor, se detectó que se transfirieron recursos a una empresa “ajena a los servicios solicitados”, es decir, aparte de la opacidad, contrataron a un proveedor sin perfil idóneo. Esto abre la puerta a suspicacias de toda índole.

¿A quién echarle la culpa de este mal comportamiento institucional? ¿Al “neoliberalismo”, cualquier cosa que eso signifique? ¿A la ignorancia, cuando muchas universidades mantienen buenas facultades y escuelas de contaduría y administración? ¿A la Secretaría de Educación Pública (SEP) o al sindicato que peor nos cae? ¿A la lacerante pobreza? ¿A los malquerientes del rector? No hay excusa, el problema es interior (inner) de los propios agentes universitarios.

Cuando uno lee estas historias de actos ilícitos, se pregunta al menos dos cosas. Uno, ¿por qué a pesar de los esquemas de evaluación, certificación y acreditación de la “calidad” que las IES han promovido desde hace más de 20 años, no se ha logrado que los universitarios pensemos y actuemos distinto al cínico y al indecente? Dirán algunos que para eso no sirve la evaluación institucional, ¿entonces para qué?

Segundo, pese al excesivo control administrativo y burocrático que se ejerce dentro de nuestras IES, siguen existiendo actores que tiene manda ancha para actuar discrecionalmente y a su favor. ¿Mientras que “abajo se aprieta, arriba se gana”? Esta conducta quiebra cualquier esquema de confianza y por tanto, de cooperación entre universitarios.

Así como muchos universitarios criticamos la posición de la Panamericana ante el plagio que cometió Enrique Peña Nieto siendo estudiante, no debemos callar ante la opacidad, impunidad y discrecionalidad de algunas IES públicas de México. La sociedad aún confía en la universidad, pero nada es para siempre.

Pedro Flores Crespo  – Profesor de la Universidad Autónoma de Querétaro (FCPyS).